La cordobesa que será indemnizada por maltrato policial: “Las humillaciones no se olvidan”

El pasado 27 de abril Ana empezó a poner fin a un calvario de casi una década. Comenzó el 23 de enero de 2013, cuando esta mujer cordobesa de 39 años fue detenida por cuatro agentes de la Policía Nacional, que la llevaron a la comisaría de La Lonja. Allí entró con la nariz en perfecto estado y salió con ella rota. Ahora, una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al Estado a indemnizarla con 3000 euros, por entender que solo así puede reparársele el daño causado. Previamente los tribunales españoles habían rechazado, uno tras otro, sus reclamaciones. Nadie la creyó. Tuvo que ser un órgano internacional, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quien acudiera en su auxilio en 2019, apuntando que los hechos acreditados demostraban “como mínimo” la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Pese a la resolución del comité, el Estado había ignorado hasta ahora las peticiones de reparación de la mujer, que ha tenido que volver a los tribunales para hacer valer su derecho. Ella dice que está satisfecha a medias: por un lado, siente que la sentencia servirá para que casos como el suyo sean menos frecuentes. Pero lamenta que ninguno de los policías se haya sentado en un banquillo. También, que hasta ahora ninguna instancia administrativa o judicial española la haya amparado. “Me ha costado nueve años que me crean. Es muy triste”, dice. 

Sabe que el dinero no servirá para borrar el recuerdo de cómo le rompieron la nariz, se rieron de ella y después, todos decidieron ignorarla. “Te rompes una pierna, te curas y se te olvida. Pero las humillaciones, no. A nivel psicológico lo voy a llevar toda la vida”. Ana sigue pidiendo un seudónimo por miedo a lo que pueda pasar y para la foto, se disculpa por enviar una imagen de sus manos. 

“Cogí una depresión que no me levantaba de la cama”

El calvario de Ana comenzó en Córdoba, el 23 de enero de 2013. Tal y como contó en su día a elDiario.es Andalucía, aquella noche vagaba por las inmediaciones de la estación de tren cuando se cruzó con cuatro agentes de la Policía Nacional (tres hombres y una mujer) vestidos de paisano. Los agentes le dieron el alto y registraron su bolso, donde encontraron una cartera que no era suya. Como no respondía a la pregunta de dónde estaba lo que había robado, empezaron a golpearla. Después, la esposaron, la metieron en el coche y la llevaron a Comisaría. Para hacerle más insufrible el trayecto, aceleraban y frenaban para que se golpeara contra la mampara, según la versión de la mujer, que recogió el Comité contra la Tortura.

Hasta ese día, nunca había pasado por comisaría. Su estancia fue breve: apenas media hora después la dejaron marchar. Y aunque imploró asistencia médica, los policías rehusaron solicitarla por ella. “Que llorara por un médico, y que no me escucharan, para mí fue peor que los golpes”, dice hoy. Ella misma llamó a una ambulancia, que le recogió a la puerta de la comisaría. En el hospital comprobaron que tenía rota la nariz y hematomas en sus muñecas. Fue operada de la fractura siete días después.

“Yo estuve hospitalizada y tuve que entrar en un quirófano. Quien se haya operado de la nariz sabe de lo que hablo”, cuenta hoy. Con todo, lo peor no fue eso: “Los daños físicos se curan y el dolor desaparece. Pero en lo moral sigo muy mal”. Toma medicación desde entonces, sigue en tratamiento psiquiátrico y el episodio le sigue provocando ansiedad. Durante dos años estuvo de baja, incapacitada para seguir trabajando en la hostelería. “Cogí una depresión que no me levantaba de la cama. Eso no se paga con 3000 euros”. 

