El Ayuntamiento modifica los plenos y regula un máximo de ocho ruegos y preguntas por concejal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este lunes una modificación en el reglamento orgánico municipal que afecta al desarrollo de los plenos, estableciendo un límite en la cantidad de ruegos y preguntas que cada concejal puede presentar. La medida, que ha sido objeto de debate, busca, según el equipo de gobierno, optimizar la dinámica de los plenos y garantizar respuestas más rigurosas a las cuestiones planteadas por la oposición.

Así, se establece un máximo de un ruego y una pregunta para formular de manera oral en cada pleno por concejal. Adicionalmente, se podrán presentar hasta tres ruegos y tres preguntas por escrito, con la obligación de ser contestadas por el gobierno municipal. Esto suma un total de ocho iniciativas por concejal. En total, el gobierno municipal debe contestar un máximo de 56 preguntas y 56 ruegos.

Una de las novedades más destacadas es la obligación del gobierno municipal de responder a todas las preguntas y ruegos presentados, un aspecto que no estaba regulado específicamente con anterioridad. La secretaría del pleno se encargará de asegurar que las respuestas se trasladen por escrito en un plazo de siete días.

El equipo de gobierno justifica la modificación como un intento de “dar mayor rigor al trabajo de la oposición y del gobierno, evitando que las sesiones se conviertan en extensas listas de preguntas sin respuestas preparadas”, según el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, que sostiene que en ocasiones anteriores, la cantidad de ruegos y preguntas ha superado el centenar, lo que ha dificultado la agilidad de los plenos y la capacidad de respuesta del gobierno.

Por otro lado, se pretende que las comisiones informativas adquieran un mayor protagonismo para tratar cuestiones que no requieran una respuesta inmediata en el pleno, haciendo más eficiente el trabajo del Ayuntamiento.

Debate y justificación

Según el gobierno local, la modificación no limita el derecho a la fiscalización, sino que busca asegurar que las respuestas sean informadas y evitar la improvisación, según Torrico, que señala que esta regulación es común en otros ayuntamientos del entorno, por lo que no es una medida original del Ayuntamiento de Córdoba. El cambio busca que las preguntas orales sean debidamente informadas para evitar dar respuestas improvisadas que no contengan toda la información que la oposición merece.

El reglamento ya ha sido remitido al Consejo Social y al Consejo de Movimiento Ciudadano para su dictamen. Tras recibir el visto bueno, se llevará a pleno para su aprobación inicial, seguido de un período de exposición pública de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones. Se espera que la aprobación definitiva tenga lugar en el pleno ordinario del mes de abril, entrando en vigor en el pleno del mes de mayo.