El coste de los trabajos de restauración de la Mezquita de Córdoba genera un debate sobre la gestión

Ocurrió en enero de 2015. El año arrancó con una alerta por atentado en la Mezquita-Catedral de Córdoba. En realidad, solo eran unos turistas cataríes despistados que dejaron el coche en una zona prohibida y muy cerca del principal monumento de la ciudad. Aunque fue una falsa alarma, que quedó en un susto considerable, el desalojo y los cortes de calles provocaron que muy rápidamente se reactivara el debate sobre la titularidad de la Mezquita, que un año antes había saltado a los medios cuando trascendió de forma masiva a la opinión pública que el Cabildo la había inmatriculado a su nombre en el año 2006.

Eran los días en los que la Junta batallaba en relativo silencio para que se volviera a usar el nombre Mezquita-Catedral en los folletos informativos y soportes publicitarios, dado que, desde una década antes, se había ido sibilinamente intentando retirar la referencia al templo árabe. Las aguas del debate público estaban revueltas, por tanto, cuando aquellos dos turistas árabes aparcaron por error su coche a unos metros, de hecho, de la zona que salió ardiendo el viernes pasado.

El desalojo fue sonoro. El entonces alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), reconoció que aquel había sido el peor día de su mandato. Y no tanto por el miedo que se vivió, sino porque la polémica sobre la gestión del templo volvió a estar sobre la mesa en un momento que él consideraba reservado a atender la emergencia.

Diez años después, el guion parece repetirse: una incidencia en el monumento —esta vez un grave incendio en las naves de Almanzor— ha vuelto a encender la discusión sobre quién cómo se administra uno de los bienes patrimoniales más importantes de España. Y, sobre todo, sobre quién debe pagar la reparación.

El Cabildo asume el coste, pero no acalla las críticas

Han pasado poco más de 72 horas desde que los bomberos dieran por extinguido el fuego del pasado viernes, pero el Cabildo Catedralicio, responsable de la gestión del monumento, ha querido zanjar cualquier especulación sobre la financiación: será la propia institución eclesiástica, que la semana pasada comunicaba que había ingresado 22 millones de euros en 2024 por las visitas al monumento-, la que se haga cargo del desembolso que supondrá devolver a su estado original la zona afectada por las llamas.

El portavoz, José Juan Jiménez Güeto, ha agradecido las muestras de solidaridad y apoyo de administraciones y entidades privadas, pero ha insistido en que cuentan con un “fondo de contingencia” para cubrir este tipo de incidencias. En declaraciones a Europa Press, subrayaba que se sienten “tremendamente agradecidos” por el ofrecimiento de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien anunció que se aprobaría un plan de intervención de emergencia en las áreas dañadas.

Del Pozo, de hecho, había puesto cifras a la restauración: un millón de euros según la “estimación inicial”. Advertía la consejera de que la cantidad aún es provisional, pero dejaba claro que el Cabildo “no tendrá problema” en afrontar los costes. “La Mezquita es un monumento financieramente muy aseado, con más de dos millones de visitas cada año”, señala la consejera en los micrófonos de Onda Cero, para sorpresa de algunos sectores.

El ofrecimiento inicial

Todo porque el mismo sábado la propia consejera puso a disposición del Cabildo Catedralicio de Córdoba el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) para colaborar en la evaluación de daños y las intervenciones que haya que llevar a cabo para restaurar. Lo hizo después de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, hablara públicamente de una restauración conjunta: “La Mezquita se ha salvado gracias a unos pocos. Ahora ha de ser rehabilitada con la colaboración de todos”, dijo el regidor.

Unas horas después, fue el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el que puso a la institución provincial a disposición del Cabildo para ayudar en las tareas de rehabilitación y restauración que se tengan que acometer para devolver a la normalidad al templo, Patrimonio de la Humanidad. Hubo una respuesta inmediata por parte de las instituciones locales, regionales y provinciales (todas ellas en manos del PP) de aportar lo que hiciera falta para reconstruir el monumento. El Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, no hizo declaraciones, aunque activó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, centrado en la coordinación de actuaciones para garantizar la protección, conservación y recuperación del monumento.

Es decir, de inicio, ninguna voz institucional, ni siquiera el Ministerio de Cultura, se ha manifestado sobre la gestión del monumento, a pesar de los daños y de que, según informó el propio Cabildo, el origen del incendio podría estar en una de sus barredoras eléctricas, en función de recarga en una zona que, aunque histórica, se usaba como almacén.

La oposición exige responsabilidades

Fuera del marco institucional, por supuesto, las críticas no han tardado en calentar el debate sobre la gestión que hace del monumento el Cabildo, cuya titularidad lleva ya más de 15 años siendo objeto de debate. Y, en este sentido, la decisión del Cabildo de financiar en solitario la restauración no ha frenado las críticas políticas. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, fue especialmente contundente en redes sociales este mismo domingo: “¿Por qué tenemos que pagar entre todos una negligencia? Lo deben pagar los responsables. Los ciudadanos no debemos pagar los errores y desaguisados de terceros. ¿No tiene ningún seguro el Cabildo?”.

Hurtado, que nunca ha ocultado su preferencia por que la gestión del templo pase a manos públicas, cuestiona que se destine dinero público a reparar lo que considera responsabilidad exclusiva de la institución eclesiástica. Por su parte, la secretaria general del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido “luz y taquígrafos” para esclarecer lo sucedido, exigiendo transparencia y un relato pormenorizado de todas las actuaciones desde el inicio del incendio.

Ya el lunes, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha hablado abiertamente de “negligencia” por permitir la entrada de materiales eléctricos en un espacio Patrimonio de la Humanidad y ha apostado por revertir la inmatriculación del templo para que pase a manos del Estado.

En la misma línea se ha situado el grupo municipal Hacemos Córdoba, cuyo portavoz Juan Hidalgo, ha dicho que es el momento de abrir una reflexión “profunda” sobre el futuro del monumento. “Este incendio debe hacernos replantear el modelo de gestión de la Mezquita, de forma que se preserve su presente y su futuro mediante una gestión pública coordinada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, a través de un Patronato Público en el que también estén representados el Cabildo y los órganos de participación ciudadana”, ha sugerido.

Veinte años de debate público

La polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral lleva casi 20 años sobrevolando la vida política y cultural de Córdoba. La inmatriculación del templo por parte del Cabildo en 2006 abrió una batalla ideológica y jurídica que sigue movilizando a colectivos ciudadanos y partidos, aunque nunca ha llegado a traducirse en cambios legales sobre la propiedad (y, en este tiempo, ha habido partidos de izquierda tanto en el Ayuntamiento como en la Junta y el Gobierno central).

Para los defensores de la gestión pública, el incendio y sus consecuencias son la enésima prueba de que un bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debe estar protegido y gestionado directamente por instituciones estatales. Para el Cabildo y sus defensores, el actual modelo garantiza la conservación y proyección internacional del monumento, como prueban los datos de visitantes y el estado de conservación general del edificio.

Mientras, las llamas ahora son solo un mal recuerdo y los técnicos comienzan a trabajar en el plan de restauración, a la espera del informe policial que permita -o no- reclamar a la compañía de seguros que se haga cargo del coste de restauración. Hasta ese momento, el debate va a volver a estar sobre la mesa, justo cuando faltan unos meses para que se cumplan dos décadas -el 2 de marzo de 2026- desde que la Diócesis de Córdoba inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad la Mezquita-Catedral.