La Junta precinta varias edificaciones ilegales en la provincia de Córdoba

La Junta de Andalucía prevé frenar la construcción de varias parcelas y edificaciones ilegales en la provincia de Córdoba, según ha expuesto la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en el pleno del Parlamento este jueves. Asimismo ha señalado que las consecuencias de saltarse los precintos serán multas de 30.000 a 120.000 euros.

Según ha especificado la Junta ha frenado en los meses de junio y julio la construcción de 300 parcelas y edificaciones ilegales. El incremento de la labor inspectora, en palabras de la consejera, “está dando abundantes frutos”.

“No hay mejor forma de poner freno a las viviendas ilegales sobre suelo rústico que reaccionar con agilidad y paralizar la infracción en el primer momento de su comisión”, ha manifestado Rocío Díaz, que ha indicado que el Plan General de Inspección para el periodo 2023-2026 pone el foco precisamente en la prevención, dando más importancia a las medidas cautelares y el acto de precinto. 

La consejera ha relatado que fruto del trabajo de la inspección autonómica, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha conseguido precintar 300 parcelas y edificaciones ilegales situadas en los municipios de La Rambla (en Córdoba), La Línea de la Concepción, Chiclana, Paterna de Rivera, Barbate y Sanlúcar de Barrameda (en Cádiz), Brenes (en Sevilla) y Palos de la Frontera y Bonares (en Huelva). 

Además, ha avanzado que en las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras 100 edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba, de los que no se ha aventurado a dar más detalles para garantizar el buen fin de los operativos. Además, se han llevado a cabo labores de reprecinto en 184 parcelas y edificaciones precintadas en operativos anteriores.

La consejera ha destacado el giro que se ha dado a la labor inspectora gracias a los cambios legislativos promovidos por la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que “por primera vez atribuye competencia directa a la comunidad autónoma para reaccionar ante infracciones cuya incidencia trascienda el ámbito municipal”. “El objetivo es que nadie se salte la ley y nadie construya donde no puede hacerlo”, ha incidido. 

Al respecto, ha comparado los 300 precintos realizados en apenas dos meses con “casi la ausencia total de precintos y edificaciones en 2018, último año del ejecutivo socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados afectaron únicamente a 38 parcelas”.

Por último, la consejera ha indicado que en lo que va de año se han iniciado expedientes de protección de la legalidad que afectan a alrededor de 400 edificaciones y parcelas ilegales y se han levantado 450 actas en visitas de inspección al territorio. 

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha incrementado la labor inspectora consciente de que el urbanismo ilegal en suelo rústico provoca graves problemas sociales y ambientales, que van desde la contaminación y agotamiento de los acuíferos hasta problemas de seguridad y salubridad provocados por la falta de acceso a servicios de emergencia o incendios provocados por la mala calidad de los elementos constructivos.

Consecuencias de saltarse los precintos

El precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con posible multa de 30.000 a 120.000 euros.

Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional, mientras persista, puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros.

De otro lado, el incumplimiento de las órdenes de suspensión puede agravar las consecuencias penales de la actuación, puesto que la rotura del precinto y la continuación de las obras puede ser constitutiva de un delito de desobediencia que, en concurso con el delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo cometido por construir ilegalmente en suelo rústico, puede acarrear penas de cárcel para sus autores.