Córdoba recibirá 32 millones de euros para reactivar la industria tras la transición energética

Andalucía dispondrá de una inyección pública de 153,76 millones de euros para promover la diversificación y reactivación de la actividad industrial en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, más afectadas por la transición ecológica, a través del Plan Territorial de Transición Justa para Andalucía que se desarrollará en esos territorios. Este instrumento implicará la creación y mantenimiento de 19.800 empleos, tendrán incidencia sobre 600 empresas y permitirán poner en marcha 16 grandes proyectos tractores en sus comarcas.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha sido la encargada del diseño de las actuaciones que se han propuesto en esta herramienta de planificación, que servirá para articular Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. La previsión es que puedan estar listas para su aplicación en este ejercicio 2022, una vez que sean validadas por la Comisión Europea.

Las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba han dependido durante décadas de una industria altamente generadora de efecto invernadero al albergar las centrales térmicas de carbón de Carboneras (Almería), Los Barrios (Cádiz) y Espiel (Córdoba). Desde que entre 2020 y 2021 Endesa (propietaria de la primera) y Viesgo (responsable de las otras dos) recibieron autorización ministerial para desmantelar dichas plantas, estos territorios afrontan en una situación de mayor vulnerabilidad tanto esta desconexión como los retos socioeconómicos, laborales y medioambientales derivados de la descarbonización de la economía y la neutralidad climática impuestas por la UE.

El cese de actividad de estas plantas de generación de energía eléctrica ha motivado que los 16 municipios afectados hayan iniciado, de la mano del Gobierno central y la Junta, un proceso de búsqueda de alternativas económicas en el marco de los denominados Convenios de Transición Justa. Esa línea de trabajo se complementa ahora con el desarrollo de estos planes, cuyos recursos serán gestionados por la Junta de Andalucía y ayudarán a compensar esa desventaja de Almería, Cádiz y Córdoba ante el cambio ecológico marcado con el horizonte de 2050.

Estos planes contienen una radiografía de la estructura productiva de cada una de las provincias y recogen propuestas e iniciativas sectoriales específicas orientadas a favorecer la reorientación de la actividad industrial de sus comarcas.

 

Plan Territorial de Transición Justa en Córdoba

En la provincia de Córdoba, que registra 36.900 trabajadores industriales, el Plan de Transición Justa contempla una dotación pública de 32,16 millones, que conllevará la generación y mantenimiento de 4.100 puestos de trabajo, afectará a 100 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco grandes iniciativas relevantes.

De acuerdo con este instrumento, la industria cordobesa dispone de oportunidades de desarrollo económico vinculadas a la economía circular en el campo de la recuperación y reciclado de metales y la valorización energética de residuos. También se identifican esas potencialidades en la industria agroalimentaria, concretamente en la producción ecológica y sistemas de certificación; así como en el equipamiento y materiales para la edificación y la optimización de procesos industriales.

Entre las operaciones de valorización de residuos que se quieren respaldar, destacan las centradas en el cobre o el aluminio, entre otros; aunque se pondrá el foco en la recuperación de combustibles sólidos o los relacionados con la cadena de valor de la biomasa.

Se busca, igualmente, fomentar las industrias tradicionales, como el sector de la madera y el mueble. En esta área, se persigue mejorar sus canales comerciales y logísticos, modernizar sus factores productivos y promover la formación y capacitación de las personas trabajadoras. De igual modo, se deberá afrontar su transición ecológica y digital o la certificación de sus productos, sistemas y empresas.

Por otro lado, esta estrategia de trabajo contempla dinamizar el sector del frío industrial y climatización, fomentando el desarrollo de su cadena de valor, la colaboración entre las empresas, la homologación y certificación de sus productos o su digitalización. También explorará las sinergias y colaboración con otros sectores como el de la distribución de alimentación, de la salud y bienestar de las personas, la depuración y tratamiento del aire o la producción de agua.

Asimismo, se apoyará la automatización, desarrollo y aplicación de tecnologías TIC en la industria, en la construcción y en área del equipamiento militar, haciendo especial hincapié en las oportunidades ligadas a la futura base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Igualmente, se prestará atención a las propuestas de emprendimiento agroecológico, creación de viveros de empresas o de digitalización del sector agrario, así como a iniciativas asociadas a la sostenibilidad y economía circular de la industria del metal. A ello se suman medidas de apoyo a la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en particular las de la población del Valle del Guadiato.

Plan Territorial de Transición Justa en Almería

En el caso de la provincia almeriense, la dotación presupuestada para su Plan Territorial asciende a 51,8 millones y su puesta en marcha supondrá la creación y mantenimiento de 6.200 empleos. Tendrá impacto sobre 300 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco grandes proyectos estratégicos.

El instrumento identifica como sectores especialmente afectados por la transición ecológica las actividades de producción cementera, la de piedra natural y el mármol, la agricultura de alta productividad, así como las instalaciones industriales de transporte, logística y almacenamiento, sobre todo, las relacionadas con los puertos de Carboneras y Almería.  

