Nieto dice que ofrecerán espacios como Rey Heredia a colectivos “que cumplan las normas”

El alcalde asegura que el Ayuntamiento se personará en el proceso judicial abierto tras la ocupación cuando vea cómo avanza el asunto judicial

“Hay muchos colectivos con ganas de llevar a cabo iniciativas positivas y, en este momento necesarias, que requieren de espacios”, pero que “tienen la costumbre de cumplir las normas y a esas personas queremos ofrecerles una serie de instalaciones municipales para que puedan de una forma ordenada, dentro de la legalidad, prestar los servicios y se haga en un tiempo breve”. De esta manera contestó el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, a la pregunta concreta sobre qué pensaba de lo que estaba poniendo en marcha la Acampada Dignidad en el antiguo colegio Rey Heredia, ocupado desde hace un mes.

El regidor agregó que en estos momentos los técnicos municipales están trabajando para evaluar qué espacios de la ciudad pueden ser cedidos a los colectivos que cumplan con la legalidad y no a los que a su juicio se saltan la norma y entran en un edificio público y de titularidad municipal sin pedir permiso.

Por otra parte, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento de Córdoba decidirá si se persona o no en el procedimiento judicial abierto tras la ocupación de Rey Heredia en función de cómo vea que avanza la instrucción judicial.

José Luis Rodríguez Lainz, magistrado del juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, ha abierto diligencias por la ocupación del colegio abandonado Rey Heredia -junto a la Calahorra- por colectivos sociales y vecinales. La ocupación del colegio Rey Heredia cumplió esta semana un mes, coincidiendo con la puesta en marcha de un comedor para atender a las familias con menos recursos. El centro también organiza clases particulares impartidas por docentes voluntarios, cuenta con una biblioteca, un programa de talleres y se busca poner en marcha un huerto urbano que abastezca de productos.

La tramitación de la denuncia interpuesta por la Policía Nacional y que ha terminado en los juzgados se encuentra en sus primeros fases. El TSJA confirma que Rodríguez Lainz apenas ha movido el caso, pues está a la espera de que lleguen los atestados de los agentes. La denuncia se produjo en la primera jornada de la ocupación, la tarde del viernes 5 de octubre. Ese día, tras una manifestación contra los recortes de las pensiones, un grupo de personas se concentró frente al colegio, cerrado desde 2011, y abrieron las puertas. A algunos de ellos la policía les ordenó que se identificasen.

Desde entonces, el centro público ha sido remozado, limpiado y puesto en marcha como centro social y nudo de lo que se ha bautizado como la Acampada Dignidad. Y todo, bajo una espada de Damocles municipal que no acaba de caer pero que amenaza, casi desde el primer día, con desalojar a los vecinos y voluntarios del histórico inmueble.