El contraste en los entierros de la Transición: el retorno clandestino de Alcalá-Zamora frente a los honores a Alfonso XIII

Un viernes de pleno agosto de 1979 un barco regular atraca discretamente en el puerto de Barcelona. Sin autoridades ni prensa, un coche fúnebre anónimo aguarda en el muelle para trasladar los restos del expresidente republicano Niceto Alcalá-Zamora, nacido en Priego de Córdoba y repatriado desde Argentina, por carretera hacia Madrid.

Cinco meses más tarde, en enero de 1980, la fragata Asturias de la Armada española fondea en aguas de Cartagena. Los restos de Alfonso XIII regresan desde Roma exactamente al mismo muelle desde el que partió al exilio en abril de 1931. 49 años después de la salida del rey, se realiza un complejo trasbordo del féretro a un patrullero. En tierra esperan su hijo Juan de Borbón y las cúpulas militares.

Esta es la crónica y sus consecuencias de dos entierros de jefes de Estado durante una Transición asimétrica, temerosa de sus propios símbolos republicanos y democráticos. Una actitud que privó de reconocimiento público a su primer presidente constitucional. Aquella injusta disparidad de entierros, uno republicano y otro real, relegó al olvido la legitimidad civil de la República mientras ensalzaba con pompa la restauración dinástica.

“Supongo que hay que contextualizar el momento, pero era obvio que había que contentar a la parte que venía de ganar e intentaba entrar en otra situación”, opina el profesor prieguense Manuel Molina, experto en la obra literaria de Alcalá-Zamora. “Se podría entender que hubiera precaución por el devenir, pero los hechos nos muestran por sí mismos hacia dónde se pretendía ir”, añade.

Fue el propio Alcalá-Zamora, cofundador del partido Derecha Liberal Republicana (DLR), quien el 14 de abril de 1931 se reunió con un intermediario clave, el conde de Romanones. En dicho encuentro, el republicano, actuando con la autoridad del Comité Revolucionario, le transmitió un ultimátum tajante: el rey debía abandonar España antes de la caída del sol de ese mismo día si quería que el Comité pudiera garantizar su seguridad y la de su familia frente a las masas populares que ya celebraban el triunfo del republicanismo en la calle.

Alcalá-Zamora fue, por encima de todo, un demócrata. Llegó al poder sin privilegios de cuna, siendo el civil que por vías democráticas ejerció durante más tiempo la jefatura del Estado en la historia de España, en concreto durante la II República (desde diciembre de 1931 a abril de 1936). Su republicanismo conservador y católico buscó tender puentes de concordia y moderación para asentar la democracia. Murió despojado de sus bienes en la austeridad del exilio.

Su figura contrasta con la trayectoria de Alfonso XIII (cuyo reinado discurrió entre 1902 y 1931), quien representó un modelo dinástico absolutista, marcado por la corrupción y la quiebra constitucional al haber respaldado la dictadura de Primo de Rivera y conspirado en el exilio con potencias fascistas para derribar la legalidad de la Segunda República, y acabar apoyando el golpe militar de Franco.

La paradoja de los retornos a España de los restos de ambos mandatarios radicó en cómo una democracia recién recuperada decidió esconder al que había sido su anterior jefe de Estado legítimo, mientras desplegaba todos sus recursos oficiales, militares y económicos para honrar al monarca que había abandonado el trono tras violar su juramento constitucional y respaldar una dictadura.

El laberinto político de la UCD y el temor del presidente Adolfo Suarez en plena Transición era el de “herir sensibilidades” en una democracia balbuceante que acababa de aprobar la Constitución. Desde 1977, el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa se opuso a la repatriación de Alcalá Zamora bajo el argumento de que traer a un expresidente legítimo “obligaría a rendirle honores de Estado”.

Tal era el temor que el presidente Suárez, tan legítimo y tan salido de las urnas como el propio don Niceto, llegó a preguntar dos años después: “¿Con qué bandera lo vamos a enterrar?”.

