La Junta y el Ayuntamiento de Córdoba facilitarán el acceso gratuito a actividades culturales y deportivas para menores tutelados

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha suscrito un convenio de colaboración con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para facilitar de forma gratuita el acceso de los menores del sistema de protección andaluz a las instalaciones deportivas, culturales y de ocio de gestión municipal.

Este convenio tienen como objetivo “permitir el desarrollo evolutivo de los menores tutelados en Andalucía, además de ayudar a prevenir y erradicar la situación de desventaja y riesgo de exclusión social en que se encuentran muchos de los jóvenes del sistema de protección”, ha justificado Ruiz, resaltando el compromiso del Gobierno andaluz en la atención y protección integral a los y las menores y adolescentes de la comunidad con herramientas como la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada en el mes de julio en el Parlamento de Andalucía y ya en vigor. “Mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas es mejorar nuestra sociedad”, ha dicho.

Ruiz, que ha estado acompañada por el delegado territorial de Igualdad en Córdoba, Antonio López, ha subrayado la necesidad de planificar políticas públicas orientadas al desarrollo integral de los menores con medidas de apoyo como este acuerdo de colaboración. Y ha apuntado que, en ciertas ocasiones, la situación de desventaja y riesgo de exclusión social es inherente a las carencias afectivas familiares y sociales de partida de los menores que se encuentran bajo tutela de la Junta. De ahí que este tipo de iniciativas, ha justificado, sirvan para “ofrecerles a los niños y niñas tutelados un apoyo para promover su formación integral y socialización”.

En este sentido, la consejera ha agradecido al alcalde de Córdoba su “sensibilidad y empatía para firmar este acuerdo, así como la labor que realiza el equipo de gobierno en la atención a la infancia y adolescencia.

El convenio va dirigido hacia los menores tutelados en acogida inmediata o que estén en situación de guarda provisional o administrativa en acogimiento residencial. También podrán beneficiarse los mayores e-tutelados que se encuentren en los recursos de alta intensidad de la Junta, con el objetivo de permitir a todos ellos el acceso gratuito y disfrute de las instalaciones municipales deportivas, culturales y de ocio en función de las edades y necesidades. Así, el consistorio facilitará apoyo y asesoramiento y proporcionarán información de aquellas actividades y eventos que pudiesen ser del interés para los menores tutelados.

Más de 400 menores y jóvenes se benefician de la medida

En la provincia de Córdoba hay un total de 483 chicos y chicas tutelados por la Junta de Andalucía, así como 73 extutelados que podrán beneficiarse de este convenio. De ellos, un total de 160 menores están acogidos en centros de residenciales, mientras que el resto se encuentran en familias de acogida. De hecho, la consejera ha recordado que uno de los objetivos de la Ley de Infancia es “favorecer el acogimiento familiar. ”Nuestro reto es ‘un menor, una familia’ al objeto de que no haya ningún niño en un centro de menores, y puedan disfrutar de un estén en un ambiente familiar el mayor tiempo posible“, ha explicado.

En la actualidad, Córdoba cuenta con 183 plazas en recursos residenciales para menores tutelados repartidas en 11 centros en los que, además de la atención básica, se desarrollan programas específicos para niños y niñas con necesidades educativas especiales, con problemas graves de conducta, o donde se atiende menores en conflicto social. A esta red se suma se suman otras 24 de un centro de inserción sociolaboral para menores extranjeros no acompañados.

Asimismo, se gestionan 67 plazas en recursos de alta intensidad (que incluyen formación y solución habitacional) para chicos y chicas extutelados que ya han cumplido la mayoría de edad. Entre estos recursos para extutelados, destacan programas como el dirigido a chicas víctimas de trata o violencia de género, que cuenta con 6 plazas en la provincia.

La inversión que realiza la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para atender a los jóvenes supera los 6,6 millones de euros.

Ley de Infancia

La consejera de Igualdad ha subrayado durante su visita al Ayuntamiento de Córdoba el valor de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia en la protección integral de los y las menores y adolescentes andaluces y la prevención ante temas como la pobreza, la violencia, el abandono o la negligencia. La norma, ya en vigor, tiene un carácter “integral, transversal y acorde a la realidad actual y los nuevos contextos sociales, ya que incluye elementos como el uso responsable de internet y la alfabetización digital, el derecho a la imagen o los riesgos de adicción”, según ha destacado Ruiz, que ha vuelto a agradecer el apoyo y la participación de casi todos los grupos políticos y de todas las entidades y colectivos que trabajan con la infancia para hacer un texto lo más ambicioso y global posible.

Así, la nueva ley, que tendrá prioridad presupuestaria en las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, busca regular sus derechos y deberes, impulsar la participación infantil y crear un sistema de información e indicadores que permita medir su bienestar real y diseñar una planificación de políticas publicas orientadas a su desarrollo integral. La gran novedad de este texto legal es la apuesta por el acogimiento familiar, para lo que se fijan además unos tiempos máximos que los menores podrán estar en los centros residenciales.

Entre otras novedades, la ley incorpora medidas tan importantes como la regulación de los criterios de actuación en materia de protección, permitiendo mayor celeridad en los procedimientos para poder actuar ante “situaciones realmente dolorosas y de muchísimo sufrimiento para los menores, como las relativas a violencia sexual, abandono o maltrato, entre otras”. Asimismo, incorpora un nuevo órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, que permitirá a las personas menores asumir un rol más activo y participativo en las cuestiones que les afecten y en la construcción de la sociedad. Por último, la norma se adapta al siglo XXI porque tiene en cuenta también los nuevos peligros y adicciones como las tecnologías o las redes sociales.