Los sindicatos exigen al Gobierno la restitución de las 35 horas semanales

Supone un paso atrás para los empleados públicos, pero también para el resto de la sociedad. La merma en los servicios y la pérdida de puestos de trabajo son otras dos consecuencias de la decisión que meses atrás tomara el Ejecutivo de Rajoy. Ésa es al menos la situación según los representantes de los sindicatos que forman parte de la Mesa General y que este martes llevaron a cabo una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. El motivo de la cita no era otro que la exigencia de la restitución definitiva del derecho de las 35 horas semanales para el sector público de Andalucía, un derecho que quedó aprobado por parte de la Junta y que hoy por hoy no está en marcha. Un recurso del propio Gobierno central contra esa medida, así como la aceptación del mismo por parte del Tribunal Constitucional, conllevó la suspensión cautelar de un Decreto Ley que para CCOO, UGT y CSIF es esencial.

Precisamente esas tres organizaciones fueron las que realizaron la convocatoria y efectuaron la concentración a las puertas de la Subdelegación. Ése fue sólo un acto más de los muchos que desarrollan en torno a este asunto desde el pasado mes de julio. Sus representantes pusieron especial énfasis no sólo en lo que significa para los empleados públicos la decisión del Ejecutivo de Rajoy, sino también para la sociedad andaluza. Sin ir más lejos, Córdoba se arriesga a perder unos 800 puestos de trabajo -sin contar con la Educación, de forma que se llegaría a los 1.200- si se implantara definitivamente la jornada de las 35 horas semanales. Es la cifra de empleos que se generarían, tal y como señaló la secretaria general de CCOO en la provincia, Marina Borrego.

“Sólo queremos exigir a la Administración central que rectifique y dé marcha atrás al recurso constitucional que ha puesto contra las 35 horas semanales, que era un derecho que ya teníamos adquirido. Nos lo han conculcado cuando los empleados públicos no somos los culpables de la crisis, y sin embargo nos han utilizado para subsanar sus cuentas y hacer que el Gobierno tenga un dinero que no le pertenecía porque es nuestro”, expuso con claridad Borrego. La secretaria general de CCOO en Córdoba resaltó además que la suspensión cautelar de esa medida “ha supuesto una pérdida muy grande de empleo público y eso supone que el ciudadano no haya podido tener los servicios que realmente se tenían que prestar, a pesar del esfuerzo de los trabajadores públicos”. “Servicios que, en casos, son básicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales y que se han visto mermados por la falta de organicidad y organización de las propias administraciones públicas”, añadió antes de recordar que “la Junta de Andalucía también hizo unos recortes salariales a los empleados públicos para los que estamos exigiendo que haya restitución”.

En la misma línea se expresó con anterioridad el secretario de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Córdoba, Isaías Ortega, quien consideró que “el recurso hecho por el Gobierno y la suspensión cautelar es otro hachazo a los empleados públicos de Andalucía”. “Esto no tiene ninguna salida, nada más que la de la marcha atrás para poder restituir estos derechos, que ya estaban acordados y aprobados”, continuó. “Es verdad que es un perjuicio para los trabajadores en sus jornadas, en la conciliación de la vida familiar y laboral, pero también lo es en el número de puestos de trabajo que se van a perder, que son más de 7.000, y también para la sociedad, pues se merma la calidad del servicio que se presta y que merecen los ciudadanos, que debería ser del 100% y no con sobrecargas de trabajo como hasta ahora”, explicó además Ortega, quien incidió por otro lado en que UGT va a mantener otras reivindicaciones. Como puede ser, por ejemplo, “la recuperación del poder adquisitivo, que se lleva perdido casi el 30%, y por supuesto el desarrollo del Estatuto de los empleados públicos, que se ha ido modificando por parte del Gobierno y todo ha sido para recortar derechos”.

Acerca de la cifra de empleos públicos que se perderán, según los sindicatos, con la suspensión cautelar de las 35 horas semanales, hubo un dato más amplio. Lo ofreció la presidenta de CSIF en Córdoba, Dolores Navajas, quien apuntó que “la implantación de este derecho ha generado una horquilla de unos 7.000 a 10.000 empleos, que en una economía como la andaluza es muy importante”. De ese dato, hay que extraer el referido a la provincia, en la que en efecto, como ya se mencionó, serán unos 800 puestos de trabajo los que dejen de crearse. Navajas indicó que éste “es un derecho que no se está reconociendo ahora, sino que se tenía anteriormente y con la crisis se quitó” y destacó que “reactiva la economía, puesto que se generan puestos de trabajo”. “También los servicios públicos se van a beneficiar, y sus usuarios, que los van a percibir con más garantías de calidad”, dijo al igual que sus compañeros de CCOO y UGT. “Pedimos al Gobierno de Rajoy que no machaque más a los trabajadores públicos, máxime cuando se está planteando que en los próximos Presupuestos se incluya la instauración de las 35 horas en toda España. El Gobierno debería recapacitar, y mientras no lo haga vamos a estar denunciando y reivindicando este derecho”, concluyó la presidenta de CSIF en Córdoba.