Piden el desalojo de 44 ancianos de una residencia sin condiciones de seguridad y salud

Un informe del Ayuntamiento de Lucena sobre la residencia de ancianos Nueva Aurora de esta localidad ha confirmado las condiciones que habían sido denunciadas sobre este centro y advierte de que la residencia “no reúne condiciones de seguridad y salubridad mínimas”, por lo que recomiendan el realojo de los 44 ancianos que actualmente ocupan el centro en un edificio adecuado.

La residencia privada concertada Nueva Aurora de Lucena, como adelantó Cordópolis, había sido objeto de denuncias por parte de familiares de una usuaria que habían llevado su queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, quien abrió una investigación al respecto sobre el centro por “carecer de permisos y licencias”. Ahora, el Ayuntamiento de Lucena ha realizado una inspección sobre el edificio y ha certificado las importantes deficiencias que sufre y que afectan a la seguridad y salubridad de los ancianos, que tienen distintos grados de dependencia física.

El informe elaborado por técnicos del área de Urbanismo del consistorio lucentino, al que ha tenido acceso este medio, se centra en el estado físico del inmueble que ocupa la residencia y que cuenta con 20 dormitorios y tiene ocupadas actualmente 44 plazas. Tras una visita al centro el pasado 23 de marzo, concluye que no tiene autorización para su uso como residencia y que “no reúne condiciones de seguridad y salubridad mínimas para dicho uso”.

“El inmueble no es apto en sus condiciones actuales para albergar el uso al que se destina, requiriendo de una rehabilitación integral para adaptarse a dicho uso. Se encuentran comprometidas la seguridad y salubridad de las personas alojadas, en especial las alojadas en planta segunda dado el mayor grado de dependencia física de las mismas”, argumentan los técnicos. Y, por eso, consideran que es “necesario proceder en el menor plazo posible al realojo de los mayores en un inmueble apto para la debida asistencia de los mismos y que reúna las debidas condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad necesarias, así como el cese de la actividad implantada” en el edificio actual.

Riesgo de incendio e instalaciones deficientes

En su visita, los técnicos de Urbanismo comprobaron que en la residencia existe “riesgo de incendio y peligro” por las instalaciones deficientes, que “no está garantizada la seguridad de forjados de planta ni la seguridad ni estanqueidad de la cubierta” y que “tampoco queda garantizada la seguridad de utilización y accesibilidad ni las debidas condiciones de ventilación” en la residencia de mayores.

En su examen del edificio, certificaron que existen “deformaciones” en los suelos,  “que pueden ser consecuencia de deformaciones de los propios forjados” y “pueden presentar peligro de caída, máxime dadas las características de movilidad reducida de los usuarios”.

Asimismo, sobre la cubierta del centro señalan que “es deficiente, con deformaciones, tejas sueltas y maleza” y que, aunque no presenta signos de peligro inminente, “las cubiertas no son aptas para cumplir las condiciones de seguridad estructural y de estanqueidad exigidas”.

Sobre la instalación de electricidad, los técnicos no han podido constatar “la existencia de proyecto de instalación ni certificaciones emitidas por los organismos competentes para su puesta en uso”. Además, aprecian una “mezcla de instalación moderna con antigua” y cómo desde el cuadro general eléctrico hasta los puntos de consumo “se desconoce la seguridad de la instalación”, observándose “cableados vistos por el exterior de las tabiquerías”.

En relación con la climatización del centro, se han instalado aparatos de aire acondicionado “sin un proyecto general para su propia instalación ni para la previsión de potencia y circuitos eléctricos necesarios y adecuados”.

Sin ventilación ni accesibilidad

El informe elaborado apunta también a las condiciones de ventilación de la residencia de ancianos y dice que “existen en la segunda planta estancias habitables sin ventilación natural y otras con escasa ventilación e iluminación”.

Además, la accesibilidad brilla por su ausencia en este centro dedicado a personas mayores con distintos grados de dependencia física. “El acceso desde el exterior no es accesible. Algunos itinerarios y recorridos de evacuación no son accesibles. Los baños no son accesibles”. describen los técnicos.

El listado sigue con la señalización contra incendios, sobre la que constatan una “señalización deficiente, evacuación deficiente y no accesible, instalación deficiente o ausente de extintores y de sistemas de detección de incendios y alarma”. Por todo eso, “no queda garantizada la protección ni evacuación de ocupantes, en gran parte dependientes físicos, ante el riesgo de incendio, riesgo que se acrecienta con la falta de garantía de seguridad de la instalación eléctrica”, advierten.

Sin autorizaciones ni documentación

Además, al margen del estado del edificio e instalaciones de la residencia de mayores, los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena señalan en su informe la falta de autorizaciones y permisos administrativos. “El uso y actividad implantado no cuenta con las debidas autorizaciones”. El informe municipal certifica que “no consta en este servicio (Urbanismo) autorización administrativa para el ejercicio de ninguna actividad en el inmueble”, lo que vendría a corroborar la investigación abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la carencia de permisos de esta residencia.

Y, además, tampoco consta “proyecto o documentación técnica descriptiva del inmueble y sus instalaciones y justificativa de la adecuación a la normativa vigente en materia de seguridad, habitabilidad y funcionalidad, por lo que no es posible verificar de forma pormenorizada el ajuste a dicha normativa. Tampoco se ha contado con medios de ensayo para verificar la estabilidad y seguridad estructural” del propio edificio, denuncian.

Cabe recordar que los familiares de una usuaria de la Residencia Nueva Aurora de Lucena denunciaron ante el Defensor estos hechos en 2017. Señalaban entonces aspectos del cuidado, la seguridad y la inadecuada atención que recibía en la residencia, además del estado en que se encontraba el edificio de este centro privado concertado al que habían derivado a su familiar desde el hospital Infanta Margarita de Cabra. Los hechos fueron puestos en conocimiento también de un concejal del Ayuntamiento de Lucena.