El tribunal pide información “inmediata” del guardia civil de 'La Manada' que quiso obtener el pasaporte

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha requerido al jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental que informe “de inmediato” a la sala acerca de que uno de los condenados de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil que prestaba servicio en Pozoblanco, acudiera a la oficina de pasaportes y DNI de Tablada (Sevilla).

En una providencia fechada este jueves, día 28, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal que ha juzgado el caso de La Manada recoge el acuerdo adoptado a raíz del tuit de la Policía Nacional publicado ayer en el que manifestaba que Guerrero ha intentado obtener su pasaporte.

Así, los magistrados requieren al jefe de la Policía Nacional de Andalucía Occidental para que informe “de inmediato” acerca de si el condenado compareció en la oficina de pasaportes y DNI de Tablada (Sevilla), qué día y a qué hora compareció, y si tenía cita previa y de ser así quién la solicitó y qué día.

También solicita identificación de los funcionarios de la Policía que le atendieron, los términos en que se desarrolló la conversación y si Guerrero exhibió el auto de la Audiencia de Navarra en el que se le imponía la obligación de entregar el pasaporte, así como las razones por las que “dicha comparecencia no fue puesta de inmediato en conocimiento de este tribunal”.

Asimismo, la Sala requiere a la oficina de pasaportes y DNI de Tablada para que le informe también de los detalles solicitados a la jefatura de la Policía Nacional de Andalucía Occidental y sobre si la comparecencia de Guerrero en la oficina se puso o no en conocimiento de sus superiores, en qué momento, “si fue el mismo día o con posterioridad”.

Antonio Manuel Guerrero es uno de los cinco condenados a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016. La semana pasada la Audiencia de Navarra decretó la libertad provisional de los cinco condenados bajo fianza de 6.000 euros y con la prohibición, entre otras medidas cautelares, de salir del territorio nacional.