Condenada la directora de una residencia por ocultar la muerte de una anciana para quedarse con su pensión

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de dos años y dos meses de cárcel para la antigua directora del centro de mayores de San Juan de Dios de Lucena por los delitos de fraude y estafa. La mujer, que ha reconocido los hechos, tendrá que devolver más de 170.000 euros.

En concreto, el fallo señala que la antigua directora ocultó la muerte de una de las residentes para seguir cobrando su pensión. También habría creado una plaza “fantasma” en la residencia para desviar el dinero de los familiares a su propia cuenta bancaria.

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, la acusada aprovechó su cargo para lucrarse mediante dos operativas distintas. En la primera de ellas, tras el fallecimiento de un residente en enero de 2021, la mujer no comunicó la defunción a la Seguridad Social para continuar percibiendo la pensión en la cuenta que el fallecido compartía con su esposa, también residente en el centro. Posteriormente, contrató una nueva cuenta bancaria a nombre de la viuda —quien padecía una discapacidad mental— y vinculó a ella un teléfono personal para operar con una tarjeta de débito. A través de esta maniobra, realizó 20 operaciones fraudulentas, incluyendo transferencias a una cuenta de su propia hija menor de edad, apoderándose de un total de 37.808 euros.

La segunda trama delictiva se extendió durante casi una década, entre 2013 y 2022. La condenada, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, ideó la creación de una plaza adicional en la enfermería del centro que no constaba en los registros oficiales de la residencia ni de la Junta de Andalucía. La mujer firmaba contratos con los familiares de los nuevos residentes siguiendo el modelo oficial, pero les indicaba que los pagos debían realizarse en efectivo o en una cuenta bancaria personal o compartida con su hija. Para evitar que el fraude fuera detectado por la institución, la directora no inscribía a estos residentes en el Libro de Registro de Usuarios. Mediante este sistema de “plazas fantasma”, la acusada llegó a apropiarse de 140.637 euros provenientes de las mensualidades de numerosos residentes.

El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, ya que la acusada reconoció los hechos antes del juicio y realizó algunas consignaciones económicas para devolver lo estafado. Finalmente, la condena se divide en cinco meses de prisión por el delito de fraude a la Seguridad Social y un año y nueve meses por el delito de estafa.

Además de la pena de cárcel, la exdirectora ha sido inhabilitada para trabajar en residencias de mayores durante cinco años y deberá indemnizar al Banco de Santander y a la Fundación San Juan de Dios de Lucena con las cantidades totales defraudadas.