El contraste de la voluntad política se evidenciaba en que el Gobierno autorizaba un operativo millonario para Alfonso XIII, que incluyó traslados en helicópteros de las Fuerzas Armadas y la apertura de bases militares al público. Un entierro de despliegue nacionalcatólico y monárquico frente a otro marcado por la frialdad burocrática.

El entierro clandestino de Alcalá-Zamora tuvo lugar a las 9 de la mañana del 11 de agosto de 1979 en el cementerio de la Almudena. El gobierno impuso un cupo máximo de 15 personas y el cementerio les negó disponer de un sacerdote para rezar un responso a pesar de haberlo pedido con antelación, y a pesar de que era de todos conocido que el expresidente fue muy católico.

Otro presidente, el de Acción Republicana Democrática Española (ARDE), Eduardo Prada, denunció impotente el “absoluto secreto” del entierro frente al gran homenaje que sí se había permitido, por ejemplo, al socialista, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra en el 36, Francisco Largo Caballero en abril del 78.

A 400 kilómetros de Madrid, en Priego de Córdoba, pueblo natal del presidente republicano, las cosas no eran mejores.“La verdad es que el pueblo no participó de esa vuelta”, explica Molina, aunque sí lo hizo dos años antes, en 1977, “cuando se restituyó una placa en su casa natal, que había sido destruida a martillazos en 1936”.

Unos meses más tarde, la pompa regia de las exequias de Alfonso XIII fue posible mediante un dispositivo militar coordinado por aire y tierra el sábado 19 de enero de 1980. Un viaje fúnebre hasta El Escorial escoltado por el clero castrense y los jefes del Estado Mayor al que se sumaron los alcaldes del trayecto. Incluso el presidente socialista de la Diputación de Madrid llamó a la población a llenar las calles para recibir los restos del rey fallecido en Roma.

El entierro definitivo en el panteón de Reyes de El Escorial estuvo presidido por la familia real en pleno, con honores de la Guardia Real, salvas de ordenanza y un funeral solemne oficiado por el cardenal Tarancón.

El limbo de Alcalá-Zamora

Existen más motivos que logran explicar por qué el presidente republicano fue el gran olvidado del relato democrático. Su caída en desgracia comenzó en la primavera de 1936, cuando fue destituido de la Presidencia. En sus memorias y escritos acusó al Frente Popular de perpetrar un fraude masivo e irregularidades graves tras las elecciones de febrero de 1936, calificándolo como el “pucherazo más gigantesco” de la historia del sufragio en España.

A juicio del profesor Manuel Molina, este olvido confirma una realidad. “Este país ha sido de polarizaciones y la figura de Alcalá-Zamora es uno de sus mejores ejemplos. Para la derecha fue un traidor republicano, y hay que entender que el concepto república se identifica con izquierda; y para esta fue un señor de derechas y católico. Tampoco tuvo un gran partido detrás que lo reivindicase. No era, como dijo Unamuno, ni de los hunos, ni de los hotros”.

Don Niceto quedó en un limbo político e histórico. Demasiado de derechas para la izquierda, demasiado republicano para la derecha. Para la izquierda representó un freno que impidió llevar a cabo una verdadera revolución integral de la República (siendo etiquetado despectivamente como un “beato de misa diaria” o “señorito andaluz”). Para la derecha, el simple hecho de ser republicano hizo que no quisieran reivindicarlo, arrastrando además los prejuicios de la propaganda que lo tildaban de “rojo pervertido” o “masón”.

El golpe de estado lo pilló viajando con su familia por el norte de Europa. Al enterarse del levantamiento militar, decidió no regresar a España, algo que le salvó la vida. A pesar de ser un hombre de derechas y profundamente católico, su firme convicción democrática le convirtió en un objetivo de la represión acusado de “forjar la subversión roja” pese a sus profundas convicciones conservadoras. Uno de sus hijos murió en el frente republicano y otro fue afiliado al Partido Socialista. En contraste, su hija tuvo al general Queipo de Llano como suegro.

