La Abogacía de Córdoba critica la centralización de los juzgados de violencia de género: “Aleja la justicia de las víctimas”

Laa decisión de unificar en Córdoba los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el nuevo órgano judicial que se va a crear en la capital cordobesa ha encontrado otra oposición que se suma a las ya emitidas por CSIF, CCOO y el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Y es la del Colegio de la Abogacía de Córdoba, cuya vicedecana -Concepción Ortega- considera que esta comarcalización es “una medida perjudicial para las víctimas, ya que las aleja de la Justicia”.

Esta letrada, que pertenece también a la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía de España, explica a Cordópolis que Córdoba necesita “otro juzgado de violencia de género” porque el actual “está totalmente colapsado”, en lugar de que se le añadan casos de otras localidades.

Según Ortega, esta medida es especialmente perjudicial en las zonas rurales, donde existe “poca concienciación” y las víctimas, a menudo denominadas “las invisibles de las invisibles”, ya enfrentan dificultades para denunciar. A esta dificultad se añade que las oficinas municipales, “que se supone deben facilitar esto, en muchos casos, carecen de un juez real o de los medios para realizar videoconferencias adecuadas, obligando a las víctimas a desplazarse múltiples veces”. Esto, en su opinión, genera “víctimas de primera y víctimas de segunda”.

El Gobierno quiere poner en marcha esta medida atendiendo a la Ley de eficiencia de la Justicia, aunque para Ortega, dicha “eficiencia será en la teoría” porque “una norma sin medios no se puede aplicar”. Si bien la comarcalización podría aliviar la carga de los juzgados mixtos de la provincia, incluyendo violencia de género, Ortega sostiene que esto se logra “en contraprestación” al bienestar de las víctimas, “lo cual no es aceptable”.

Preguntada por si los juzgados de la provincia se encuentran congestionados, la letrada asegura que hay que diferenciar el tipo de causas, ya que la saturación no se produce en casos exclusivos de materia de violencia de género, sino que “al ser juzgados mixtos, tratan temas civiles y penales”. La solución real, a su juicio, pasa por la “especialización y la formación de los jueces, no por la centralización”, y ha destacado que la Abogacía sí invierte en formación continua en esta área. Además, ha recordado que Andalucía había implementado “juzgados itinerantes” para acercar la justicia a las mujeres de los pueblos, una iniciativa que la comarcalización actual contradice.

Actualmente, la Subcomisión de la Violencia sobre las Mujeres está elaborando un estudio para “razonar por qué no debe de comarcalizarse en materia de violencia de género”. El objetivo es evitar añadir más “trabas” a un proceso que, de por sí, ya resulta un “daño” para la víctima.

Sobre la asistencia a víctimas de violencia de género en el Colegio de la Abogacía de Córdoba, hasta el pasado 17 de junio se han prestado 192 asistencias en Córdoba capital, 113, en la zona que incluye Montoro, Posadas, Peñarroya y Pozoblanco; y en la tercera y última zona -compuesta por Montilla, Aguilar, Puente Genil, Baena, Cabra y Priego- se han contabilizado 107 asistencias. Pero estos casos, aclara Ortega, se refieren únicamente a las llamadas al Colegio de la Abogacía “para solicitar un abogado del turno de oficio, no al total de casos de violencia de género”.

Aunque ha habido un ligero descenso en Córdoba capital respecto al año pasado, la diferencia es mínima, no llegando a las 30 asistencias de diferencia, y en las demás zonas, las cifras se mantienen estables. Ortega ha recordado que la ley otorga a las víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia jurídica gratuita, permitiéndoles designar y, si lo desean, cambiar de abogado incluso dentro de este marco, debido a su condición de “víctimas especiales”.