El presidente de la Audiencia advierte del incremento de casos de menores en 2020 que se duplican sobre 2019

El presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, ha manifestado este martes que “sorprende que se han duplicado los asuntos” en los juzgados de Menores durante 2020 respecto a 2019, “cuando en casi todo ha disminuido”, de modo que en 2019 se registraron 265 asuntos y en 2020 la cifra ha sido de 452, algo que ha calificado como “muy llamativo” y cree que “habría que estudiar la incidencia de la pandemia” del Covid-19 en dichas cifras.

Así lo ha expuesto durante la presentación de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referida a la Audiencia Provincial, a la vez que ha matizado que “en cualquier caso, ni los dos juzgados sumando el número de asuntos llegan al módulo referencial de este tipo de órgano”, por lo que ha dicho que “no se entiende que se crearan dos juzgados de Menores”, de ahí que “uno se suprimió”.

En relación a los casos, ha indicado que “se recogen todo tipo de delitos, de malos tratos a familiares, robos y abusos sexuales”, a lo que ha añadido que “habría que estudiar con detenimiento cuál ha sido la incidencia de la pandemia en concreto, porque lógicamente ha incidido, con los tres meses de convivencia familiar”. También sobre menores, ha subrayado que “cada vez más peligrosamente se está dando la violencia de género en menores”.

Sobre la memoria, ha manifestado que “por desgracia, el diagnóstico es prácticamente el mismo que en años anteriores”, de modo que “hay escasez de medios humanos, principalmente de jueces, también de letrados de la administración de justicia y funcionarios”, así como de “medios materiales”, como “las nuevas tecnologías que no están todavía suficientemente implantadas”, puesto que “el expediente digital no está extendido en todas las jurisdicciones”, como “en el ámbito penal”.

Por tanto, en palabras de Sánchez Zamorano, “el teletrabajo” en la administración de justicia es “una entelequia”, porque “la mayoría de las veces se requiere la presencia física del juez y de los funcionarios”, al tiempo que ha remarcado que “sigue sin implantarse la Oficina Judicial”, con “la deficiencia que supone” para la organización y “es ya muy importante”. No cree que esté “para este año”, pese a que “hace falta ya”.

A su juicio, “hace falta voluntad y consenso político para llevar a cabo una nueva estructuración o reorganización de la justicia desde el punto de vista territorial en España”, dado que “el sistema es obsoleto, al estar diseñado para una España rural de principios del siglo XX, que ya no tiene nada que ver con la España del momento presente”.

Las “deficiencias”

En materia de infraestructuras, ha valorado que están “bastante bien” y en los partidos judiciales “hay sedes dignas”, aunque “con el lunar de Lucena, que parece que pudieran comenzar las obras, que se han sometido a oferta pública”, de forma que espera que se adjudiquen y comiencen “este mismo año”. También, ha aseveradao que el partido judicial de Aguilar dela Frontera “no tiene unas sedes dignas”.

Todas estas “deficiencias” se han visto referenciadas con lo que ocurrió hace un par de meses en el Juzgado de Montilla, “donde uno de los juzgados --con competencias en Violencia de Género-- estuvo durante varios meses servido por un funcionario” ante “las cuestiones burocrática por traslado de funcionarios y comisiones de servicio que se extinguían”, de manera que “no hubo posibilidad alguna de solventarlo”, ha advertido, para apostillar que “ya se ha solventado tras pasar un tiempo que no era tolerable”.

En relación con las plazas y juzgados que hacen falta, considera que se necesitan una plaza en la Sección Tercera y otra en la Primera y dos jueces de adscripción territorial para juzgados de Primera Instancia, “que están sobrecargados, junto al juzgado que lleva claúsulas suelo --con más de 5.000 asuntos pendientes--”, así como el nuevo Juzgado de Familia y otro de lo Mercantil.

Por otra parte, el presidente de la Audiencia ha explicado que “los mecanismos alternativos, como el de la mediación intrajudicial, no terminan de arrancar”, de manera que ha manifestado que “hace falta un cambio de mentalidad en jueces y en el resto de profesionales que intervienen en la Administración de Justicia”, aunque ha precisado que “los juzgados de Familia sí están derivando más asuntos”.

Respecto a los datos, tras recordar los tres meses de “paralización casi absoluta” por la pandemia en 2020, Sánchez Zamorano ha indicado que “ese parón se arrastra” al “dilatarse el señalamiento de juicios”, de forma que “en el ámbito penal de la Audiencia el señalamiento estaba en cinco o seis meses y ahora se ha duplicado”.

No obstante, ha dicho que “ha habido un descenso” en los casos de lo Penal debido a esos tres meses, donde estuvo “casi todo relacionado con el incumplimiento de las normas de la pandemia al estar la gente recluida”.

También, ha comentado que “ha habido un descenso de asuntos” en los juzgados de lo Mercantil, aunque “la crisis económica añadida a la sanitaria vendrá ahora, a partir de 2021, y se notará el incremento de asuntos”. Los juzgados de lo Social “siguen sobrecargados, pero se ha puesto en marcha a principios de año el número 5, por lo que se va a notar y aliviar la carga”, ha aseverado.

Y en materia de Violencia de Género, ha destacado que “los datos están un poco estabilizados”, de modo que en 2019 se registraron en Córdoba y provincia 2.893 asuntos, frente a los 2.845 de 2020. Las denuncias en 2020 fueron 2.039, frente a 1.933 de 2019, cien denuncias más, a la vez que se han adoptado 380 órdenes de protección a las víctimas, un 80% de las incoadas, frente a las 348 de 2019.

Además, el 52% de las sentencias dictadas fueron condenatorias, mientras que en 2019 fue del 60%. Al hilo, el magistrado ha detallado que “el grueso de los asuntos derivan de denuncias de familiares y de atestados de la Policía”. Y ha abogado por la creación de un nuevo Juzgado de Violencia de Género “centralizado en toda la provincia” y ha avisado de “la carga excesiva” del Penal número 6 dedicado a esta materia.

En cuanto a las macrocausas, Sánchez Zamorano ha señalado que en Instrucción 2 hay unas diligencias previas con unos 80 investigados por por falsificación; Instrucción 4 tiene 25 investigados en materia de delito de tráfico de estupefacientes y grupo criminal; Instrucción 7 “ya está en procedimiento abreviado” en un caso con “muchas conformidades”, con 489 investigados en “un asunto de fraude a la Seguridad Social y falsedad, de los que 121 han mostrado su conformidad con las penas solicitadas por las acusaciones”, ha apuntado.