Greenpeace denuncia cómo el 'agrobusiness' asfixia el olivar andaluz: el cultivo intensivo destruye el empleo

Greenpeace ha publicado este jueves su informe El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español, donde evidencia la transformación acelerada que está viviendo el campo de Andalucía, cuna de la diversidad y riqueza de los olivares tradicionales. El modelo que se impone -superintensivo, ultra-mecanizado y dependiente de altas dotaciones de regadío- está generando una desigualdad creciente en el propio sector, donde el acceso al agua, a las tierras más fértiles y las ayudas públicas se concentran en una minoría, mientras miles de agricultores tradicionales sufren un agravio comparativo. “Se está imponiendo un modelo insostenible social y medioambientalmente favorecido por las políticas públicas”, detalla Greenpeace.

Los grandes capitales no solo acceden a tierra y agua, sino también a ayudas públicas como la PAC, diseñadas originalmente para sostener rentas agrarias de agricultores, según concreta el estudio de Greenpeace, sobre el olivar en Andalucía. El 0,08% de los beneficiarios reciben el 10% del presupuesto, mientras que el 60% de los beneficiarios de la PAC cobra menos de 5.000 euros al año. Además, los grandes grupos que operan en Andalucía están captando ayudas masivas. Según los registros de 2023-2024, recopilados por la organización, el grupo cordobés De Prado percibió más de un millón de euros, mientras que estructuras vinculadas a Atitlán (con fuertes intereses en el olivar andaluz) recibieron más de 2,4 millones de euros.

“En un momento donde el debate agrario está en no recortar el dinero de la nueva PAC, observamos que, el reparto actual es profundamente injusto. Que grandes fondos de inversión y empresas con enorme capacidad financiera estén recibiendo ayudas millonarias de la política agraria común, mientras los pequeños y medianos agricultores luchan por sobrevivir, es profundamente injusto. Y hay que señalar a quien permite que esto siga ocurriendo, al Ministerio de agricultura y las comunidades autónomas que distribuyen estas ayudas”, remarca Helena Moreno, responsable de la campaña de agricultura en Greenpeace.

El agua segura o “safe water”: clave para el agribusiness y origen de la desigualdad

Andalucía concentra el 60,2% de todo el olivar español (1,7 millones de hectáreas) con una gran mayoría de olivar tradicional en secano. Sin embargo, el acceso al agua se ha convertido en el factor de rentabilidad clave para el agribusiness, quienes buscan el llamado safe water (agua garantizada que no se vea comprometida por la sequía). Las nuevas plantaciones superintensivas impulsadas por estos actores reciben dotaciones de agua que incluso en sequía permiten mantener la producción, a diferencia del olivar tradicional en secano. La normativa de los últimos planes hidrológicos del Guadalquivir ha favorecido al modelo superintensivo, permitiendo dotaciones de hasta 3.500 metros cúbicos por hectárea al año, frente a los 1.000-1.500 del modelo tradicional, lo que genera una desigualdad intrínseca en el propio sector.

“Aunque las últimas lluvias hayan llenado parte de los embalses acabando con uno de los ciclos de sequía más largos desde que se tienen registros, Andalucía sigue teniendo un problema de escasez. No tenemos agua para tanto regadío. Es necesario y urgente abrir el debate sobre quién se lleva el agua. Necesitamos hacer un reparto justo, con criterios sociales y ambientales, que garantice un mínimo asegurado para las explotaciones agrarias que realmente generan valor social, laboral y económico en el territorio donde se ubican. No podemos permitir que el agua se use como un activo financiero por parte de inversores que especulan y se lucran para ganar más dinero y ampliar las desigualdades en el sector primario. Al contrario, necesitamos que su uso sirva para apostar por el mantenimiento de la agricultura social y familiar que realmente fija población en el territorio y que es más respetuosa con los recursos disponibles”, explica Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Impacto en la fauna y biodiversidad

