La Seguridad Social exige al Ayuntamiento 228.000 euros por el caso Adsam

El Ayuntamiento de Córdoba va a ir a los tribunales para evitar abonar algo más de 228.000 euros en concepto de impagos de la Asociación para la Defensa de la Adolescencia y Menores (Adsam) a sus trabajadoras. Adsam fue durante más de 20 años una subcontrata de la Delegación de Servicios Sociales que trabajaba con menores en riesgo de exclusión.

En mayo, la Tesorería de la Seguridad Social detectó presuntas irregularidades en la situación laboral de las trabajadoras. Así, concluyó que las contratadas por Adsam suponían una especie de “cesión ilegal” de mano de obra al Ayuntamiento. Por eso, la Seguridad Social consideró finalmente que Servicios Sociales era responsable civil subsidiario de impagos de Adsam por valor de alrededor de 228.000 euros a las trabajadoras y obligaba al Ayuntamiento a abonarlo.

Por supuesto, el Ayuntamiento recurrió. Pero ahora, la Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento de que su requerimiento de anulación de ese pago ha sido desestimado. Por eso, se prepara para emprender la única salida que le resta: los tribunales. Así, se va a acordar que la Asesoría Jurídica municipal adopte medidas judiciales contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Es el paso previo a interponer un recurso contencioso administrativo.

La causa comenzó en verano de 2016, cuando la Inspección de Trabajo visitó a la Delegación de Servicios Sociales y a las trabajadoras de Adsam. En un informe concluyó que su implicación era tal, que definió a este grupo de mujeres como una especie de “cesión ilegal” dentro del área. Es decir, trabajaban como funcionarias sin serlo. Además, consideraba que Servicios Sociales era responsable civil subsidiario de impagos de Adsam por valor de alrededor de 228.000 euros y obligaba al Ayuntamiento a pagarlo.

Desde hacía más de dos décadas Adsam había venido prestando una serie de servicios al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, merced a un pliego de condiciones ganado por esta asociación. Hasta este verano, trabajaban en esta entidad siete mujeres contratadas como educadoras familiares más una octava que había venido prestando tareas de sustitución los últimos dos años. Todo terminó en junio, cuando el Ayuntamiento decidió sacar un nuevo pliego para el que podrían aspirar la propia Adsam y todas aquellas entidades que lo deseasen. En ese momento, la empresa decidió despedir a sus trabajadoras.

Fue en ese momento cuando seis empleadas de Adsam iniciaron otro camino judicial para ser admitidas como trabajadoras municipales por las décadas de servicios prestados. “Hemos pasado de ser imprescindibles a ser unas denostadas. Ahora nos han dejado completamente desamparadas después de tenernos un año sin saber qué querían de nosotras o qué iba a ser de nosotras”, concluyó este verano una de ellas.