“Sólo pedía tener un juicio justo”

A pesar de sus denuncias, y de la falta de una explicación convincente por parte de la Policía, al calvario no le pusieron fin ni los juzgados ordinarios españoles, ni el Tribunal Constitucional. Ya cuando advirtió de que los denunciaría, los agentes se rieron de ella. “¿A quién van a creer, a ti o a tres policías? Lo dijeron con una normalidad que se veía que lo hacían”, rememora. Pidió las grabaciones de ese día, pero se habían borrado. “Yo solo pedía tener un juicio justo por unos hechos. Si yo le pego a alguien, seguro que voy a un juicio. Pero como es la Policía, no pasa nada”. 

En efecto, el caso ni llegó a juicio: el juzgado de instrucción archivó el asunto y la Audiencia Provincial confirmó el archivo. “El primer día, la jueza me trató como si fuera una delincuente. Cuando salí, sabía que no me iba a proteger. Eso hace mucho daño”, recuerda hoy la mujer. 

El Tribunal Constitucional también rechazó el recurso de amparo, y la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía acabó recurriendo a la vía internacional. Finalmente, el Comité contra la Tortura de la ONU, el órgano que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura, concluyó que, en efecto, había motivos para creer a Ana. 

Basaban su conclusión en un dato: cuando entró en Comisaría, la mujer no sufría lesión alguna, y cuando una ambulancia la recogió, a la misma puerta de las dependencias policiales, tenía fracturados los huesos de la nariz. También recriminó a España el hecho de que la Policía ignorase su solicitud de asistencia médica, un derecho recogido por la convención.

Silencio tras la condena del Comité contra la Tortura

A diferencia de los tribunales españoles, el Comité concluyó que los hechos acreditados configuraban, como mínimo, la existencia de “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, e instó a España a que reparase a la mujer de manera “plena y adecuada por los sufrimientos que le ha causado, incluidas medidas de indemnización por los daños materiales y morales, y medidas de rehabilitación”. 

Sin embargo, a aquella victoria parcial le siguió el silencio. Durante meses, el Estado ignoró la petición de la mujer para que se diera cumplimiento a la resolución del Comité. Y ella tuvo que acudir nuevamente a la justicia para exigir que se hiciera lo que el órgano de Naciones Unidas estaba pidiendo: una reparación para una persona que había sido sometida a un trato cruel, inhumano y degradante por funcionarios del Estado. 

El Estado llegó incluso a manifestar ante los órganos de seguimiento internacionales que la función del comité “no engloba una función de revisión de las decisiones judiciales internas”. En otras palabras, que si los tribunales españoles habían concluido que no había tortura o tratos inhumanos y degradantes, la resolución en contrario del Comité contra la Tortura iba a ser papel mojado.

Sin reparación, “se perpetúa la vulneración”

Más de dos años después, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga al Estado a indemnizarla con 3.000 euros para dar cumplimiento a lo que declaró el Comité. Mientras no se produzca la reparación, “se mantiene, persiste y se perpetúa la vulneración de derechos humanos”, razonan los magistrados. “Una vez declarada la vulneración del derecho en la Decisión del Comité contra la Tortura, su falta de ejecución es la que perpetúa dicha infracción, manteniendo sus efectos”. 

Según APDHA, “la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o incidental en nuestro país”. Entre el año 2013 y el 2019 se produjeron 448 condenas por tortura, según el Consejo General del Poder Judicial. APDHA ha celebrado la sentencia de la Audiencia Nacional porque establece que las decisiones de los comités de Naciones Unidas (en este caso, contra la tortura) son vinculantes, algo que el Estado viene negando hasta ahora. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. El fiscal se alineó con los magistrados. 

Ana cree que otros casos se quedan en el camino, porque el proceso es largo y caro, y solo ha podido afrontarlo por el apoyo de la asociación. Ahora espera que la sentencia sirva para que mejoren los controles en Comisaría. “Las personas tienen derecho a ser tratadas como personas”, dice. “Por lo menos, se ha conseguido que se respeten las decisiones del Comité. Hemos luchado muchos años para que mi caso sirva para que no le pase a otros. Porque esto, hasta que no te pasa, lo ignoramos”.