Protesta unánime por la precariedad que afecta a las entidades que atienden a personas con discapacidad en Córdoba

Personas con discapacidad, familias y trabajadores de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Córdoba y provincia que atienden a este colectivo se han concentrado este viernes en el parque Guitarrista Pepita Morales para solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España una financiación justa “que no ahogue más” a estos centros que ya están “bajo amenaza debido a la falta de una financiación adecuada y sostenible”.

En la concentración han participado usuarios y profesionales de asociaciones como Fepamic, Aspacys, Down Córdoba, Autismo Córdoba, Acodace y la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba. Todas las entidades han suscrito un comunicado en el que han denunciado “una carga creciente de costes” en los últimos años: “aumentos salariales necesarios para dignificar el trabajo de los profesionales, incrementos en los precios de suministros y mantenimiento de los centros y nuevas exigencias legales y normativas”.

Aunque las asociaciones han reconocido “el esfuerzo” de la Junta de Andalucía en las dos últimas legislaturas, este no ha sido “suficiente”. “La disparidad entre los costes reales de funcionamiento y los recursos que se destinan a la financiación de estos centros” los está llevando “al límite de lo insostenible”.

La presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, ha asegurado que “las familias afronta muchas veces el déficit que arrojan los servicios concertados con la Junta” para que estos centros “no caigan en banca rota”. Por su parte, la presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, ha insistido en que esta atención a las personas con discapacidad es un servicio público y que tanto los centros como las familias están “cansados de hacer carreras y rifas, o vender lotería”. “Estamos en una sociedad donde los derechos de las personas con discapacidad, que son los más vulnerables, están garantizados en las leyes, y estas hay que cumplirlas”, ha comentado la representante de Acpacys, quien ha pedido a todas las administraciones públicas que no dejen estos centros en la estacada “porque haya otra serie de intereses relacionados con entidades sin ánimo de lucro que quieren posicionarse en el ámbito de la discapacidad”.

Entre las peticiones, las entidades han pedido un incremento del presupuesto que la Junta les destina y no hacer licitaciones “a espaldas de la realidad y de la subida de los precios de los materiales”, ha explicado Chounavelle. Desde Down Córdoba han lamentado que la entidad “se haya hipotecado” para poder tener una sede, pero lo que sí tienen claro es que la Junta debe apostar por estas entidades “que no pueden asumir la subida de los costes”. Uno de ellos será el incremento de sueldos del convenio colectivo de los trabajadores, que para el año que viene registra un incremento salarial de “entre un 10% y un 12%. ¿Cómo vamos a asumir eso sin una subida real de los costes de los servicios?”, se ha preguntado el presidente de esta asociación, Fabián Cámara.

Asimismo, la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, ha recriminado a la Junta que “siempre sean las personas más vulnerables” las que tengan los presupuestos menores, por lo que ha emplazado al Gobierno andaluz que tenga “voluntad política y respete los derechos de las personas con discapacidad”. Por último, la presidenta de Fepamic ha apelado también a poner el foco en las entidades y asociaciones de la provincia, cuyo presupuesto ha decrecido en tres millones de euros en los últimos años, lo que está llevando a muchas a estar una situación próxima “a la extinción”. Esta misma concentración se ha producido en el resto de las provincias andaluzas. En el caso de Córdoba, las entidades volverán a manifestarse el próximo 19 de noviembre.

La Junta convoca ayudas por 371.600 euros para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad

Coincidiendo con esta protesta a nivel andaluz, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía ha convocado una línea de subvenciones, por valor de 371.600 euros, para la provincia de Córdoba destinadas a la implantación de nuevas tecnologías, la adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente y la promoción de la accesibilidad y autonomía de las personas con discapacidad.

En una nota, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha instado a las personas con discapacidad y sus familias a concurrir a esta línea de subvenciones, que se convocan por segundo año consecutivo en régimen de concurrencia no competitiva, y cuentan con 500.000 euros más que el pasado año, alcanzando los cuatro millones con cargo a fondos de la Unión Europea (Next GenerationEU). El plazo de solicitud se extiende hasta el día 11 de noviembre.

La convocatoria para el ejercicio 2024 está dirigida a personas físicas con discapacidad para la implantación de nuevas tecnologías y adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente, y tiene como objetivo facilitar y promover la autonomía de las personas con discapacidad de Andalucía mediante la dotación de herramientas, métodos y dispositivos que mejoren la accesibilidad, la calidad de vida y su inclusión social.

En concreto, se podrán conceder subvenciones destinadas a la adquisición de cualquier producto --incluyendo dispositivos, equipos instrumentos y software-- fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por y para personas con discapacidad y destinado a facilitar su participación en la sociedad, prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.

Así, se subvencionarán equipamiento informático o tecnológico, aplicaciones informáticas, dispositivos o elementos periféricos, soluciones de domótica para favorecer la autonomía en el hogar, soluciones de accesibilidad en el hogar --grúas móviles y de techo, salvaescaleras, camas eléctricas elevables en altura o butacas eléctricas multifunción--, soluciones de movilidad urbana o funcionalidades, y por último, adaptaciones de vehículos para personas con movilidad reducida --rampa eléctrica, adaptación del asiento del vehículo para facilitar transferencia, grúa para transporte en silla de ruedas o adaptación de los mandos de conducción del vehículo--.

La cuantía máxima de la subvención será el coste de la actuación con el límite máximo de 1.500 euros. No obstante, existirá un límite específico para dispositivos móviles, cuya cuantía máxima ascenderá a 700 euros, y para tabletas, cuya cuantía máxima ascenderá a mil euros. Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas con discapacidad que tengan reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en un grado igual o superior al 33%, que tengan vecindad administrativa en algún municipio andaluz y cuya renta per cápita de la unidad económica de convivencia no sea superior a cuatro veces el IPREM, entre otros requisitos.