Este modelo está generando la pérdida de agrobiodiversidad cultivada. La diversidad de variedades de olivar tradicional (hojiblanca, picual, picudo, nevadillo…), vinculadas a una cultura alimentaria y a un territorio, está modificándose hacia la uniformidad de variedades ultra productivas, pero con una mala calidad de aceite de oliva. Se mira la producción, no el alimento. Así mismo, el modelo de cosecha con máquinas cabalgadoras supone un peligro para la fauna, como es el caso de las aves, que usan muchos de estos árboles como dormidero. La transformación de tierras que antes albergaba cultivos diversos como cereal, algodón o hortícolas, ahora se está enfocando hacia el monocultivo superintensivo de olivar.

El impacto sobre el tejido agrario andaluz es profundo, ya que casi el 70% del olivar sigue siendo de secano, altamente vulnerable a la sequía, y cerca de la mitad de los olivares tiene más de 50 años, con costes elevados y difícil mecanización. En este contexto, cuando hay sequía, el olivar tradicional ve desplomarse su producción, mientras el superintensivo mantiene rendimientos y se beneficia de la subida de precios. Cuando vuelve la producción, los precios caen y muchos agricultores venden por debajo de costes, poniendo en riesgo su viabilidad.

Es decir, la minoría superintensiva en regadío siempre gana. Además, el modelo superintensivo reduce drásticamente la necesidad de mano de obra por la mecanización, y se impulsa debido a un modelo “franquiciado”. “Estas empresas especializadas no dejan nada en el territorio y no emplean prácticamente a nadie de la zona, lo que cuestiona la sostenibilidad social del modelo”, detallan.

Sangría laboral: el colapso del empleo y la agricultura familiar

El avance de la mecanización y el modelo de gestión externa está destruyendo el tejido social de los pueblos. Andalucía ha perdido 178.957 empleos agrarios entre 2017 y 2024, lo que representa una caída del 19,5% de su fuerza laboral. La situación es especialmente crítica en las provincias de Córdoba (-28,3%), Málaga (-28,3%), Granada (-27%) y Jaén (-26,6%), que han perdido más de una cuarta parte de sus trabajadores en sólo siete años.

En municipios donde el olivar superintensivo ha crecido más, como Carmona (-31,9% de afiliados), Santaella (-31,3%) o Lebrija (-29,8%), la destrucción de empleo es superior a la media regional. Paralelamente, el trabajo familiar no remunerado se desplomó un 49,8% a nivel nacional, señalando el declive del modelo tradicional frente al patronal y empresarial.

La presión de los fondos ha disparado el precio de la tierra, especialmente en Sevilla, donde el olivar de regadío ha subido de precio un 24,6% en cuatro años. Esta inflación, sumada a que nueve de cada diez compraventas de fincas rústicas en Andalucía se realizan ya sin hipoteca (lo que indica la compra mediante grandes capitales propios), imposibilita que el agricultor medio o los jóvenes puedan acceder a nuevas tierras para garantizar su relevo generacional.

Demandas de Greenpeace

La organización Greenpeace reclama que las ayudas de la PAC deben ser para agricultoras y agricultores, no para los especuladores. De esta manera, pide la exclusión de los fondos de inversión y holdings empresariales de las ayudas de la PAC, un reparto justo de las ayudas y condicionalidad social y ambiental y una transparencia corporativa real.

El coletivo también reclama un impulso del modelo de agricultura familiar y social y que se ponga freno a la especulación. Para ello, urgen a una regulación del mercado de la tierra y acompañamiento público y local; y el control de la integración vertical (cuando una sola corporación o alianza de empresas domina todos los eslabones de la cadena de valor) y freno a la creación de oligopolios

Por último, demandan un reparto justo y social del agua. En este sentido, proponen modificar los planes hidrológicos para eliminar las concesiones donde se benefician modelos de producción superintensiva frente al tradicional, avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos que garantice el desarrollo de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio, la creación de bancos públicos de agua y por último una revisión de concesiones históricas.