Siete organizaciones piden un programa que garantice la educación de menores de zonas empobrecidas

Siete organizaciones sociales de Córdoba (Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanas Rumanas, Acisgru, la delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, La Asociación Barrios Ignorados, la Asociación por la Igualdad y Desarrollo Social AID, el Colectivo de Mujeres con Solera, la delegación de Migraciones de la Diócesis de Córdoba y la ONG Intered) han pedido a las administraciones locales, provinciales y autonómicas responsables de educación y de asuntos sociales, que garanticen el derecho a la educación de todos los niños de Córdoba, “con independencia de su origen, barrio o situación económica de su familia”.

En un comunicado, estas entidades informan de que un alto porcentaje de la población escolar de Córdoba residente en barrios empobrecidos como Moreras, Palmeras, Polígono Guadalquivir, Sector Sur, Ciudad Jardín, Margaritas, entre otros, “está siendo condenado a la cadena perpetua de la exclusión y a una vida en precariedad”, dado que no tienen acceso a seguir el curso de manera digital por no disponer de acceso a internet o de ordenador.

Así, denuncian que las autoridades educativas no han previsto que el alumnado carente de recursos pueda recibir el equipo informático o se le garantice el acceso a internet para seguir con su aprendizaje y “han supuesto que todas los padres tienen la formación y las estrategias y pueden ayudar a sus hijos e hijas a hacer las tareas que se mandan por WhatsApp y que se descargan mientras les duran los datos del móvil compartido”. “No han previsto cómo compensar la tarea asesora que el profesorado hace con sus alumnos y alumnas en clase y que no puede hacerse desde la educación a distancia”, señalan.

Esta situación se agrava, destacan, en la población inmigrante de origen no latino, que desconoce el idioma, que “verá abrirse ante sus hijos e hijas el abismo que los separa de sus compañeros con recursos materiales y familiares que les permite el seguimiento de sus estudios”, así como en los niños y niñas de asentamientos chabolistas de la periferia, que, en su opinión, “están siendo ignorados”, lo que “acrecienta el riesgo de mantener el rol social de sus padres o madres: chatarreo o mendicidad en la puerta de iglesias y supermercados”.

A juicio de los colectivos, las autoridades competentes “no han asumido la responsabilidad de anticiparse al desastre de cerrar los centros educativos un viernes analógico e iniciar la enseñanza un lunes digital”.

Ante esta situación, estos colectivos están descargando y fotocopiando los materiales que envían los centros educativos o atendiendo las dudas de los menores de estos barrios a través de videollamadas, al tiempo que observan cómo el Covid-19 y “la mala gestión de la situación sobrevenida” incrementará la brecha que separa a la población empobrecida del resto de la ciudadanía, y “llevarán al abismo de la exclusión a los de siempre, mientras que los otros de siempre que gozan de buena posición, sufrirán solo daños colaterales y temporales”.

“Será especialmente acuciante, explican, entre la población con trabajos precarios o sin contrato y, por tanto, sin derecho a la prestación por desempleo, al verse en la calle por el cese de la actividad económica. Por no hablar de quienes vivían de la recogida de chatarra o de cartones o de quienes sacaban el pago del alquiler de su piso de 40 metros cuadrados de la venta en semáforos”, concluyen.