Una quincena de pueblos se suman al plan antidesahucios

Córdoba es la provincia andaluza con más ayuntamientos adheridos a este programa impulsado por la Consejería de Fomento

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 15 municipios de Córdoba el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento creado por su departamento que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Estas nuevas adhesiones incrementan la cifra de ayuntamientos que apoyan esta iniciativa hasta los 86, de los cuales 22 corresponden a la provincia de Córdoba.

Concretamente, los ayuntamientos cordobeses que hoy se han sumado a esta iniciativa para defender el “derecho humano a la vivienda”, como lo ha descrito la consejera, son Espiel, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, La Granjuela, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, Villaharta, Palma del Río, Posadas, Fuente Palmera y Almodóvar del Río. Con anterioridad han rubricado su participación los municipios de Belmez, Baena, La Rambla, Doña Mencía, Priego de Córdoba, Puente Genil y Castro del Río.

Para Elena Cortés, el apoyo que cada vez más ayuntamientos andaluces están expresando al sumarse al programa “demuestra que estos alcaldes quieren estar al lado de las víctimas de la crisis para darles soluciones a las familias que se han visto gravemente dañadas por un sistema que ha pisoteado el derecho a la vivienda”. La consejera ha recordado que además de los ayuntamientos se han unido al Programa la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Diputación de Huelva.

“Este creciente bloque institucional andaluz”, ha añadido la consejera, “demuestra que en Andalucía existe un convencimiento político de actuar de otra manera”. Cortés ha señalado que la “histórica” sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea “debe marcar un punto de inflexión”. “El Gobierno debe decidirse ahora entre unas leyes que blindan privilegios de las entidades financieras o una sentencia que garantiza los derechos de los ciudadanos”, ha señalado Cortés, que ha recordado que, con esta sentencia, las oficinas disponen de “una herramienta muy poderosa para paralizar desahucios”.

Por ello, ha recordado que las oficinas del programa “seguirán trabajando con y para que las familias no pierdan sus casas y ahora le daremos a conocer esta sentencia, que viene a reconocer sus derechos a tener una vivienda sin tener que soportar cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que sólo salvaguardan los intereses de las entidades financieras”. “Esta forma de entender la vivienda como derecho y no como mercancía es lo que cimienta el trabajo diario de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda”, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, del 8 de octubre del pasado año al 25 de enero, evitaron 969 desahucios en toda Andalucía.

RESULTADOS EN CÓRDOBA

Durante los primeros tres meses y medio de funcionamiento, la oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Córdoba (acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y con sede en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda) evitó 84 desahucios. según informa la Junta a través de una nota de prensa.

En total la oficina tramitó 107 expedientes, de los que 16 correspondieron al ámbito de la prevención, 84 al área de la intermediación y 7 a la de protección.

En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Estas 16 familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente la amenaza del derecho a la vivienda.