Personal de lengua de signos y apoyo escolar denuncia la privatización de estos servicios educativos

Una treintena de trabajadores de lengua de signos y de apoyo escolar se ha concentrado este lunes ante la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba para mostrar su rechazo ante el proyecto de Decreto en el que está trabajando el Gobierno andaluz y que afectará, afirman, a estos servicios, a quienes lo desempeñan y a los menores.

La denuncia principal de estos trabajadores pasa por la concepción de “complementario” con la que este proyecto de Decreto ha considerado a los servicios de lengua de signos y de apoyo escolar, una catalogación que permite la contratación de personal por parte de empresas privadas. No ocurre lo mismo con los servicios considerados esenciales, como la docencia, que son ejercidos por personal de la administración pública.

Según ha explicado el presidente del comité de empresa, Alfonso Redondo, el proyecto de Decreto no puede ir en contra de lo establecido en la Ley de Educación de Andalucía de 2007, donde se establecieron cuáles eran servicios complementarios, como el comedor, el aula matinal o las actividades extraescolares. Los servicios de apoyo y asistencia para el alumnado con necesidades educativas especiales por parte de profesional técnico de integración social (PTIS) y de interpretación de lenguaje de signos (ILSE) no forman parte de esas prestaciones complementarias. A pesar de ello, esta asistencia lleva “años” siendo externalizada: en la provincia de Córdoba, de las 195 personas que realizan funciones de PTIS, 129 lo hacen contratadas por empresas privadas y 66, por la Junta. Mientras tanto, las 19 ILSE (el 100%) provienen de empresas privadas.

A ello se suma, explica Redondo, el agravamiento “de la situación de precariedad  y temporalidad de las mujeres trabajadoras andaluzas” debido a la feminización de este sector. “Con este Decreto, el gobierno andaluz agranda la brecha de género y empobrece a las mujeres andaluzas”, afirma. En el otro lado de la balanza se encuentran los menores que, en palabras del presidente del comité, también verán agravada su situación ya que mientras el personal contratado por la Junta disfruta de una jornada completa, no ocurre lo mismo con el personal contratado por la empresa privada, “que termina su horario antes de que lo hagan los niños”.

Durante la concentración, los trabajadores también han mostrado su repulsa hacia la “nefasta gestión de las sustituciones del personal que causa baja en sus puestos de trabajo” que está llevando a que centros educativos de la provincia estén faltos de personal desde “el mes de octubre”. Además, han solicitado la cobertura de todas las vacantes que quedan tras las jubilaciones, tras procesos selectivos o por salud laboral. “Al no cubrirse se ocasiona una sobrecarga sobre las plantillas ya diezmadas quedan en los centros”, aseguran estos trabajadores, que desconocen a ciencia cierta la razón de esta situación. “Creemos que puede ser falta de presupuesto o dejadez de la administración”, comentan.

Desde el Consejo Escolar de Andalucía han remitido un escrito a Educación rechazando este proyecto de decreto, aunque todavía no ha sido contestado. No obstante, los servicios jurídicos ya trabajan en un posible recurso cuando el decreto obtenga la aprobación parlamentaria.