El juez de lo Mercantil dice que nunca se debió abrir un segundo concurso sobre el Córdoba CF SAD

Fernando Caballero, el juez de lo Mercantil que ha sustituido a Antonio Fuentes en los asuntos relacionados con el Córdoba Club de Fútbol, ha tumbado en una sentencia la pretensión de Azaveco, la empresa del expresidente Carlos González, para anular la venta de la unidad productiva de la antigua Sociedad Anónima Deportiva (SAD) al fondo Infinity, propiedad de la familia real de Bahréin. No obstante, la sentencia, contra la que cabe recurso, deja un razonamiento jurídico que es una enmienda a la totalidad de cómo se hicieron las cosas en su momento.

El 18 de noviembre de 2019, el Córdoba Club de Fútbol SAD estaba en una situación extrema. Su presidente y propietario, Jesús León, fue detenido en una operación de la Guardia Civil, acusado de, presuntamente, saquear las arcas del club. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 nombró un administrador judicial para hacerse cargo del club: Francisco Estepa. Éste, a su vez, acudió al Juzgado de lo Mercantil para solicitar un concurso de acreedores, ante la situación de quiebra y falta de liquidez del club.

Azaveco (Carlos González) llevaba ya meses iniciando procedimientos judiciales contra León, al que acusaba de no haberle pagado lo firmado por la venta del club. González pedía la titularidad de las acciones. Pero la declaración del concurso de acreedores llevó a adjudicar la unidad productiva (el club, su nombre, los derechos sobre el estadio, los colores, el himno y hasta la historia) a una nueva sociedad, Unión Futbolística Cordobesa (UFC), propiedad de Infinity. Sus abogados consideraron que la transmisión de la unidad productiva no fue legal (algo que el juez rechaza) pero también que la declaración del concurso de acreedores tampoco. No obstante, el juez de lo Mercantil sí que le da la razón a Azaveco en este extremo: el Córdoba Club de Fútbol no había salido aún del concurso de acreedores en que entró en 2010, con Prasa al frente.

“Debemos señalar que la parte demandante acierta en su planteamiento”, arranca el juez Fernando Caballero, el el razonamiento jurídico sexto. Lo que afirma a continuación abre la puerta a posibles recursos en otras instancias judiciales superiores. “Pese a que en el auto de declaración de concurso pretende construirse una sola operación, por la que en virtud de la segunda declaración del concurso se consigue la conclusión del primer concurso, lo cierto es que la conclusión del primer concurso no se produce con la declaración del segundo concurso que sería el único supuesto en el que, al menos desde un punto de vista teórico, sería admisible la tesis contenida en el auto de 18 de noviembre de 2019”.

Es decir: el Córdoba Club de Fútbol SAD no debería haber entrado en un segundo concurso de acreedores sin que se cerrase el primero. “Debemos tener presente que la entidad concursada ha estado sujeta a un procedimiento concursal en fase de convenio, concretamente en fase de cumplimiento del convenio y a otro procedimiento concursal en fase común, actualmente en fase de convenio, pudiendo producirse la situación paradójica y contradictoria que el incumplimiento de cualquiera de los convenios podría abocar a la liquidación de la concursada pese a la pervivencia de uno de los convenios aprobado judicialmente”, agrega el magistrado.

“Por lo tanto, nos encontramos que ha existido una infracción a las normas esenciales del procedimiento ya que un mismo deudor no puede estar sujeto a dos procedimientos concursales”, concluye el magistrado, que sustituye al recusado Antonio Fuentes.

La Audiencia Provincial ya ordenó al Juzgado de lo Mercantil que revisase el concurso del Córdoba Club de Fútbol SAD. Ahora, es probable que Azaveco vuelva a recurrir este auto ante la Audiencia Provincial. Aún tendría dos instancias más: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo.

¿Y ahora qué?

El futuro judicial del Córdoba Club de Fútbol SAD es muy enrevesado. La sociedad sigue en concurso de acreedores. La pasada semana se celebró una reunión de los acreedores con los que había acuerdo en su mayoría, pero un crédito dudoso de Tremon obligó al juez a retrasar la decisión final.

Es más, otro juzgado considera que Azaveco no le pagó lo que firmó a Prasa, por lo que o le paga o la SAD pasa a ser propiedad de la constructora cordobesa. Es decir, en un futuro judicial, en el caso hipotético de que el segundo concurso de acreedores acabase decayendo e incluso se pudiese solicitar la reversión de la venta de la unidad productiva, podría darse la tremenda paradoja de que el club volviese al principio de todo: a manos de Prasa. Pero es que Prasa, a su vez, está inmersa en otro millonario concurso de acreedores.

Lo cierto es que la maraña judicial amenaza con trascender durante los próximos años y que la inseguridad jurídica seguirá sobrevolando al club blanquiverde.