El PP se pone de perfil ante la crisis abierta en el Ayuntamiento de Pozoblanco

Desde que el 11 de enero se conociera públicamente que el Ayuntamiento de Pozoblanco había pagado durante cinco meses y nueve días al hijo de la secretaria del alcalde, sin ir a trabajar, el Consistorio de este municipio del norte de Córdoba entró en una vorágine marcada por el silencio, primero, y por una única rueda de prensa y comunicados, después. Entre medias, anuncios de cese y expulsión del edil Gerardo Arévalo, que fue quien denunció lo que había ocurrido desde diciembre de 2022 a junio de 2023. Y, sin duda, un silencio que llama la atención de quien dependen todos los populares de la provincia: el PP de Córdoba.

El pasado lunes, el PP de Pozoblanco anunció la expulsión de Arévalo del grupo municipal. Pese a las acusaciones vertidas en el escrito, el PP provincial no ha echado del partido al edil. Ni tan siquiera le ha abierto expediente disciplinario, según ha podido conocer este periódico, que ha contactado con los populares de la capital para conocer su posición. Por el momento, han declinado hacer declaraciones sobre esta expulsión. En el pueblo, mientras tanto, los afiliados al PP quisieron conocer esta semana los hechos denunciados, trascendidos a la prensa nacional.

De hecho, fueron las acusaciones esgrimidas por el PP pozoalbense lo que llevó a Arévalo a difundir un comunicado en el que aseguró que el alcalde conocía todo lo concerniente a este caso, por lo que debía ser él quien tiene que presentar su dimisión. Durante dos meses, el regidor ha pedido al edil su dimisión en numerosas ocasiones, aunque el concejal siempre se ha negado.

Desde la fila de los populares de Córdoba, es cierto que el apoyo personal hacia el alcalde, Santiago Cabello, nunca ha sido claro y tajante. Públicamente, ningún alcalde o alcaldesa se ha pronunciado. Tampoco lo han hecho los regidores que forman parte de la Mancomunidad de Los Pedroches, donde Cabello es presidente. La única manifestación del PP ya suena a la prehistoria. Fue el 31 de enero, cuando el presidente del PP de Córdoba y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina, mostró su apoyo a la investigación aprobada por unanimidad en el Pleno de Pozoblanco un día antes, el 30 de enero. En esas declaraciones, Molina afirmó que el caso podría tratarse de “cuestiones internas” del partido, pero la base del mismo radica en la gestión del Ayuntamiento de Pozoblanco y de unos fondos europeos para promover el empleo juvenil. Tampoco se ha pronunciado hasta el momento la secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello.

El mismo día que el caso salió a la luz, Cabello anunció una investigación “interna”. El 29 de enero comunicó el resultado de la misma: una “cadena de incidencias” que hizo que el hijo de la secretaria del máximo responsable del Ayuntamiento cobrara sin trabajar. El cuestionamiento de dicha investigación por parte de la oposición -IU y PSOE- llevó a ambas formaciones a promover una comisión de investigación en la que poder estar representados todos los partidos del Consistorio. Aunque el alcalde se negó a ello en una comisión informativa previa, la petición fue llevada a Pleno por IU y los populares finalmente votaron a favor. Desde su creación, la comisión se ha reunido tres veces y el alcalde es el presidente. El Pleno del Ayuntamiento, donde el PP tiene mayoría absoluta, tumbó la recusación solicitada por la oposición, por lo que continúa al frente de la misma.

Quien no ha participado en ella desde el primer momento ha sido el concejal Arévalo dado que son los grupos municipales quienes deciden a sus representantes y el PP no lo eligió a él. Sin embargo, esta situación puede cambiar. Tras la expulsión del grupo municipal, Arévalo se ha convertido en un concejal no adscrito que puede estar presente en todas las comisiones, tanto en las informativas como en las de investigación, ya que se representa a sí mismo y no forma parte de ningún partido.

Además, IU ha reclamado por escrito al alcalde la comparecencia del edil en el transcurso de la comisión de investigación al tratarse del concejal que comunicó los hechos al regidor, a quien pidió que los resolviera, y quien solicitó al joven que devolviera lo cobrado, algo que por el momento no ha ocurrido. Ahora, el alcalde y presidente deberá decidir si tiene en cuenta o no esta petición. En el caso de llevarla a votación, hay que recordar que el PP también tiene mayoría en la comisión. Junto a esta petición, IU ha solicitado más documentación y ha formulado hasta siete preguntas sobre el caso.

La semana que viene volverá a reunirse la comisión y el 19 de marzo -se adelanta por Semana Santa- tendrá lugar el primer Pleno en el que Arévalo ya no estará junto a los que, todavía, son sus compañeros de partido. Todos han cerrado filas con Cabello y niegan cualquier tipo de crisis.