La antigua Beturia se vuelve a unir para no quedarse vacía

Antes de la conquista romana de la Península Ibérica había un pueblo que dominaba un territorio con muchas cosas en común entre los ríos Guadiana y Guadalquivir. Habitado por celtas y turdetanos, el paraje era conocido como Beturia, un lugar rico en minerales pero también muy fértil. Sus valles y sus llanuras se convertían en extensas dehesas donde se alimentaba el ganado, pero también eran parajes controlados por fieros soldados. La conquista de Roma dividió casi para siempre el territorio. Corduba se convirtió en capital de la Bética y su convento jurídico controló la Beturia de los túrdulos. El de Hispalis se quedó con el de los célticos. Aunque durante la dominación islámica se creó una cora propia, llamada Fahs al-Ballut (Llano de las bellotas), el lugar nunca volvió a tener una unidad. Hoy, la antigua Beturia está dividida en cinco provincias. Cuatro de ellas han decidido volver a unirse, pero con un objetivo: no convertirse en un paraje desértico más de la conocida como España vaciada.

Un total de 80 ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Ciudad Real (faltaría Huelva y una pequeña zona de Portugal para alcanzar a todo el territorio de la antigua Beturia) se constituyeron este lunes en plataforma en Hinojosa del Duque, en una asamblea fundacional. Estos ayuntamientos representan a día de hoy a unos 200.000 habitantes y también a pueblos que tienen muchas cosas en común, pero la más importante es una grave y alarmante pérdida de población. En su declive demográfico hay varias causas también comunes: la falta de oportunidades que ha provocado una enorme emigración que ha ido vaciando sus municipios. Estas comarcas siempre fueron ricas en ganadería y en minas. Las minas están hoy cerradas y muchas zonas no han encontrado una “reconversión” económica prometida durante muchos años. Sus ganaderos, además, también están sufriendo una crisis de precios sin precedentes, dejando sus producciones sin margen de rentabilidad y, por tanto, a un paso del cierre.

Los 80 municipios constituidos en la plataforma Provincia 51 corresponden a las comarcas de La Serena y Llerena en Badajoz, Los Pedroches y el Valle del Guadiato en Córdoba, el Valle de la Alcudia y Sierra Madrona en Ciudad Real y Sierra Morena en Sevilla. Sin haber sido desde hace 2.300 años un territorio administrativamente unido (más allá de formar parte del mismo país, está en tres comunidades autónomas diferentes) sus habitantes han seguido compartiendo destino económico, cultura, patrimonio y hasta un acento muy similar. Ahora han constituido una plataforma que busca desarrollar “un nuevo modelo de Estado” y “un nuevo modelo regional y provincial” que “potencie la España rural”.

En la antigua Beturia hoy no hay ni una capital de provincia. En Córdoba, por ejemplo, los mayores municipios son Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo, pero ninguno supera los 20.000 habitantes por si solos. Durante 2017, por ejemplo, 65 de los 75 municipios de Córdoba sufrieron pérdida de habitantes en sus censos. Aproximadamente, el 70% de los municipios andaluces (534) han perdido población con respecto al año 1960. La mitad de los municipios andaluces, 389, está perdiendo población en el siglo XXI, el 90% de ellos son municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. Hay pueblos del Guadiato como Belmez que está perdiendo un 5% de su población al año.

De hecho, la Comisión Europea ya tiene sobre su mesa un informe que señala que el Norte de la provincia de Córdoba corre riesgo cierto de acabar por convertirse en un desierto demográfico.

¿Qué piden estos municipios?

Ante una situación que va a más, estos 80 ayuntamientos se han unido para cambiar el modelo y comenzar a unirse para hacer más fuerza, y también para compartir problemas y soluciones. Los ayuntamientos piden al Gobierno que tome ya tres decisiones que aliviarán mucho su agilidad administrativa. La primera es modificar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en los municipios de más de 20.000 habitantes. Esta norma, muy garantista, ha retrasado enormemente cualquier iniciativa de la administración local y dificulta aún más el gobierno de los pueblos pequeños.

Además, reclaman una modificación en el reparto de los impuestos (el PIE) que el Gobierno entrega a los municipios. Así, reclaman que el peso de la población sea inversamente proporcional a la cantidad que reciben los municipios. A más pequeños, más dinero, básicamente. Además, también reclaman una norma que obligue a los bancos a no dejar sin oficina a los municipios, a que se pueda priorizar la contratación de personas de la zona y a un cambio en las normas urbanísticas para que en los pueblos no se apliquen leyes pensadas para ciudades.

La plataforma también pide un nuevo modelo impositivo y de Seguridad Social, con bonificaciones fiscales para los que vivan en estos municipios, para los empresarios que decidan iniciar una actividad en estos pueblos y para la contratación. También reclaman medidas económicas que favorezca una “ventaja competitiva” con respecto a las zonas urbanas a los gobiernos regionales y a las diputaciones.

Los 80 ayuntamientos inciden en otro problema endémico que sufren: un déficit energético donde la falta de inversiones hace que el sistema de suministro eléctrico que tienen sea muy deficiente. Y evidentemente la mala conexión a internet.

En cuanto a la cultura, reclaman que el programa del 1,5% cultural destinado a la restauración del patrimonio se dedique casi en exclusiva a estos municipios, ya que sin población no habrán quien conserve un patrimonio que es fuente de riqueza y de potenciales turistas. Por último, reclaman planes especiales de vivienda y otros de inversiones en infraestructuras por carretera y ferrocarril.