FRAUDE

Un juzgado de Córdoba también recibió la denuncia sobre el investigador cordobés que publicaba para Arabia Saudí

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba solicitando que investigara al químico y profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), Rafael Luque, por presuntos delitos de malversación y cohecho continuado por firmar sus trabajos para instituciones sin prestigio académico -entre ellas la universidad Rey Saud, de Arabia Saudí- pese a que tenía un contrato de funcionario a tiempo completo con la institución española.

La denuncia, facilitada a este periódico y previa a la que ha llevado a la Oficina Antifraude de Andalucía, se interpuso el 23 de abril a partir del caso del químico y profesor Rafael Luque, suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Córdoba. En el momento de publicar esta noticia, el denunciante no había recibido aún notificación de que hubiera sido admitida a trámite.

En la denuncia registrada en Córdoba, APEDANICA consideraba “público y notorio” que recursos de titularidad pública en la Universidad de Córdoba “han servido a varias entidades extranjeras, y en especial, a universidades árabes, lucrándose empleados públicos con pagos cometiendo presuntos delitos de malversación y cohecho continuado, posiblemente en concurso con otros diversos delitos contra la Administración, en muy grave perjuicio de bienes jurídicos protegibles de oficio e incluso, con presunta organización criminal internacional”.

Así, recuerda al juez instructor que los ingresos de todos los empleados públicos, al margen de su salario, “y más aún, si hay sociedades mercantiles que intermedian, son relativamente fáciles de probar mediante el modelo 347” (Declaración anual de operaciones con terceras personas).

“Si hubo pagos no declarados en sus respectivos modelos 347, incluso podría existir fraude fiscal internacional”, advierte la denuncia, en la que se asegura que los denunciantes se dirigieron al rector de la Universidad de Córdoba el 1 de enero de 2023, solicitando informes del coste total y desglosado de los productos y servicios relacionados para detectar el presunto plagio, como el famoso Turnitin, un servicio de prevención de plagio en internet. “A diferencia de otras universidades, la de Córdoba no ha contestado nada, ni siquiera ha dado ningún acuse”, sostiene el demandante.

De hecho, la denuncia pide también al juzgado que tenga en cuenta si hay “presunta malversación de recursos públicos en todos los pagos de la Universidad de Córdoba a las editoras de revistas, y más aún de cualquier servicio editorial que sirva para facilitar publicaciones a supuestos investigadores cuyos méritos son muy inferiores a los que ni pagan, o hacen que se pague con fondos públicos por publicar, ni tampoco por ningún servicio editorial”.

Por todo ello, la denuncia solicita al juzgado que pida un “informe completo y detallado al rector de la Universidad de Córdoba con cualquier otra diligencia para instruir todos los hechos con relevancia penal”.