La Fiscalía exige el cierre temporal del club de Córdoba donde la Policía sitúa a la red que prostituía a mujeres

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado el cierre cautelar y temporal del club de Córdoba y otro de Cáceres en el marco de las diligencias abiertas a raíz de la investigación policial sobre la presunta trama acusada de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para obligarlas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Según sitúa la Policía Nacional en su atestado, la organización atraía a mujeres desde sus países de origen con falsas ofertas de empleo y, una vez en España, las sometía supuestamente a un estricto control de horarios y tarifas, forzándolas a trabajar sin descansos. El operativo policial se saldó con la detención de siete personas y el registro de tres viviendas y un club en Córdoba, además de otro local en la provincia de Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y diversa documentación. En la operación fueron detenidas siete personas, de las que solo cuatro pasaron a disposición judicial, aunque el juzgado decretó posteriormente la libertad provisional sin fianza para todos.

Una vez puestas en libertad, tal y como ha podido conocer Cordópolis, el Ministerio Fiscal ha solicitado la clausura temporal e inmediata de ambos locales con el fin de prevenir cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción judicial. Sin embargo, la defensa de dos de las detenidas -responsables del negocio- ha formulado un escrito de alegaciones, rechazando el cierre e insistido en que los hechos atribuidos por la Policía son meras “hipótesis” que aún deben investigarse y probarse.

De este modo, el letrado sostiene que, tras la intervención policial, no se ha acreditado un “peligro” que justifique una medida tan drástica como es el cierre temporal. Durante la entrada policial en este club, los agentes hallaron a 16 mujeres y dos clientes, sin que en el acta constara que “ninguna estuviera encerrada, retenida físicamente, privada de documentación ni pidiendo auxilio”. En las entrevistas posteriores, diversas trabajadoras manifestaron haber viajado de manera voluntaria, no mantener deudas, disponer libremente de sus pasaportes y cobrar directamente por sus servicios el mismo día.

Asimismo, el letrado de estas dos mujeres ha solicitado al juez instructor que verifique de forma reservada si alguno de los testigos protegidos en los que la Policía y la Fiscalía apoyan sus tesis coincide con una antigua trabajadora con la que una de sus defendidas mantiene un proceso penal previo por lesiones. De ser así, “la existencia” de este enfrentamiento “constituiría una circunstancia relevante a efectos de valorar el testimonio y la posible concurrencia de animadversión, enemistad previa o un eventual móvil espurio”, afirma el abogado.

Ahora será el juzgado de Violencia sobre la Mujer quien responda a esta petición de la Fiscalía a través de un auto.