Los primeros testigos confirman el fraude en los cursos

Los testigos están declarando en la Comisaría de Campo Madre de Dios | MADERO CUBERO
La UDEF desarrolla en la provincia y en otras seis provincias más de Andalucía la segunda fase de la operación Edu, que en este momento está confirmando sus sospechas

En una semana, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que desarrollan la segunda fase de la operación Edu, que investiga el fraude en los cursos de formación impartidos con fondos de la Junta de Andalucía, ya han interrogado a 500 testigos en toda Andalucía (más de medio millar en Córdoba). Fuentes policiales han confirmado a este periódico que la inmensa mayoría están confirmando, punto por punto, lo que ya hicieron los primeros testigos que declararon cuando se investigó el expediente originario en Málaga: que hubo fraude masivo, que los cursos que se impartían no coincidían con lo que en principio ofertaban, que no recibían el material adecuado, que trabajaron en algunas empresas sin cobrar y que aquellos cursos que conllevaban un porcentaje de contratación posterior nunca cumplían con ese compromiso.

En total, está previsto que durante las próximas semanas la Policía Nacional interrogue a unos 600 testigos en Córdoba, todos alumnos de los cursos de formación, en siete provincias (todas menos Sevilla, que de momento se salva de la investigación). El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy metódico y sigue el mismo esquema que el que comenzó a desarrollar en Málaga. Así, primero se están llevando a cabo los interrogatorios a los alumnos, para continuar posteriormente con los profesores y acabar finalmente con los responsables de las empresas que impartían los cursos de formación, los funcionarios y los responsables de la Delegación Provincial de Empleo. Se investigan expedientes de cursos de formación impartidos entre los años 2009 y 2012. Los anteriores a 2009, en el caso en el que hubiese habido fraude, estarían prescritos.

En total, se han llamado a declarar a 600 alumnos en cada una de las provincias de Córdoba, Jaén, Almería y Granada. También está previsto que comparezcan otros 300 en cada una de las de Cádiz, Huelva y Málaga.

Mientras tanto, y también de forma paralela, prosigue la instrucción judicial. La pasada semana se celebró una cumbre de fiscales jefes de las ocho audiencias provinciales de Andalucía en Lanjarón (Granada). El objetivo no era otro que el de “unificar criterio” a la hora de desarrollar unas investigaciones que están en marcha en un total de 18 órganos judiciales, según han confirmado fuentes judiciales. Ocho de estos órganos judiciales se corresponde con cada uno de los juzgados de las ocho provincias andaluzas en los que la Policía Nacional ha dividido su trabajo. Los diez restantes son denuncias anteriores por fraude que ya se estaban investigando y también la causa que sigue la magistrada sevillana Mercedes Alaya, en una operación que en este caso desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta cumbre de fiscales fue convocada a instancias del fiscal general de Andalucía Javier García Calderón.

La investigación policial y judicial sobre los cursos de formación en Andalucía acaba de dar un inesperado giro de 180 grados. Según han confirmado fuentes policiales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que instruye la causa de los cursos de formación por orden de la juez Mercedes Alaya citó a declarar el pasado 4 de julio al actual director general de Formación Profesional para el Empleo, el malagueño Carlos Cañavate. Los agentes que dirigen la investigación se sorprendieron ante la absoluta colaboración que mostró Cañavate desde primera hora, lo que ha aligerado la nueva ‘macrocausa’ que dirige Alaya.

El papel de Cañavate está siendo un antes y un después para la investigación policial. Las fuentes consultadas aseguran que no se trata de un caso aislado, del testimonio concreto de un director general, sino que lo achacan a un cambio de actitud de todo el Gobierno andaluz que relacionan con órdenes al más alto nivel. En este sentido estaría la sorprendente publicación, por parte de la Junta, de una lista completa de las empresas que han recibido fondos para cursos de formación y que han sido exoneradas de justificar los gastos. El Gobierno andaluz también está reclamando el dinero percibido allá donde ha detectado irregularidades, como en la concesión de fondos, por ejemplo, al sindicato UGT.

Carlos Cañavate (nacido en Málaga en 1980) es director general de Formación Profesional desde octubre del año pasado. Su nombramiento se produjo poco después de que Susana Díaz alcanzara la presidencia del Gobierno andaluz. En su declaración, voluntaria aunque fue llamado a declarar por la Guardia Civil, Cañavate ha descrito la situación que encontró en la Consejería de Educación sobre la gestión de los fondos europeos de los cursos de formación. Según ha trascendido, Cañavate aseguró que la gestión de los mismos era “desastrosa”.

La opinión ante la Guardia Civil de este director general no difiere mucho de la tesis que han defendido hasta ahora los investigadores, tanto los del instituto armado como los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que otra investigación independiente a esta, pero cruzada. Esta hipótesis, confirmada por el director general Carlos Cañavate, sostiene que hubo un fraude generalizado debido a la ingente cantidad de dinero que llegó y que no fue justificado. Según Cañavate, la situación era tan “desastrosa” que la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad de revisar uno a uno miles de expedientes, optó por exonerar a las empresas que impartían cursos de formación ante el riesgo de que el sistema colapsase.

SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA

¿Significa esto que hubiese fraude en todos los cursos? No. Según la tesis de los investigadores y de la propia Junta de Andalucía, significa que hubo empresas que aprovecharon este “descontrol” y otras que hicieron los deberes. El trabajo está en separar ahora el grano de la paja, una tarea que ya ha iniciado la Junta de Andalucía, con la reclamación de la devolución de ayudas y a la que se va a poner manos a la obra la juez Mercedes Alaya. La propia magistrada sostiene que la documentación que ha solicitado a la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación (todos los que se impartieron desde 2001 hasta 2012, aunque los anteriores a 2008 hayan prescrito) supera los dos millones de folios.

Los agentes, sorprendidos por el cambio de actitud de la Junta de Andalucía, aseguran que a partir de ahora el trabajo es titánico. Mientras tanto, sigue avanzando la investigación de la UDEF, de forma paralela aunque no coordinada. Los agentes de la Policía Nacional han comenzado a investigar un segundo expediente en la provincia de Málaga, trabajan en Granada y han iniciado también pesquisas en otras provincias, como Córdoba. No obstante, muchos asumen que las diligencias acabarán en manos de la juez Alaya. El juez de Cádiz que instruyó y dirigió la detención del exconsejero Ángel Ojeda ha acabado inhibiéndose en favor de Alaya.

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