Pedro Sánchez y el nuevo Gobierno 'se cuelan' en el Pleno del Ayuntamiento

La Corporación que se sienta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba se mantiene tal y como estaba en la anterior sesión del mes de mayo pero, sin embargo, hasta el Pleno de este martes han llegado los ecos del cambio de Gobierno central que ahora preside Pedro Sánchez, después de desbancar a Mariano Rajoy con una moción de censura que apoyó la mayoría del Congreso de los Diputados. Aún se digiere todo lo que ha pasado, también por parte de los grupos municipales en el Ayuntamiento, y eso se hizo palpable en momentos deL debate en el Salón de Plenos.

La única moción que, de hecho, provocó el debate de los grupos políticos en un Pleno con la mayoría de mociones acordadas por unanimidad, fue la relativa a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una ley que ha controlado al límite las cuentas de los ayuntamientos y que se ha utilizado desde su aprobación como arma arrojadiza de la izquierda contra el Gobierno del PP y, por ende, contra el grupo municipal popular, que la ha defendido siempre como la mayor garantía para estabilizar las cuentas de los ayuntamientos con el envite de la crisis económica.

A cuentas de eso, el PSOE trajo al Pleno una moción para instar al Gobierno a la modificación de la Ley, aunque finalmente fue una enmienda a la totalidad presentada por Ganemos la que se validó para el voto. El escenario político había cambiado en la perspectiva nacional. En el Gobierno ya no está Rajoy sino Pedro Sánchez, y el PP aprovechó para dejarlo patente en varias ocasiones y poner “a prueba” las reivindicaciones de los socialistas cuando ahora es su secretario general quien ocupa el sillón de presidente del Gobierno.

“Una cosa es ver torear y otra saltar al ruedo”, decía gráficamente antes del Pleno el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes. “Antes pedían la derogación de la Ley, ahora con Pedro Sánchez en el Gobierno solo la modificación de aspectos puntuales” decía para añadir que “a ver cómo acaba” (la ley) con la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, frente a Europa. “Esa sabe de números”.

El envite, ya dentro del Salón de Plenos, lo recogió la portavoz del PSOE, Carmen González, que para demostrar que los socialistas mantienen sus reivindicaciones llegó a decir que a Pedro Sánchez no le iban a dar “ni los 100 días” de cortesía para pedir la reforma de esta ley y seguir manteniendo sus reivindicaciones. Reforma de varios aspectos que argumentó en que solo se puede derogar parte de una ley y no su conjunto si no hay lista una ley alternativa que legisle en el mismo ámbito.

De esa manera, el nuevo Gobierno de España salió a relucir en el Salón de Plenos y no solo eso, sino hasta la causa de la moción de censura que acabó con Rajoy. El nombre de Luis Bárcenas y la caja B del Partido Popular fue incluido en el debate por la delegada de Hacienda, Alba Doblas, que intervino en nombre de IU. Y tiró de referencias al dinero B,  a la falta del dinero de los ayuntamientos, al control férreo de la hacienda municipal desde el partido que ostentaba el Gobierno anterior y que en la sentencia de la Gurtel ha sido condenado a título lucrativo por beneficiarse de una trama de corrupción.

La moción que se debatía -sin más visos que hacer patentes las posiciones de cada grupo político-, finalmente salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU, Ganemos, la abstención del PP y los votos negativos de Ciudadanos y Ucor. En ella se insta al Congreso de los Diputados para que el Gobierno proceda a la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española efectuada en 2011, por el que se anteponía el pago de la deuda a los gastos de la administración.

Asimismo, los grupos aprobaron pedir la redacción de una nueva ley que regule las administraciones locales y agilice los trámites para la pronta derogación de la actual y de aquellos artículos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local que afecten a los ayuntamientos.

En el debate en el Pleno antes de la votación, desde los grupos de PSOE, Izquierda Unida y Ganemos se defendió la autonomía de los ayuntamientos para gestionar los recursos como administración más cercana al ciudadano, mientras que el PP defendió la utilidad de la ley que se ha utilizado en estos últimos años tras la peor crisis económica. Pese a ello, los populares se abstuvieron finalmente, aunque la moción ya tenía el acuerdo mayoritario de los grupos de la izquierda.