UGT alerta del riesgo de colapso del transporte sanitario con la suma de los pacientes de diálisis

UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha mostrado su preocupación ante la decisión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía de modificar, a partir del próximo 1 de septiembre, el sistema de transporte de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en la provincia de Córdoba, poniendo fin al servicio que durante más de tres décadas han venido prestando los profesionales del taxi, trasladando esta actividad a ambulancias no medicalizadas del transporte sanitario.

Para UGT SP Córdoba, la decisión resulta “especialmente preocupante por el momento en el que se adopta y por la situación que atraviesa actualmente el transporte sanitario en la provincia”.

El sindicato considera imprescindible que la Junta “explique públicamente con qué nuevos vehículos, qué incremento de plantilla y qué planificación específica piensa absorber el importante volumen de desplazamientos adicionales que supone el traslado diario de los pacientes de diálisis”.

UGT ha recordado que el transporte sanitario cordobés “lleva años acumulando conflictos y denuncias relacionadas con la organización del servicio, las condiciones laborales de sus profesionales, la disponibilidad de vehículos y la capacidad de respuesta a las necesidades de los usuarios”. Una situación, destacan que “ha provocado movilizaciones y conflictos laborales y que, lejos de estar definitivamente solucionada, ha vuelto a ser denunciada durante los últimos meses por los propios trabajadores de las empresas adjudicatarias”.

Desde UGT SP Córdoba consideran, por ello, “difícilmente comprensible que la Junta decida aumentar considerablemente la carga de trabajo de un servicio que ya presenta importantes problemas sin explicar previamente cómo piensa reforzarlo”. El sindicato ha insistido en que el transporte sanitario del Servicio Andaluz de Salud en la provincia “está prestado por empresas adjudicatarias, entre ellas SSGA y UTE TSI Córdoba, cuyas plantillas han protagonizado recientemente movilizaciones para denunciar deficiencias en la prestación del servicio y unas condiciones laborales que, según los propios trabajadores, terminan repercutiendo también sobre la calidad de la atención que recibe la ciudadanía”.

UGT SP ha advertido, además, de que los pacientes sometidos a hemodiálisis constituyen, además, “un colectivo especialmente vulnerable, ya que se trata de personas que deben desplazarse varias veces por semana a los centros sanitarios y permanecer durante horas sometidas a tratamiento, por lo que el tiempo empleado en los desplazamientos, las esperas y las condiciones en las que se realizan los trayectos forman parte esencial de la calidad asistencial que reciben”.

En este sentido, el sindicato considera que sustituir un sistema basado mayoritariamente en traslados directos en taxi por otro realizado mediante ambulancias colectivas “puede provocar un incremento de los tiempos de desplazamiento y de espera, especialmente en el caso de pacientes procedentes de municipios de la provincia, si el nuevo sistema obliga a establecer rutas para recoger o dejar a varios usuarios”.

“No estamos hablando simplemente de cambiar un vehículo por otro, sino que hablamos de personas que pueden salir agotadas de una sesión de diálisis y para las que prolongar innecesariamente el regreso a casa puede suponer un deterioro evidente de su bienestar y de la calidad de la atención que reciben”, subrayan desde UGT Servicios Públicos.

La organización sindical insiste en que su preocupación no parte de cuestionar el trabajo de los técnicos de emergencias sanitarias, sino precisamente de todo lo contrario, ya que “UGT defiende la profesionalidad de las plantillas del transporte sanitario cordobés, que llevan años sosteniendo un servicio esencial pese a las dificultades denunciadas, pero considera que no se puede exigir a estos profesionales que asuman una nueva carga asistencial sin incrementar proporcionalmente los recursos humanos y materiales”.

Por ello, UGT SP Córdoba reclama a la Delegación Territorial de Salud y Consumo y al Servicio Andaluz de Salud que hagan público cuántos pacientes de hemodiálisis pasarán a depender del transporte sanitario a partir del 1 de septiembre, cuántos desplazamientos adicionales diarios supondrá la medida, cuántas ambulancias nuevas se incorporarán, cuántos técnicos serán contratados y cómo se organizarán las rutas y los tiempos máximos de espera.

Estas cuestiones, destacan los ugetistas, son fundamentales porque “la incorporación de cientos de desplazamientos semanales al transporte programado puede terminar afectando no solamente a los pacientes de diálisis, sino al conjunto de usuarios que necesitan ambulancias para acudir a consultas, rehabilitación, pruebas diagnósticas, tratamientos oncológicos, altas hospitalarias u otras prestaciones sanitarias”. “Si no existe un incremento real y suficiente de medios, la Junta estará trasladando pacientes de un sistema que ha funcionado durante décadas a otro que ya trabaja bajo una enorme presión, y el resultado puede ser más saturación, más retrasos y peores condiciones tanto para los usuarios como para los trabajadores”, han advertido desde UGT SP Córdoba.

Asimismo, UGT considera necesario que la Consejería de Salud explique qué razones asistenciales, económicas u organizativas justifican la eliminación del servicio de taxi y aporte los estudios que acrediten que el nuevo modelo supondrá una mejora para los pacientes. La organización sindical considera especialmente grave que una decisión que afecta directamente a enfermos crónicos y a la organización del transporte sanitario provincial pueda ponerse en marcha sin que exista información pública suficiente sobre los medios adicionales previstos para garantizar su funcionamiento.

Los ugetistas han denunciado que “La Junta no puede limitarse a cambiar taxis por ambulancias y trasladar el problema a unas plantillas que ya vienen denunciando falta de recursos, y si quiere modificar el modelo, tiene la obligación de garantizar previamente los vehículos, los profesionales y la organización necesarios para que ningún paciente espere más y ningún trabajador tenga que asumir una carga de trabajo inaceptable”.

Para finalizar, UGT SP Córdoba ha anunciado que realizará un seguimiento específico de la implantación del nuevo sistema a partir del 1 de septiembre y exigirá responsabilidades a la Administración sanitaria si la medida provoca retrasos, incremento de los tiempos de espera, deterioro de la atención a los pacientes o una mayor sobrecarga de las plantillas del transporte sanitario provincial.