La única clínica que realiza abortos en Córdoba sufre de nuevo los “rezos” a sus puertas a pesar de la penalización del acoso
La penalización del acoso a las clínicas abortivas entró en vigor el pasado mes de abril y en Córdoba, la realidad que vive el centro médico Gynetrisur sigue siendo lo misma que en 2022. Nada ha cambiado. El grupo ultracatólico que se concentró en 2021 para “rezar” a las puertas de la clínica por el “no nacido” lo ha vuelto a hacer este miércoles en el inicio de la campaña de 40 días por la vida. La intención de los antiabortistas era que esta acción coincidiera con el inicio de la Cuaresma y así ha sido. Según las previsiones de esta organización, hasta 137 “voluntarios” estarán “rezando” a las puertas de esta clínica de 9:00 a 21:00 y hasta el 2 de abril.
Buena parte de la sociedad aprobó el pasado año la reforma del Código Penal que estipulaba una pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quien, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. A efectos prácticos, esta campaña de “rezos” se sigue produciendo y asociaciones como Nosotras Decidimos denuncia que “la situación es la misma que la de hace un año”.
Las mismas penas se imponen a quien acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo. Además, la Policía podrá actuar sin necesidad de una denuncia previa.
Dos son los aspectos que no se abordaron en la reforma, lo que lleva a valorar si realmente es de gran utilidad para todos los casos que se producen a las puertas de estos centros. Por un lado, la normativa no profundiza qué son actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos y es por ello por lo que este grupo ultracatólico se sigue apostando al lado de Gynetrisur, acogiéndose a la definición de acoso del Diccionario de la Real Academia Española. De hecho, tras la entrada en vigor de esta reforma, los promotores de esta actividad comunicaron que la ley no iba “con ellos” ya que no realizan “ningún tipo de hostigamiento”, sino que solamente “rezan”.
Así, señalaron que “con las prácticas habituales” que realizan “es casi imposible” demostrar que cometen acoso “por la falta de interacción de los orantes”. Por tanto, los organizadores no reconocen que, aunque no interactúen con las mujeres que acuden a estas clínicas -según ellos-, sus actuaciones suponen acoso. “La recomendación de nuestros abogados es la de seguir con nuestro comportamiento habitual. Esta ley no va con nosotros”, aseguraron. Quienes participan en la campaña 40 días por la vida defienden a capa y espada que no acosan a nadie y que tan solo ofrecen información a quienes se interesan.
Por ello, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo y la Federación Mujeres Jóvenes denunciaron ya en 2022 que la ley no estaba funcionando porque los mismos grupos antiabortistas que se concentraban frente a las clínicas antes de la ley siguen “acosando y rezando”. “Es desesperante ver que hayan estado haciendo una campaña y no haya pasado nada”, afirma la portavoz de la plataforma Nosotras Decimos, Elena Jiménez, en relación a que los promotores de la campaña hayan estado durante meses anunciándola a través de su web.
Aún permitiéndose que esta campaña se siga produciendo, la legislación tampoco ha previsto perímetros de seguridad para respetar tanto a los trabajadores de estas clínicas como a las mujeres que acuden a ellas. Esta misma federación ya pidió el pasado mes de septiembre que, ya que no se está considerando delito este tipo de actos, se imponga un perímetro de seguridad. En el caso de Córdoba, las mujeres que este miércoles han estado frente a la clínica lo han hecho en el mismo lugar que en otras ocasiones y a escasos metros de la entrada. En Madrid, la Delegación de Gobierno intervino en una acción de esta índole, alejándola unos 90 metros de la clínica abortiva en cuestión para evitar que “existiera contacto visual entre los manifestantes y la entrada” de la clínica.
Necesidad de centros públicos en los que poder abortar
Actualmente, el 85% de abortos en España se produce en centros privados. La nueva ley garantizará el aborto en la Sanidad Pública por la vía de urgencia y pone especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres con el objetivo de acabar con los desplazamientos a cientos de kilómetros. Además, las mujeres podrán elegir entre el aborto quirúrgico y el farmacológico, que deberán estar disponibles ambos en todos los centros.
A juicio de la portavoz de la plataforma Nosotras Decidimos, lo ideal, además de sancionar el acoso, sería una mayor presencia de centros y hospitales públicos en los que poder abortar “y que las mujeres no estén señaladas por ir a una clínica que solo se dedica a ello”. En 2021, se registraron en Córdoba un total de 1.152 interrupciones voluntarias de embarazo, frente a las 1.117 del 2020. Los años con más abortos registrados en la provincia de España fueron los de 2011 y 2012, cuando se rozaron las 2.000 interrupciones voluntarias del embarazo. En 2001, apenas si se llegaban a los 840 abortos al año por los 449 del año 1991, según los datos de Sanidad.
Con respecto a 2021, el Ministerio ha trazado un perfil. La gran mayoría de las mujeres que abortó tiene entre 20 y 39 años y fueron muy pocas las menores de edad. Sanidad tiene contabilizadas a cuatro con menos de 14 años. Hubo 142 interrupciones voluntarias de embarazo entre mujeres que tienen de 15 a 19 años, según los datos de Sanidad.
Entre las mujeres, la mitad de las que optaron por abortar no tenían hijos. La otra mitad sí. De ellas, 265 ya tenían un hijo, 255 dos, 87 tres, 19 cuatro y 12 cinco o más. Prácticamente la totalidad de las mujeres esgrimieron que interrumpían el embarazo por voluntad propia. La inmensa mayoría también (833) optaron por abortar cuando llevaban menos de ocho semanas de gestación. Solo hubo cuatro abortos con más de 24 semanas de gestación.
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