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Empleo resuelve en dos meses y medio las primeras 160 ayudas a la solvencia empresarial en Córdoba

El delegado de Empleo, Ángel Herrador, en rueda de prensa.

Redacción Cordópolis

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La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha conseguido en solo dos meses y medio resolver y ordenar los primeros pagos de las ayudas a la solvencia empresarial. Se trata de 1.626 ayudas favorables solicitadas por trabajadores autónomos andaluces, por valor de 4,5 millones de euros. En la provincia de Córdoba han sido 159 ayudas por un importe de 422.529 euros.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, la Consejería de Empleo es la encargada de tramitar las solicitudes de ayudas, aplicando las medidas aprobadas por el Gobierno de España, y dotadas con 7.000 millones euros, de los que 1.109 millones (un 15,8%) corresponden a la comunidad autónoma andaluza. Hasta seis consejerías de la Junta están involucradas en la resolución de estas ayudas, que van dirigidas a empresas y autónomos de más de 400 actividades económicas (CNAE).

El plazo medio de resolución de estas ayudas, --con unas complejas condiciones de acceso establecidas por la norma del Gobierno de España (RDL 5/2021), y sin posibilidad de modificación por las comunidades autónomas--, se ha “reducido notablemente” con respecto al periodo habitual de resolución de subvenciones “gracias al trabajo de un equipo de empleados públicos de la consejería de Empleo, aun en meses de verano, y a la implantación de la tramitación robotizada”, ha resaltado el delegado de Empleo en Córdoba, Ángel Herrador.

La Junta de Andalucía ha trabajado “muy intensamente” desde la aprobación de la norma para definir el procedimiento, de forma que se pudiera automatizar el máximo posible la tramitación de las ayudas, de manera que éstas llegaran lo antes posible a los beneficiarios.

Para solicitar estas ayudas, empresas y autónomos interesados han de cumplimentar dos sencillos pasos a través de la web de la Consejería de Empleo. En primer lugar, han de cumplimentar un sencillo formulario en la web denominado 'Solicitud de asistencia previa ante la AEAT' (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).

Se trata de una actuación previa a la solicitud formal donde se recoge la autorización del solicitante para consultar los datos fiscales que la AEAT ha de suministrar a la Junta de Andalucía para el cálculo de la subvención aplicable en el caso de cumplir con los requisitos establecidos.

Desde el inicio del plazo (16 de junio de 2021) se han recibido más de 33.500 solicitudes de asistencia previa y el resultado de la consulta se ha comunicado a 27.445 potenciales solicitantes, de las que 19.413 tienen resultado favorable en el cumplimiento de los requisitos.

En segundo lugar, los posibles beneficiarios a los que se les ha notificado que pueden solicitar la ayuda, han de rellenar un segundo formulario de “Solicitud de subvención a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado”, que da inicio al procedimiento administrativo.

Hasta la fecha, han presentado solicitud firme de subvención 11.259 empresas y trabajadores autónomos, que podrán recibir ayudas desde 3.000 a 200.000 euros, y que suman un total de 275 millones de euros. El plazo para solicitarlas sigue abierto hasta el 15 de septiembre.

El próximo lunes 6 de septiembre, a las 12,00 horas, la Fundación Andalucía Emprende tiene previsto desarrollar una webinar para la resolución de las dudas que puedan tener los solicitantes de estas subvenciones, encuentro online en el que se podrá participar por inscripción.

Las ayudas a la solvencia empresarial recogidas en el DL 10/2021 de la Junta de Andalucía con un presupuesto de 1.109 millones de euros, tienen su origen en la norma del Gobierno de la nación (RDL 5/2021) con el objetivo de ayudar a las empresas y trabajadores autónomos que han sufrido las consecuencias negativas de la crisis generada por el Covid-19.

Han sido varios los gobiernos autonómicos los que se han sumado a Andalucía en denunciar el deficiente contenido de la norma decidida unilateralmente por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, sin que se haya producido ningún tipo de flexibilización de los requisitos exigidos.

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