El PP de Pozoblanco busca desligar la expulsión de su edil del caso del 'joven intruso' y el alcalde habla de “decepción”

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba celebró anoche una de sus sesiones más insólitas de sus últimos mandatos. Tras la decisión de cese y expulsión de Gerardo Arévalo del grupo municipal del PP, el edil se ha convertido en un concejal no adscrito y ha pasado a ocupar la bancada en la que se sientan los dos representantes de IU, Natalia León y Emmanuel Vioque, y el resto de concejales del grupo municipal popular. Aunque el Pleno abordó cuestiones de índole local, buena parte del mismo estuvo relacionada con cuestiones relacionadas con la comisión de investigación que investiga el caso del joven que cobró sin ir a trabajar y con la pretensión del PP de querer desligar este proceso con las medidas disciplinarias que ha efectuado contra Arévalo, a quien el alcalde, Santiago Cabello, calificó como una “gran decepción”.

Antes de entrar en el caso que ha sacudido al Ayuntamiento pozoalbense, este edil, que sigue perteneciendo al PP y a quien aún hoy no se le ha sido notificada su expulsión -que la conoce por los medios de comunicación-, presentó una moción de urgencia para que el Pleno tomara conocimiento de su condición de concejal adscrito y poder participar en todas las comisiones informativas y de investigación que se desarrollen en el Ayuntamiento. El secretario del Pleno aseguró que no había que llevar a cabo ese procedimiento, ya que tener voz y voto en dichas comisiones “son derechos inherentes” a su condición de concejal no adscrito. Sin embargo, el artículo 124 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación a las comisiones, recoge que “su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente”.

Tras ello, la portavoz de los populares -Anastasia Calero, a respuestas de preguntas de la oposición, volvió a insistir en que la expulsión de Arévalo no tenía nada que ver con el caso del joven intruso, sino que responde a la “falta de confianza tras comprobar su actitud desde que entró en junio”. Calero tachó al edil de tener “ambiciones políticas” e, incluso, de “justiciero porque el sillón quiero”. Además, aseguro que Arévalo habría cometido “faltas de respeto” y que no sabría “trabajar en equipo”. Cabello emplazó al edil a que “explicara a todo el pueblo” esos supuestos comportamientos. Desde que el concejal entrara a formar parte del equipo de gobierno y hasta día de hoy no cuenta con ningún expediente disciplinario, pese, incluso, a la existencia de un supuesto acoso por su parte hacia la secretaria particular del alcalde y madre del joven implicado en el caso que se investiga. El Ayuntamiento tampoco abrió en su momento ningún expediente sobre este supuesto acoso.

El tono entre los diferentes portavoces fue bronco en todo momento, con acusaciones por parte de Calero, que aseguró que IU y PSOE estarían “usando” a Arévalo. “Es muy fácil subirse al carro. Esta situación pasará y llegará un momento en el que a ningún de vosotros [en relación a los portavoces de la oposición] os interese” la figura de este concejal, a quien, aseguró, estarían cargando de “victimismo”. El edil popular Agustín Cantero también salió en defensa de las decisiones adoptadas por su grupo, esgrimiendo también que “Gerardo [Arévalo] no estaba desempeñando las funciones” que debería.

Bajo su condición de concejal no adscrito, el edil puede ahora hablar en todos los Plenos y realizar preguntas, como las que hizo anoche: por qué el alcalde no ha iniciado un proceso de devolución de cantidades, cómo se formuló la orden para dar de alta al chico -si fue verbal o escrito-, y por qué en las decisiones de los actuales procesos de estabilización de empleo no excluye a los funcionarios “por propia higiene” democrática. Sin embargo, el alcalde no respondió a las dos primeras preguntas y se limitó a repetir el discurso de la rueda de prensa del pasado 29 de enero. Siguió sosteniendo que él quiso que se solucionara la situación y que, por ello, emitió tres requerimientos. Este periódico ya publicó que dichos documentos -fechados entre febrero y marzo de 2023- fueron tendentes a aclarar el proceso de selección de un integrador social, no a que el joven dejara de cobrar, tal y como venía haciendo desde diciembre de 2022.

En su intervención, Cabello recriminó también al exconcejal de Personal que durante sus siete meses en el cargo “no ha impulsado absolutamente ninguna plaza de estabilización” y que en 15 días él ya ha puesto en marcha “ocho”. En varias ocasiones, tal y como ha podido comprobar este medio, Arévalo solicitó al regidor más personal para su concejalía, ya que la falta del mismo ralentizaba todas las tareas.

Sobre el caso del joven intruso, el alcalde volvió a sostener que el edil pagó “las nóminas” del chico, aunque, según la documentación que posee este medio, solo firmó la última, emitida el 30 de junio, tres días después de ocupar el cargo. En el comunicado de prensa remitida a los medios de comunicación, Arévalo afirmó que con tan poco tiempo en el Ayuntamiento desconocía quiénes eran cada uno de los trabajadores que cobraban del Consistorio.

Cabello también se refirió al escrito que el edil remitió al joven para que devolviera las cantidades y se refirió que el secretario del Ayuntamiento redactó un informe el 29 de enero -día en que ofreció la única rueda de prensa que ha dado sobre el caso- que aseguraría que ese procedimiento no cumple con la legislación vigente. “Habla de legalidad y es el primero que no da ejemplo y no la cumple”, afirmó Cabello, sentenciando que Arévalo no habría abierto el expediente administrativo previo de reintegro que diera audiencia al interesado.

Sin embargo, en dicho escrito, el edil solicitó al joven que, “ a la mayor urgencia posible”, aclarara por qué había faltado a su puesto de trabajo como integrador social y que, en el caso de que no hubiera causa legalmente establecida, que contactara con el personal técnico del Ayuntamiento para la devolución de las cantidades incorrectamente percibidas.

Entre los documentos a los que se ha referido el alcalde, ha hecho mención a uno formulado el 10 de enero -mismo día en que este medio contactó con él, asegurando que desconocía el caso en cuestión pese a que había formulado casi un año antes tres requerimientos- dirigido al secretario del Ayuntamiento y el departamento de Recursos Humanos para que se hiciera “un informe detallado y el inicio de un expediente administrativo de carácter informativo o de la índole que fuera necesario. Este mismo día, Cabello pidió a Arévalo su dimisión una vez que este medio contactó con ambos. Este medio ha intentado conocer el contenido de ese documento, aunque sin éxito.

En su turno de réplica, el edil espetó al alcalde que no había respondido a dos preguntas clave y le recriminó que tome “por tontos ” a los ciudadanos y “el poco respeto que le tiene a la verdad y a la honestidad”. Además, emplazó al público y a los vecinos de Pozoblanco a que pregunten a los funcionarios “a ver si es verdad que yo no trabajo, que he tenido problemas con los trabajadores o esas barbaridades que dice para tapar un posible caso de corrupción”.

En el Pleno también se dio cuenta también de la nueva composición del grupo municipal del PP, que no varía a excepción de la ausencia de un concejal por la expulsión de Arévalo, y de la Mancomunidad de Los Pedroches-Caminos, donde el mismo ocupaba un puesto de representación que ahora será desempeñado por Agustín Cantero. El alcalde finalizó asegurando que el edil había sido una “gran decepción” y emplazó al PSOE a que se fuera “donde tenga que ir”, en relación a la denuncia del caso, asegurando que, si no, iría el PP “por injurias, calumnias, insultos, descalificaciones y amenazas”.

Actualmente, las delegaciones que ocupaba Arévalo continúan siendo desempeñadas por el alcalde.