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El TSJA desestima un recurso del acusado preso por el crimen de La Chica Carlota

Sede del TSJA en Granada.

Redacción Cordópolis

5 de mayo de 2022 17:56 h

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La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado un recurso interpuesto por el acusado del crimen de La Chica Carlota que está en prisión provisional, concretamente el falso cura, que junto a un abogado, está acusado de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos, un varón con enfermedad mental, en la citada aldea cordobesa en septiembre de 2017.

Al respecto, el Alto Tribunal andaluz confirma el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial “por el que se estimaba una cuestión previa” formulada por el procesado “accediendo a la declinatoria de jurisdicción del tribunal del jurado respecto del delito de tenencia ilícita de armas y desestimando el resto de cuestiones previas planteadas”, como una relativa a un reconocimiento fotográfico realizado por un testigo.

Además, el acusado solicitaba que la declinatoria de jurisdicción se extendiera no sólo al delito de tenencia de armas excluido por el magistrado presidente del enjuiciamiento del tribunal de jurado, sino “igualmente a los delitos de estafa, falsedad de documento mercantil, usurpación de identidad y robo, por entender aplicables los mismos argumentos expuestos en su auto por el magistrado presidente a estos delitos que aquellos argüidos para el delito de tenencia ilícita de armas”, algo que no comparte el TSJA.

Al hilo, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, ha expresado esta semana que espera que el juicio con jurado se celebre antes del 26 de junio, “que es la fecha tope cuando habría que poner en libertad” al acusado en prisión provisional.

En una rueda de prensa, el magistrado ha aseverado que tratan de “poner todos los medios al alcance para que no haya que llegar al hecho de que se celebre el día del juicio y hayan pasado los cuatro años de prisión preventiva máximos en los que puede estar una persona antes de ser enjuiciada y haya que poner en libertad”.

En ese caso, ha apuntado que “se adoptarían medidas de control para evitar que esta persona se fugue”, aunque ha remarcado que “se va a tratar de no llegar a esos extremos y de que el juicio se celebre antes del 26 de junio, que es la fecha tope cuando habría que poner en libertad a esta persona”.

Mientras, ha admitido que este juicio “se ha complicado por muchas razones” y se está “en una situación límite, que no es deseable, ni aconsejable para nadie, ni para la imagen de la propia administración de justicia”.

Piden prisión permanente revisable

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas y de Violencia sobre la Mujer dictó a finales de 2021 apertura de juicio oral contra ambos acusados, que se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.

Según recoge el auto, la Fiscalía considera que el falso cura es autor de un delito de asesinato y pide para él prisión permanente revisable, o subsidiariamente, 25 años de cárcel, así como cinco años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y sendas penas de tres años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil --con multa de 5.400 euros--, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas.

Respecto del letrado, el Ministerio Público pide cinco años de prisión y multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima por unos 250.000 euros en total.

Mientras, la acusación particular pide para ambos la prisión permanente revisable por delito de asesinato grave, y, alternativamente, por el delito de asesinato prisión de 25 años, así como cinco años de cárcel para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, dos años de prisión por delito de usurpación del estado civil y cinco años por estafa.

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