La Intervención dice que el Ayuntamiento de Córdoba incumple el plazo legal de pago a proveedores

El Ayuntamiento de Córdoba cerró el ejercicio 2025 con dos incumplimientos especialmente sensibles para la gestión municipal: el exceso de gasto por encima del límite legal y el retraso generalizado en el pago a proveedores, según el informe de Intervención realizado tras la liquidación del presupuesto.

Uno de los aspectos más enfáticos del informe, al que ha tenido acceso este periódico, es el comportamiento del periodo medio de pago a proveedores. La normativa establece un máximo de 30 días, pero el Ayuntamiento superó ese límite en la mayoría de los meses de 2025, con meses en los que lo rebasó ampliamente, como enero (43,97 días), junio (45,92 días) u Octubre (39,15 días), y manteniéndose por encima del umbral legal también en meses como agosto, septiembre, octubre y noviembre

De hecho, solo en marzo (26,7 días) y diciembre (26,24 días) se cumplió el plazo legal de pago a proveedores, un incumplimiento que, según el informe, implica que no se ha garantizado la sostenibilidad de la deuda comercial, un indicador clave que mide la capacidad de una administración para pagar en tiempo y forma a empresas y proveedores.

El gasto crece por encima del límite permitido

A esta situación se suma el incumplimiento de la regla de gasto, uno de los pilares de la estabilidad presupuestaria, ya que el gasto computable del Ayuntamiento y su sector público creció un 6,66% respecto a 2024, más del doble del límite del 3,2% establecido como referencia para 2025.

Esto supone un incremento de más de 22 millones de euros en términos absolutos y un exceso de 6,2 millones sobre el máximo permitido, incluso después de aplicar los ajustes técnicos exigidos por la normativa, como la exclusión de gastos financiados con fondos europeos o la eliminación de transferencias internas entre entidades municipales.

El informe detalla que este incremento del gasto se produce en un contexto en el que el conjunto del grupo municipal alcanza un volumen de gasto computable superior a los 360 millones de euros, lo que evidencia una expansión del gasto público local por encima de los márgenes fijados por el Estado, incumpliendo así una regla diseñada precisamente para evitar desviaciones que comprometan la estabilidad financiera a medio plazo.

Como consecuencia de este doble incumplimiento, tanto en la regla de gasto como en los plazos de pago, el Ayuntamiento queda obligado a elaborar un plan económico-financiero que deberá aprobarse en el plazo de un mes y que tendrá como objetivo reconducir la situación en el ejercicio en curso y el siguiente, incluyendo medidas concretas de ajuste, previsiones de ingresos y gastos y un calendario detallado de aplicación que permita volver a cumplir con los límites establecidos por la normativa.

En conjunto, los datos del informe dibujan un escenario de presión sobre la gestión económica municipal en 2025, en el que el crecimiento del gasto y los problemas en los pagos conviven con otros indicadores más favorables como el nivel de deuda, pero que obligan a adoptar “medidas correctoras inmediatas”, según Intervención, si se quiere evitar que estos desequilibrios se consoliden en ejercicios futuros y afecten de forma más profunda a la sostenibilidad de las cuentas públicas locales.