En Almería se cuantifican 20.000 trabajadores industriales, de los que unos 5.000 están ligados al carbón, al cemento y al mármol y piedra natural. Precisamente, en este sector se presentan importantes retos de sostenibilidad ambiental, economía circular y modernización, incluyéndose inversiones en regeneración y rehabilitación de terrenos, preservando la identidad de las comunidades mineras, salvaguardando y reforzando el patrimonio minero material e inmaterial, incluida su cultura.

Esta herramienta establece que la provincia dispone de otras oportunidades de desarrollo económico, vinculadas a la industria agroalimentaria, en concreto en automatización de invernaderos; a la construcción industrializada, a la industria extractiva no energética (piedra natural y mármol), y al desarrollo de actividades turísticas, de la naturaleza o culturales. De igual modo, se identifican potencialidades en el área de las energías alternativas (solar e hidrógeno verde) y captación y uso de CO2, en la economía circular (cadena de valor de la biomasa agrícola, biocombustibles y subproductos plásticos invernaderos) y en la descarbonización del transporte. 

El Plan Territorial de Transición Justa en Almería considera relevante el apoyo mediante incentivos a las grandes firmas o pymes interesadas en realizar inversiones productivas. También apuesta por fomentar el papel tractor de las grandes industrias, por el desarrollo industrial y logístico, así como por la creación, atracción o localización de empresas en la provincia almeriense.

El documento incluye propuestas que ahondan en las sinergias entre empresas y entornos colaborativos. Otras acciones contempladas apuntan a la ruta hipocarbónica del cemento. El fomento de proyectos de investigación, innovación o desarrollo tecnológico, así como la mejora de espacios productivos y empresariales son otras de las líneas de trabajo apuntadas.

En Almería se cuantifican 20.000 trabajadores industriales, de los que unos 5.000 están ligados al carbón, al cemento y al mármol y piedra natural.

Plan Territorial de Transición Justa en Cádiz

En la provincia de Cádiz, la Consejería de Transformación Económica ha estimado que la ejecución de las actuaciones recogidas en su Plan Territorial de Transición Justa alcanzará a 200 empresas, conllevará crear y mantener 9.500 empleos y llevará asociado el impulso de seis grandes iniciativas de gran calado. La dotación global destinada a este instrumente se cuantifica en 69,6 millones de euros.

El tejido industrial de Cádiz, que da empleo a 27.663, está conformado por importantes sectores que están inmersos en pleno proceso de transformación ecológica. Entre ellos, destacan las actividades portuarias, químicas, metalúrgicas, de biocombustibles, de gases industriales, cementera, metalmecánicas, aeronáuticas, de construcción o reparación naval, así como otras de transporte y logística de gran interés. Todos estos segmentos, considerados tractores de la economía regional en muchos de los casos, podrían obtener, según se recoge en el Plan Territorial, recursos del Fondo de Transición Justa.

El documento plantea que la reconversión más inmediata de la actividad petroquímica pasa por combinar diferentes rutas alternativas, entre las que se encuentran el hidrógeno, la captura y uso de CO2, así como el uso de materias primas bajas en carbono. En este proceso, común al de las otras industrias de la provincia, se evidencia la necesidad de implementar tecnologías ya desarrolladas e impulsar la I+D+I.

Asimismo, las empresas del Campo de Gibraltar se enfrentan a los desafíos de la transición ecológica, al tratarse de medianas o grandes compañías emisoras de gases de efecto invernadero o intensivas en el uso de recursos. Esas exigencias también se aplican a su industria auxiliar y a todos los agentes de la cadena de valor.

Por otro lado, para el sector de la construcción y reparación naval en la Bahía de Cádiz resulta imperiosa la mejora de su competitividad, en un contexto de alta competencia internacional. La industria aeroespacial está sufriendo en la provincia una importante transformación, en la que se apunta al uso de los combustibles alternativos no fósiles SAF en la aviación.

El Plan Territorial considera relevantes el apoyo mediante incentivos a las grandes firmas o pymes interesadas en realizar inversiones productivas. También apuesta por fomentar el papel tractor de las grandes industrias, por el desarrollo industrial y logístico, así como por la creación, atracción o localización de empresas, en colaboración con otras ubicadas en Cádiz. El documento incluye propuestas que ahondan en la expansión internacional, en la integración de los mercados y en las sinergias entre empresas y entornos colaborativos. Se apoya el papel de Cádiz como proveedora de soluciones de mayor sostenibilidad ambiental y valor añadido en los sectores petroquímico, transporte, energético, naval, offshore, aeroespacial, construcción, automoción o de la economía azul, entre otros.

 

17.500 millones del Fondo de Transición Justa  

La dotación económica del plan para las tres provincias procede del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que cuenta con 17.500 millones de euros para brindar apoyo a aquellas regiones comunitarias que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de efecto invernadero y, por tanto, se ven más afectadas por las directrices europeas de transición ecológica. De ese instrumento comunitario, a España se le ha asignado un volumen de 868,7 millones.

Entre las regiones susceptibles de beneficiarse de las ayudas, la Comisión Europea, en su informe del Semestre Europeo 2020 para España, ya identificaba a las tres provincias andaluzas como destino preferente de intervención. El objetivo perseguido era priorizar las actuaciones en las zonas más directamente afectadas por el cierre de las centrales térmicas de carbón.