El Gobierno abrirá dos oficinas en la provincia para gestionar las ayudas por los daños del temporal

La provincia de Córdoba contará con dos oficinas del Gobierno de España para la tramitación de las ayudas del Ejecutivo central para los afectados por las consecuencias del pasado tren de borrascas. Estas oficinas se ubicarán en las localidades de Palma del Río y Pozoblanco y estarán atendidas por personal de la empresa pública Tragsa, según han confirmado fuentes de la Subdelegación a este periódico, que precisan que su apertura está prevista para principios de la próxima semana.

En coordinación con los ayuntamientos de cada municipio para su apertura, las oficinas se habilitarán para atender in situ a las personas afectadas por los daños causados por el temporal. Serán espacios que contarán con personal especializado, que prestará asesoramiento sobre los trámites necesarios para acceder a los fondos de recuperación anunciados por el Ejecutivo central. Las oficinas dispondrán de personal y medios de Tragsa para trabajar de forma integrada con el personal de la Administración General del Estado y los técnicos de las administraciones locales.

A estas dos oficinas en la provincia se suma la atención que se presta en la sede de la propia Subdelegación del Gobierno en Córdoba capital. Y, junto a ello, esta administración tiene previsto iniciar la semana que viene su visita a las distintas localidades de la provincia que resultaron afectadas por las borrascas. Se trata del plan La Administración Cerca de Ti, con el que en los próximos días ya se comenzará a visitar municipios afectados, como Villa del Río o Posadas, entre otros.

Este despliegue administrativo quiere dar respuesta a los vecinos de la provincia Córdoba que deben tramitar las ayudas ofrecidas por el Gobierno ante los daños ocasionados por las intensas lluvias, los desbordamientos de ríos y arroyos y el fuerte viento durante el temporal.

Catorce oficinas en Andalucía

En toda Andalucía se abrirán un total de catorce oficinas, la primera de ellas desde este jueves 26 de febrero en Grazalema, en la sierra de Cádiz, localidad que tuvo que ser completamente desalojada por las consecuencias de las precipitaciones. Asimismo, en la provincia gaditana abrirán sus puertas otras tres oficinas en San Roque, Jerez de la Frontera y Villamartín, al igual que en la provincia de Granada, que contará con tres oficinas en los municipios de Cenes de la Vega, Huétor Tájar y Órgiva, de manera que se pueda hacer frente a los expedientes que se prevén en función a los daños que han registrado ambas provincias.

En Jaén se han previsto dos, una en Cazorla y otra Orcera; dos más en la provincia de Málaga, en concreto en Benaoján y Casares; y en la provincia de Almería también contará con personal especializado en la tramitación de las ayudas en el municipio de Cuevas del Almanzora. Las oficinas dispondrán de personal y medios de Tragsa para trabajar de forma integrada con el personal de la AGE y los técnicos de las administraciones locales.

Según recoge el real decreto de medidas para paliar los efectos del temporal, consultado por Europa Press, se contempla un conjunto de acciones por valor de más de 7.000 millones de euros del que se beneficiarán municipios de Andalucía con medidas para la ciudadanía y los ayuntamientos, en materia de fiscalidad y seguridad social, para la agricultura y el comercio.

Medidas y ayudas

Entre las principales medidas del decreto hay ayudas directas de 150 euros por persona y día para las personas que han sido desalojadas, como el caso de Grazalema, que fue evacuado al completo, y ayudas destinadas a paliar daños personales y daños en viviendas y enseres y en industrias o comercios. Se incrementarán, multiplicándose por cuatro, las indemnizaciones que establece la ley para los afectados, y las ayudas no computarán como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.

En cuanto a los ayuntamientos, se ha aprobado un fondo de 2.000 millones para reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, que serán transferencias directas, no préstamos, además de ayudas para actuaciones “imprescindibles” para las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y medidas para la recuperación de cauces públicos, depuración, playas y zonas costera.

También se permitirá que los ayuntamientos y las comunidades autónomas utilicen el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante “inversiones financieramente sostenibles” y se flexibilizará la regla de gasto en las partidas presupuestarias que se destinen a paliar los efectos de las inundaciones para que no computen en las reglas fiscales.

En lo referente a medidas fiscales, el real decreto-ley del Gobierno contempla exenciones en el IBI y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas en 2026. Además, estas ayudas estarán exentas de tributación en IRPF y en el impuesto de Sociedades y los beneficios fiscales establecidos en el IBI y en el IAE serán compensados por el Estado para evitar pérdidas de ingresos a las entidades locales.

Sobre medidas laborales, el documento establece una prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo de 2026, exenciones en la cotización a la Seguridad Social en las empresas afectadas por un ERTE por fuerza mayor debido a una reducción o suspensión de la actividad, aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y la prohibición del despido en empresas beneficiarias.

Para el sector primario, que se ha visto especialmente dañado por el temporal, el real decreto contempla una serie de medidas para este sector con un impacto de 2.800 millones de euros, con ayudas directas para agricultores y sector pesquero por más de 2.000 millones de euros. También se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria y se ofrece una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario.

Respecto a los comercios, el Gobierno establece ayudas para negocios que han registrado pérdidas y daños por las inundaciones. Será una línea de ayudas directas por valor de 120 millones de euros cuyos beneficiarios son autónomos y empresas de la hostelería, hospedaje y comercio minorista. En Grazalema, Dúdar (Granada) y Benaoján (Málaga) las ayudas beneficiarán a todo tipo de actividad.

El decreto recoge también que se destinan 600 millones para arreglar caminos rurales, que efectuará Tragsa, y ayudas por valor de diez millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.