CGT exige transparencia sobre el pago de 725.000 euros en “gratificaciones” a la Policía Local y bomberos

El sindicato CGT en el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto el foco en la tramitación de 725.902,39 euros destinados al pago de gratificaciones al personal de Policía Local y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento —SPEIS— por los períodos de Navidad, Semana Santa y Cruces de 2025. Del importe total autorizado, 537.705,47 euros corresponden a gratificaciones y 188.196,92 euros a cotizaciones a la Seguridad Social, según señalan en una nota.

CGT dispone del informe de fiscalización de la Intervención General, del informe de discrepancia elaborado por Personal y de las resoluciones por las que se levantó el reparo y se autorizó el pago. Y, según asegura, del examen de esta documentación se desprende que, pese a haberse autorizado el abono, permanecen observaciones jurídicas relevantes sin una respuesta expresa de los responsables de Personal.

Sobre ello, indica que Intervención formuló un reparo suspensivo relacionado con el cumplimiento de los límites legales de incremento retributivo y dejó incorporadas al expediente otras observaciones de especial importancia. Entre ellas señala el carácter extraordinario de los servicios: con apoyo en la normativa y en la jurisprudencia, Intervención advierte de que no todo servicio realizado fuera de la jornada normal puede calificarse automáticamente como extraordinario. Las gratificaciones deben responder a servicios extraordinarios, no periódicos y debidamente acreditados.

Desde este criterio, cuestiona que acontecimientos como Navidad, Semana Santa o Cruces, conocidos con antelación y repetidos cada año, puedan justificar por sí solos la consideración como extraordinarios de todos los servicios prestados durante esos períodos.

Asimismo, señala posibles duplicidades retributivas: el informe alerta de que podría producirse una duplicidad si unas mismas horas fueran abonadas como gratificación y, además, mediante conceptos como nocturnidad, festividad u otros complementos. Y también indica la necesidad de una justificación concreta: Intervención dice que no bastan explicaciones genéricas y que deben detallarse las horas, los trabajos realizados, la causa extraordinaria de cada servicio y las autorizaciones concedidas cuando se superen los límites establecidos.

Autorizar el pago no borra las dudas

El reparo suspensivo fue levantado y el pago autorizado. Sin embargo, CGT indica que no consta un pronunciamiento expreso de los responsables de Personal sobre las restantes observaciones formuladas por Intervención acerca del carácter extraordinario de los servicios, las posibles duplicidades retributivas y la justificación concreta de las gratificaciones.

Para el sindicato, poner el sello al pago no equivale a despejar las dudas del expediente ni a considerar automáticamente ajustados a Derecho los aspectos observados por el órgano fiscalizador. “Esas observaciones siguen ahí y requieren una respuesta completa, expresa y documentada”, exige. “Estamos hablando de más de 725.000 euros de dinero público. Autorizar el pago no sustituye las comprobaciones pendientes ni convierte las dudas en certezas. La ciudadanía y la plantilla tienen derecho a saber qué se ha pagado, por qué concepto y con qué controles”.

Ante ello, CGT exige una aclaración completa y reclama que el área de Personal responda de forma expresa y documentada a las observaciones de Intervención. Pide que se acredite la justificación concreta de cada gratificación; la ausencia de duplicidades retributivas; el cumplimiento de los límites de horas; las autorizaciones concedidas para superarlos; y la correcta aplicación de las excepciones invocadas.

“El sindicato no cuestiona que los trabajos efectivamente realizados deban abonarse ni el derecho de quienes los prestaron a percibir la retribución que legalmente les corresponda. Lo que exige es que cada pago esté debidamente acreditado y pueda comprobarse con todas las garantías”, argumenta.

Y advierte que si el Ayuntamiento no ofrece una aclaración completa y documentada, CGT trasladará el expediente a los órganos externos competentes para que examinen la tramitación de los pagos y la correcta utilización de los fondos públicos.