Un libro aporta nuevos datos sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba

“La Mezquita de Córdoba inició su construcción en el año 785 por decisión del emir Abderramán I como edificio fundamental del Estado Omeya dotado de una indiscutible funcionalidad pública como epicentro religioso, político, jurídico y diplomático. Este dato es básico para entender la naturaleza institucional de un templo que durante casi trece siglos ha sido concebido como un servicio público para la comunidad”. Así arranca el capítulo I, dedicado íntegramente al monumento cordobés, del voluminoso estudio que el lunes 19 de enero sacará a la venta la editorial Akal bajo el título de El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia: la Mezquita de Córdoba y otros casos de libro.

La publicación es fruto de varios años de investigación sobre el polémico fenómeno de las inscripciones episcopales e incluye un capítulo centrado en el análisis jurídico y otro dedicado a las inmatriculaciones más relevantes que se han producido en España, tales como el tesoro mudéjar aragonés, la arquitectura prerrománica asturiana, los cementerios, las plazas o los miles de bienes comunales navarros, objeto en la actualidad de un riguroso estudio por parte del Gobierno foral, que está sacando a la luz cientos de fincas públicas privatizadas.

El capítulo sobre la Mezquita de Córdoba propone una nueva relectura del monumento entendido como edificio público desde su origen y rescata decenas de documentos históricos que acreditan, en opinión de los autores, su naturaleza demanial y comunitaria. El libro intenta demostrar que su construcción, rehabilitación y mantenimiento se ejecutaron a expensas del tesoro público, tanto en época islámica como cristiana, y así lo corroboran, por ejemplo, los 82 privilegios reales otorgados por el rey Fernando III para el sostén de la Mezquita Catedral justo después de la conquista de Córdoba.

El libro aporta abundante documentación histórica y propone una nueva relectura del monumento entendido como edificio público

El trabajo examina en profundidad algunos episodios ya conocidos, como el litigio que enfrentó al Ayuntamiento de Córdoba con el obispo por la demolición del corazón de la Mezquita para construir la Catedral en 1523, lo que verifica el decisivo papel municipal como custodio y de la monarquía como institución soberana del monumento. Y también desvela varios documentos inéditos del Archivo Municipal de Córdoba que atestiguan la corresponsabilidad de las administraciones en la tutela de un edificio que, en modo alguno, según los investigadores, podía ser privado.

“Desde el primer tercio del siglo XIX, y ya claramente con la declaración de Monumento Nacional en 1882, la Mezquita Catedral es un monumento bajo dominio absoluto del Estado, al menos en la gestión y administración de los aspectos patrimoniales”, asegura el libro. En ese momento, el edificio se encuentra en estado de semirruina y es el Gobierno quien toma plenamente las riendas del conjunto con la aportación de recursos económicos y la designación de un arquitecto conservador dependiente directamente del Ministerio de Fomento. De hecho, Ricardo Velázquez Bosco asume “con absoluta autonomía” la gestión patrimonial del tesoro omeya y desmantela buena parte de los aditamentos católicos sin contar con el Cabildo catedralicio.

Ya en 1858, el ministro de Gracia y Justicia pidió por escrito al Ayuntamiento la consignación de una partida anual para la conservación de la Mezquita. “No solo es una obligación nacional, sino también municipal y de muy alto grado”, afirma el responsable público en una misiva desvelada en la publicación. Algunas décadas después, en 1906, fue el Ayuntamiento quien se dirigió al Ministerio de Instrucción Pública para que instara al Cabildo Catedralicio a retirar una tarifa de dos pesetas por visitar la Mezquita. El Consistorio califica de “caprichoso” e “inexplicable” el impuesto aplicado por los canónigos “sin autorización superior” para contemplar un “edificio que pertenece a la nación”.

La alusión a la titularidad del monumento, a juicio de los autores, es clara y explícita. Y la firma precisamente el concejal Adolfo Muñoz Pérez, miembro del Partido Liberal, que años después se convirtió en el primer alcalde franquista tras el golpe militar de julio de 1936. “El papel del alcalde, como se ve en estos párrafos, es harto significativo en la custodia y vigilancia de un edificio que evidentemente no puede ser de propiedad privada”, sostienen los dos investigadores.

Cuatro años después, en 1910, se produce el primer incendio conocido de la Mezquita de Córdoba. El episodio revela algunos datos muy significativos que, bajo el prisma de los autores, evidencian la propiedad pública del monumento cordobés. El siniestro fue desencadenado por un rayo que impactó en el cimborrio del crucero y, aunque no provocó daños considerables, sí desató un intenso debate a cuenta de la ausencia de pararrayos en el edificio. El obispo de entonces, José Proceso Pozuelo, se desentendió de la polémica toda vez que la Mezquita “era incumbencia del Estado”, tal como declaró ese mismo día en una entrevista a Diario Córdoba. Y subrayó que el Palacio Episcopal y el Seminario, en cambio, sí estaban dotados de pararrayos porque “sí son de su incumbencia”. El incidente está recogido también en un amplio reportaje publicado el pasado agosto en Cordópolis.

