Confiesan casi todos los acusados de traficar con 20 toneladas de hachís en Córdoba y Málaga para lograr penas más bajas

Un total de 16 de los 20 acusados que formaron parte de la red que traficó con 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos -operación Califa- han reconocido los hechos en la primera sesión del juicio que ha comenzado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Sin embargo, otros tres acusados -Rambito, su mujer y otro hombre, los líderes de la trama criminal- no han llegado a ningún acuerdo con el Ministerio Público, mientras que otro imputado no se ha presentado.

Estos procesados se enfrentaban inicialmente a penas de prisión que iban de los siete a los diez años, penas que se situarán por debajo de los cinco años. Además, sus abogados han presentado documentación que acreditaría la condición de drogodependientes de los acusados, lo que permitiría aplicarles la suspensión de la ejecución de la pena y no entrar en prisión. Junto a ello, la Fiscalía pide para todo más de 5.500 millones de euros en multas, cantidad que también se reducirá para los acusados que han confesado.

Salvo una única excepción, la tónica general entre los procesados que han optado por la conformidad ha sido responder de forma exclusiva a las preguntas formuladas por la representación de la Fiscalía, negándose a contestar a las defensas. En relación con el reconocimiento de los hechos y según la calificación del Ministerio Público, J.A.R.M. ha reconocido que ha ejercido la supervisión de las operaciones, acudiendo a las naves, coordinando al resto de los miembros, conduciendo camiones y gestionando el alquiler de una nave en Mollina (Málaga) donde se halló el gran alijo, además de figurar como titular de una empresa pantalla.

A su lado, C.C.F. ha admitido que ha participado en la manipulación y traslado de la sustancia, en el alquiler de la nave de Málaga empleada para los trasvases de hachís, así como en la gestión del mantenimiento mecánico de los camiones y en el pago a los transportistas. Por su parte, M.A.H.P., familiar directo de los cabecillas, ha reconocido que ha supervisado a otros integrantes, ha participado en el arrendamiento de las instalaciones y ha manejado personalmente la carretilla elevadora para cargar los fardos de droga en los camiones.

La confesión se ha extendido al personal encargado del transporte pesado y la custodia en tierra. Así, B.R.M. ha admitido que ha ejercido como conductor profesional de camiones de gran tonelaje dedicados a ocultar y trasladar los cargamentos a lo largo de la península, habiendo aportado incluso su vehículo personal para los portes. En el área de seguridad y vigilancia, F.J.C.F. ha reconocido que se ha encargado de la custodia de las naves en el Polígono Las Viñas, de alquilar la maquinaria de carga y de actuar como vehículo lanzadera para avisar de la presencia policial al camión interceptado con 2.600 kilos de hachís.

Asimismo, el matrimonio formado por C.A.C.M. y E.C.F. ha asumido que ha gestionado la contratación y verificación técnica de las naves industriales empleadas en Málaga para estacionar las cabezas tractoras y ejecutar los trasvases a resguardo. En el plano puramente instrumental, J.A.C.C. ha reconocido que ha actuado como testaferro al figurar formalmente como administrador de la empresa pantalla y firmar contratos de arrendamiento de inmuebles clave para la banda.

Por otro lado, J.M.C.F. ha admitido que ha garantizado la presencia física, manipulación y seguridad durante los trasvases de droga, mientras que Y.E.H. ha reconocido que se ha encargado del acompañamiento, custodia y estiba del estupefaciente, recordando el momento en que fue sorprendido por la Policía oculto bajo el camión camuflado con tomates falsos. El transportista R.R.N. ha admitido que ha conducido la furgoneta cargada con 2.600 kilos de hachís interceptada tras salir de una finca, al tiempo que A.C.L. y D.B.M. han reconocido la realización de portes directos en vehículos de la organización. Por último, R.L.L. ha asumido que ha ejecutado tareas preparatorias en los traslados y en el mantenimiento de las instalaciones y S.O. ha reconocido que ha colaborado auxiliándole en esas labores de apoyo logístico. Junto a este grupo con nombre propio, un decimosexto procesado también ha reconocido los hechos.

Tras esto, el tribunal y las defensas han interrogado a los agentes de la Policía Nacional que dirigieron la operación, así como al guardia civil instructor, cuerpo que también participó. Uno de ellos ha manifestado que la investigación se inició en mayo de 2020 tras recibir una información de que Rambito había reactivado su red criminal. Este policía ha reconocido que este procesado era conocido entre los agentes por otras dos detenciones, por lo que decidieron vigilar una nave de la carretera de Palma del Río que era usada por la organización.

En el extremo opuesto, tres de los principales procesados se han negado a aceptar cualquier propuesta de conformidad con el Ministerio Público. Se trata de A.G.P. (alias Rambito), acusado de haber liderado la organización criminal desde una posición piramidal e impartido órdenes directas; su pareja, M.D.F.P., acusada de haber dirigido la rama empresarial y el blanqueo de capitales a través de una empresa; y R.P.S., coadministrador de dicha sociedad mercantil.

Para los dos primeros, la Fiscalía pide 16 años y medio de prisión (diez, por el delito contra la salud pública; cuatro, por organización criminal; y dos y medio, por blanqueo de capitales), mientras que para el tercero solicita seis años y medio de cárcel (cuatro, por el delito contra la salud pública; y dos años y medio, por el blanqueo).

Uno de los procesados, en busca y captura

El arranque de la vista ha estado precedido por una intensa deliberación del tribunal debido a la incomparecencia del acusado J.A.A.LL., un transportista de la red que en octubre de 2022 protagonizó una fuga a gran velocidad a lo largo de 40 kilómetros cargado con 288 kilos de hachís, embistiendo a una patrulla de la Guardia Civil e hiriendo a dos agentes. Su letrado de oficio ha comunicado la imposibilidad de contactar con él, y los intentos de citación formal en Loja y Burgos han resultado infructuosos.

Pese a no estar citado formalmente, el fiscal ha solicitado celebrar la vista dada la presencia en la causa de un procesado en prisión provisional y el riesgo de que la macrocausa caduque o sea imposible de señalar de nuevo. Por tanto, el tribunal ha acordado dictar orden de busca, captura e ingreso en prisión para este procesado y desgajar su causa mediante un procedimiento separado por rebeldía, al constar que su familia sí tenía conocimiento del juicio y se le había intentado localizar por vía telefónica.

A esta incomparecencia se suman la extinción de responsabilidad penal de V.P.M. tras su fallecimiento en agosto de 2024, y la situación de rebeldía de M.A.R.C., presunto testaferro y lanzadera de la trama que se encuentra en paradero desconocido desde el inicio de las investigaciones policiales.