Casi 470 personas fallecieron en Córdoba en 2022 esperando las ayudas de la Dependencia
Casi 470 personas han fallecido en Córdoba durante 2022 esperando la resolución de su expediente para recibir las ayudas de la Ley de Dependencia. Esta cifra la ha dado a conocer la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) gracias a unos datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. En los últimos cinco años, en esta Comunidad Autónoma han fallecido 27.600 personas de las que 4.055 murieron durante el pasado 2022.
Por provincias, Sevilla es la que presenta el dato más elevado, con1.066 personas, y le siguen Cádiz, con 673; Málaga, con 654; Córdoba, con 468; Granada, con 369; Huelva, con 342; Jaén, con 326 y Almería, con 157.
A febrero de este año, y según datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), un total de 86.096 personas se encontraba en lista de espera de Dependencia en Andalucía y el tiempo de resolución de un expediente era de 526 días, el tercero mas alto de España, sólo superado por Canarias, con 725 días, y Murcia, con 544. El tiempo medio de espera en España se sitúa en 319 días y el tiempo máximo marcado por ley es de 180 días. La FOAM denuncia que la aportación propia de la Junta de Andalucía para financiar la dependencia se ha visto reducida en los presupuestos de 2023 un 14,97% de lo destinado en 2021. Sobre el Pacto Social y Económico anunciado por la consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, la federación ha denunciado que “de los 9.000 millones de euros, ni uno irá destinado a evitar que mas de 11 andaluces sigan muriendo diariamente en las lista de espera de dependencia”.
Tal y como apunta la FOAM, “la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.
El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, “en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad”, concluyen desde la FOAM.
1