En el archivo de Félix Hernández, arquitecto conservador de la Mezquita durante cuatro décadas, también figuran documentos poco conocidos que revelan su control absoluto sobre el conjunto documental, según refleja el libro de Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno. Decenas de certificaciones de obra y expedientes oficiales, firmados todos ellos por el arquitecto, evidencian que el principal responsable del conjunto monumental solo rendía cuentas ante el Estado. “Félix Hernández era empleado público y actuaba con absoluta independencia de los poderes eclesiásticos”, señala el texto.

“Las certificaciones estaban giradas por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Construcciones Civiles”, atestigua el trabajo de investigación. Y añade: “No existía convenio alguno de colaboración con el Cabildo ni el Obispado. En los documentos timbrados, figura la empresa promotora (”Estado Español“) y la naturaleza de la obra ejecutada (”Conservación de la Mezquita“). Es el Estado quien concede el crédito, paga las nóminas directamente a todos los trabajadores y formaliza las justificaciones. Se trata de un tipo de vinculación administrativa que sólo es válida para bienes patrimoniales del Estado”. Su autonomía era tal que fue el propio Hernández quien planificó la supresión de capillas y ornamentos católicos para secularizar la Mezquita y extraer la Catedral de su interior en aquel proyecto impulsado por la Dirección General de Arquitectura en 1972, que no se llegó a ejecutar. Los autores creen que, de haber sido un edificio propiedad de la Iglesia, jamás se hubiera planteado sacar la Catedral del corazón de la Mezquita.

El monumento cordobés ha vivido durante siglos en un "limbo jurídico

“Todas las decisiones capitales del monumento las toman los responsables públicos”, sostiene el libro. De hecho, fue el propio Ayuntamiento de Córdoba, dirigido por Antonio Alarcón, quien promovió de forma unilateral en 1972 la inclusión de la Mezquita como Monumento Internacional de la Unesco (más tarde Patrimonio Mundial) en una sesión plenaria del 17 de marzo. “Dadas las características de nuestra Mezquita”, argumentó Alarcón, “el alcalde que suscribe tiene el honor de proponer que se acuerde elevar petición” al organismo internacional.

Antonio Alarcón, último alcalde franquista de Córdoba, no solo quiere proponer a la Mezquita como Patrimonio Mundial de la Unesco, sino que también pretende devolver el edificio a su “pureza”. El regidor, junto con Rafael Castejón, responsable de la Real Academia de Córdoba, y, sobre todo, Rafael de la Hoz Arderius, director general de Arquitectura, impulsan un ambicioso y sorprendente proyecto para extraer el crucero del edificio y recuperar la Mezquita primitiva. “La excelentísima Corporación municipal ha mantenido a través de la Historia y con respecto a la Mezquita como singular monumento arquitectónico del mundo, una postura contraria a aquellas obras que intentaban atentar contra la integridad del monumento artístico”, proclama Alarcón en relación a la construcción de la Catedral en 1523.

Para los autores del libro, la frase entraña una “profunda significación”. “Primero porque defiende su derecho de tutela como administración soberana de Córdoba en la custodia de su patrimonio. Y, segundo, porque se reivindica como garante de la integridad del monumento frente a la intervención secular de la Iglesia”. El macroproyecto cuenta con el apoyo del jefe del Estado, según revela Alarcón ante el pleno municipal, lo que vuelve a certificar la “naturaleza pública del edificio”.

En una nueva sesión plenaria del 31 de julio de ese mismo año, Alarcón acelera el plan de secularización de la Mezquita, según recoge el acta. “Ha llegado el momento de que por el pleno de esta Corporación municipal sean adoptados los acuerdos que lleven una línea de continuidad en la actitud histórica de este Ayuntamiento con respecto a la conservación de la Mezquita en toda su pureza arquitectónica”. El alcalde reivindica el papel preeminente del Gobierno local como custodio del monumento y excusa la aceptación final de su predecesor en el siglo XVI, Luis de la Cerda, frente a la construcción de la Catedral “como consecuencia de la Orden Real como superior decisión de la Administración central”. Una prueba inequívoca, a ojos de los autores, de la titularidad de la Mezquita de Córdoba.

El conjunto monumental, sin embargo, ha vivido durante siglos en un “limbo jurídico” toda vez que la Iglesia ha sido desde la conquista cristiana una “especie de brazo administrativo” de un Estado oficialmente católico. En esa confusión institucional, según los autores, la jerarquía episcopal se aprovechó del subterfugio jurídico que le permitía inmatricular bienes a su nombre con una mera autocertificación que la acreditaba como autoridad pública. Y ese salvoconducto, que los investigadores consideran inconstitucional, les posibilitó inscribir más de 100.000 bienes en toda España, también la Mezquita Catedral de Córdoba.