El técnico imputado por el 'caso Infraestructuras' mantiene su cargo en el Ayuntamiento

El técnico de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba que fue imputado el pasado mes de enero por un juez al hallar indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en contratos municipales mantiene actualmente su cargo en el Consistorio.

El funcionario, jefe de la Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios Públicos del área de Infraestructuras, sigue en este puesto tras ser citado como investigado por el juez, según han confirmado a Cordópolis fuentes del gobierno municipal. A finales de enero, el juez titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, asumió el llamado caso Infraestructuras que investiga un presunto fraude en los contratos de este área del Ayuntamiento de la capital y firmó un auto de apertura de diligencias en el que cita como investigados tanto a este funcionario del área como a la excoordinadora de Infraestructuras, que fue cesada en su cargo.

En su momento, el técnico fue apartado de los contratos que forman parte de la investigación, si bien ha seguido supervisando otros contratos y proyectos municipales y ha mantenido su cargo como jefe de la unidad que supervisa los edificios y colegios públicos. Preguntado a este respecto, el gobierno municipal sostiene que se le va a “retirar carga de trabajo” y que no será responsable de ningún proyecto del área en el futuro, según ha confirmado a este periódico el teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez, que está al frente del área tras el cese en estas funciones del anterior responsable, David Dorado.

El técnico de Infraestructuras imputado es también responsable de los contratos sobre las obras de instalaciones eléctricas pendientes en 19 colegios de la ciudad para poder activar la climatización en estos centros, contratos que se acaban de adjudicar y firmar. Álvarez ha avanzado que “se va a cambiar” al técnico responsable de estos contratos, que quedarán a cargo de otro funcionario, como parte de esa descarga de trabajo que se pretende hacer con el técnico investigado.

Remodelación del área prevista

Junto a ello, Álvarez anunció a finales de 2021 que se haría una remodelación del organigrama del área de Infraestructuras, al hacerse cargo de ella, tras el cese de Dorado con el anuncio de imputación del técnico y de la coordinadora del área. La coordinadora fue cesada en noviembre tras el escrito de la Fiscalía sobre los presuntos delitos cometidos por ambos, pero casi tres meses después, el técnico investigado sigue en su puesto. Aparte de eso, está pendiente de tramitación el nombramiento de un nuevo director general y la ocupación de coordinador general, según ha asegurado el teniente de alcalde de Infraestructuras.

Hay que recordar que fue en mayo de 2021 cuando los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba llevaron a Fiscalía una serie de contratos del área municipal de Infraestructuras, sobre los que apuntaban sus sospechas de la comisión de posibles delitos como fraccionamiento de contratos y falsedad documental. Una información reservada de la Asesoría Jurídica municipal sobre estos hechos fue aportada un mes más tarde por el propio gobierno municipal de PP y Cs, donde igualmente se señalaban irregularidades en las adjudicaciones hechas. En noviembre, la Fiscalía, tras varios meses, acordó llevar al juzgado el asunto al ver troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares, entre otras cuestiones, en las adjudicaciones de dichos contratos. Y en enero, el juez que asumió el caso imputó al técnico de Infraestructuras y a la coordinadora por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

Contratos con irregularidades

Los contratos donde se han detectado estas irregularidades superan la veintena, tienen como responsable al técnico de Infraestructuras en cuestión y comprenden trabajos como la realización de estudios energéticos, reparación de cubiertas en colegios y centros cívicos, suministro y colocación de cortinas en La Normal, suministro de vestuario y calzado para personal del Plan Aire, adecuación de instalaciones eléctricas en edificios municipales, adecuación de pistas y bordillos en el Centro de Educación Vial, rehabilitación de la cubierta y otras actuaciones en los mercados de La Corredera, Marrubial, El Naranjo, Sector Sur, impermeabilización de cubiertas en el edificio municipal de Gran Capitán, o el nuevo alumbrado de la avenida de Libia, entre otros.

El juez apunta a “posibles delitos de prevaricación administrativa para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, pese a constar con la existencia de informes desfavorables, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar”.

Igualmente, señala a “falsedad en documento oficial, pendiente de calificación concreta según las resultas de investigación, en cuanto respecta a la firma de certificaciones de obra, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados”.

En su auto, el juez determina como primera diligencia de investigación a practicar la toma de declaración en calidad de investigados de la excoordinadora y el técnico municipal, así como recabarse igualmente los documentos referidos a la solicitud de cambio de responsable de la jefatura de la unidad que se produjo, fechas de vacaciones concedidas al primero de los investigados, información sobre las empresas adjudicatarias de los contratos bajo sospecha y sobre cuáles fueron los criterios de selección de los contratistas en contratos de obra menor, entre otros.