Una ley para que “los que vienen a beneficiarse de lo público se lo piensen”

Córdoba acoge la segunda de las jornadas sobre el anteproyecto de la Ley de la Transparencia que acaba de aprobar la Junta de Andalucía

Córdoba ha acogido la segunda de las ocho jornadas provinciales que la Junta de Andalucía está celebrando en todas las provincias andaluzas para debatir y dar a conocer el anteproyecto de la Ley de la Transparencia que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno andaluz. En la sede de la Delegación de Cultura, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, explicó ante una sala repleta de público el objetivo de esta nueva norma: “Que aquellos que vienen a beneficiarse de lo público se lo piensen”, dijo. Por su parte, la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, insistió en que “lo público es de todos” y que por eso la gestión de la administración tiene que ser lo más transparente posible.

En su intervención, la consejera se ha mostrado convencida de que esta ley será “una de las más importantes y de mayor trascendencia de esta legislatura”. Según ha apuntado, “llegará al Parlamento antes de final de año y con ella marcaremos un nuevo hito en el camino que siempre hemos recorrido en Andalucía en cuestión de transparencia”.

En este sentido, ha recordado que Andalucía lleva “transitando desde hace tiempo este camino de la transparencia”, lo que le ha permitido “estar a la cabeza de rankings de calificación de organismos internacionales, tanto en el ámbito nacional como internacional”. Díaz ha subrayado que la comunidad “ha ido por delante en muchos debates que hoy son noticia a nivel nacional y que aquí ya no lo son” y ha puesto como ejemplos, “el hacer públicas la declaración de los bienes de los diputados o de los altos cargos” o las facturas informativas del Sistema Andaluz de Salud.

Sin embargo, ha resaltado que “hace falta ir más allá y ser más ambicioso y dar más información respondiendo a una nueva realidad en la que la información fluye con rapidez en las redes y en la que los ciudadanos no tienen necesidad ya de pedir la palabra, sino que la toman y dan su opinión a través de las redes sociales”.

Por este motivo, ha subrayado que la Junta se enfrenta a “un reto” y, por eso, “ha puesto sobre la mesa una ley ambiciosa, valiente y de máximos”. De esta forma, ha resaltado que “hay elementos en la norma andaluza que van más allá de la ley estatal, por ejemplo, el periodo de 20 días para responder a la solicitud de información por parte de los ciudadanos o la obligación de hacer pública las agendas institucionales de todos los Gobiernos, autononómico, municipal y supramunicipal”.

Además, ha señalado que el Gobierno andaluz pretende con la Ley de Transparencia “un cambio en la cultura de la transparencia y una mayor implicación de los ciudadanos en la gestión de esos recursos” que ponga fin “al descrédito de la política y de la gestión pública”.

Por eso, ha defendido una ley “que va dirigida a poder valorar con claridad si los recursos públicos o los privados son mejor administrados, cuáles son más eficientes y eficaces, porque se tendrá la misma información de ellos”. Del mismo modo, ha reseñado que la ley “va a abrir puertas y ventanas, para que aquellos que vienen a aprovecharse de los recursos públicos se lo piensen y los que pretenden corromper a los que están en lo público que también se lo piensen”. “Espero que esta norma sea la mejor vacuna contra la corrupción”, ha apuntado.