El represaliado de la 'Velá' pide que se investigue a la Policía

El joven se apoya en la sentencia del juez que dijo que su identificación policial adolecía “de las más mínimas garantías”

Enrique Casanova, el joven absuelto que fue acusado de agredir a un Policía Nacional durante la Velá de la Fuensanta de septiembre de 2011, ha pedido hoy, junto al recién constituido Grupo de Apoyo al Represaliado de la Velá, que se abra “una investigación judicial” para “investigar” los métodos de investigación que maneja la Brigada de Información de la Policía Nacional.

Casanova fue absuelto tras un juicio en el que se enfrentaba a una pena de prisión de entre ocho meses y un año, según las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular (representada por el propio policía). El juez consideró en su sentencia que no ha quedado probada su participación en los hechos y porque, además, “la identificación del acusado en sede policial adolece de las más mínimas garantías”, pues, “más allá de que no se haya explicado muy claramente cómo se llega a establecer la filiación del acusado, lo cierto es que ya de por sí la identificación viene viciada cuando se recoge de unas imágenes aparecidas en prensa, que sirven claramente de referencia al agente y que, en todo caso, tampoco pueden fijarse en el tiempo si son anteriores o posteriores al incidente”.

Durante el juicio, el jefe del dispositivo policial reconoció a preguntas del abogado defensor que se identificó al supuesto agresor por una fotografía publicada en un periódico local. “La Brigada de Información [de la Policía Nacional en Córdoba] tiene una serie de datos y por ahí se le conoce”, insistió este agente a preguntas del abogado. “La Brigada tiene varias fotos… Hay una unidad que se dedica a conocer… a personas que se mueven en estos movimientos”, admitió.

Según el Grupo de Apoyo al Represaliado de la Fuensanta, “la propia policía reconoció durante la vista del juicio la existencia de información sobre activistas que es la que les permite realizar este tipo de identificaciones irregulares”. Por eso, “pedimos que se abra una investigación judicial para investigar esta práctica, al parecer habitual y, sin embargo, contra todo derecho”.

Este colectivo va más allá y denuncia que “el caso de la Velá no es único. Existen en este momento 30 expedientes administrativos abiertos por participación en concentraciones no comunicadas sin que haya mediado, en ninguno de ellos, ni identificación ni alteración del orden público. Y hay también varios procesos judiciales abiertos por participación en manifestaciones autorizadas, concretamente en la última huelga general”.