Al final, el régimen franquista terminó incautándole todos sus bienes, imponiéndole una multa de 50 millones de pesetas y retirándole la nacionalidad, dando comienzo a un largo y penoso exilio que lo llevaría finalmente a Buenos Aires.

No murió en una cuneta, pero fue una víctima más de la represión franquista. Falleció en el sofá gastado de un modesto apartamento en la avenida Las Heras y fue enterrado inicialmente en la Chacarita con dos puñados de tierra, una de los Pirineos y otra de Priego de Córdoba, metidas en el ataúd.

“Murió pobre por convencimiento”, en palabras del profesor Molina. “Creo que es uno de sus mayores ejemplos morales. Pese a que le requisaron todo su patrimonio y el dictador intentó que volviera, se negó hasta que en España hubiese democracia, pese a la situación de pobreza en que acabó”. Sus palabras fueron que el día que volviese lo haría “para recuperar su patria no su patrimonio”.

30 años después de su fallecimiento, en plenas vacaciones de agosto y con el mayor de los secretismos, sus restos llegaron a España. Molina denuncia la “desmemoria histórica” de la democracia, ya que parece que rendir homenaje a Alcalá Zamora se percibe como un acto políticamente incómodo para los sucesivos presidentes del Gobierno democrático.

“Creo que es una falta de ejercicio democrático que dos presidentes de izquierda (Zapatero y Sánchez) hayan visitado la tumba de Azaña en Francia, incluso la de Antonio Machado y nunca la del presidente de la Segunda República en Madrid. Igual que Aznar reivindicando a Azaña y ni una palabra para Alcalá-Zamora. De la Moncloa al cementerio de La Almudena hay 14 kilómetros para ir a depositar una flor en su tumba”, denuncia el profesor prieguense.

A pesar de que la aprobación de la Ley de Memoria Histórica a finales de 2007 abrió la vía legal para que las familias de las víctimas del franquismo reclamaran reparación moral, y de que los seis nietos de Niceto Alcalá-Zamora solicitaron formalmente un homenaje público al amparo de esta norma, Alcalá-Zamora murió con su nacionalidad sin retirar en Argentina, “una oportunidad perdida de honrarlo”, explica Molina.

“En 2013 el pueblo de Priego sufraga un busto y se instala en el Congreso, que hoy día está medio escondido en un pasillo. Lo más cercano al reconocimiento se realizó en 2021 por parte del secretario de estado de Memoria Democrática del PSOE con la entrega de un documento a sus nietas reconociendo su labor como presidente de la Segunda República y su contribución al desarrollo de los valores democráticos en España”, detalla.

Los especialistas llevan años señalando y haciendo pedagogía sobre que en España todavía existe una carencia de cultura histórica y política para comprender y aceptar que la República era una forma de Estado donde cabían, con total normalidad democrática, opciones conservadoras y de orden.

Quizás esta sea otra de las lecciones inacabadas de la Transición: la incapacidad del Estado para honrar a sus propios presidentes democráticos evidenciando cómo, en el espejo de 1979 y 1980, la Transición prefirió el silencio y el pacto de desmemoria antes que la asunción plena de su propia genealogía democrática y republicana.

95 años después de la proclamación de la Segunda República española, existe un sentimiento republicano en España, por mucho que el CIS no pregunte en sus sondeos sobre la monarquía desde la abdicación de Juan Carlos I. Pero una cosa son los sentimientos republicanos y otra muy distinta los partidos de este segmento, lo que hace preguntarse entre la utopía y la realidad del republicanismo en España.

Un movimiento que nació en la España del XIX como contestación al liberalismo. Sus valores eran muy ambiciosos en lo democrático, el bien común y la igualdad. Prueba de esa igualdad desde la base es el hecho de que don Niceto, aunque de familia terrateniente, fue uno de los pocos jefes de Estado de pueblo, y andaluz, que ha habido en España.

“Está en manos del profesorado de secundaria, visitar su casa-museo en Priego y explicar allí quién fue. Vienen institutos de fuera y algunos de Priego ni lo visitan”, sentencia Manuel Molina.