La Junta remite a la Fiscalía las denuncias por el caso iDental en materia de consumo y sanidad

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha informado este jueves en el Pleno del Parlamento, que su departamento ha remitido ya varios casos relacionados con la atención sanitaria y el cierre de las clínicas dentales IDental en Andalucía al Ministerio Fiscal. Álvarez ha explicado que la Inspección de Servicios Sanitarios ha recibido y tramitado 112 reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o colegios profesionales, al mismo tiempo que ha realizado un total de 145 actuaciones inspectoras en las seis clínicas con sede en Andalucía.

Así, y en respuesta a una pregunta al respecto del diputado popular Jaime Raynaud, la consejera ha señalado que las actuaciones inspectoras han incluido múltiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con Industria, ayuntamientos y con los colegios profesionales y fruto de las mismas, y concretamente en Sevilla, según ha detallado, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla aquellos casos en los que se desprende que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública.

Asimismo, ha añadido que está en curso un expediente sancionador contra la clínica sevillana donde se han detectado dichas irregularidades.

Del mismo modo, la Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 3.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de IDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año; en 2017, las reclamaciones ascendieron a 985; y en 2016, fueron 168.

Por otra parte, ha informado que desde la Dirección General de Consumo se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones. En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros.

Además, la consejera ha informado que desde los Servicios Provinciales de Consumo se están analizando las reclamaciones recibidas para su remisión a Fiscalía en aquellos casos en los que se detecte que se haya podido producir un delito de estafa. En este sentido, y según ha confirmado Álvarez, ya se han remitido a las Fiscalías de las Audiencias de Sevilla y Córdoba los casos en los que se considera la posible existencia de un delito de estafa. La Fiscalía de Córdoba ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.

La Consejería de Salud “está realizando en el caso de iDental todo el trabajo posible dentro de nuestras competencias tanto de Consumo como sanitarias”, ha explicado Marina Álvarez, quien ha transmitido todo el apoyo del Gobierno andaluz a las personas afectadas, comprometiéndose a seguir trabajando desde la Consejería de Salud para dar la mejor solución a esta situación. Al mismo tiempo, ha asegurado que se ofrecerá toda la respuesta asistencial que puedan requerir las personas afectadas.

Reuniones mantenidas

La consejera de Salud ha enumerado las diversas reuniones mantenidas para buscar la mejor solución a este problema que afecta a miles de personas en España. Así, ha detallado que este martes mantuvo una reunión extraordinaria el Consejo Andaluz de Consumo en Sevilla para analizar las actuaciones desarrolladas y coordinar de la mejor manera posible las próximas medidas necesarias para minimizar las consecuencias de este cierre para los afectados, ayudarlos, asesorarlos y proteger sus derechos como consumidores.

Esta reunión ha contado con la participación de representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado cuyo objetivo es defender los intereses de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, promoviendo la mediación en los conflictos con las empresas. Forman parte de él la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), así como las organizaciones consumidores y usuarios de Andalucía, representadas por Facua y Al Andalus.

También ha afirmado que se están manteniendo reuniones con las entidades financieras y la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (Asnef) para solicitar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que los afectados por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios.

Igualmente, se han mantenido encuentros con la plataforma nacional de afectados Adafi, así como con la Asociación Sevillana Afectados IDental (ASAI), en la que se han recogido las peticiones de las personas afectadas, y se le ha trasladado el apoyo y asesoramiento y el compromiso de la Consejería de Salud en la protección de los derechos de estas personas. Por último, ha recordado que se han celebrado reuniones con el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas para coordinar acciones conjuntas.

Por su parte, Jaime Raynaud señala que “han sido muchas las informaciones avisando de las irregularidades en iDental” y apunta que “hace 14 meses Consumo abrió una investigación por el incremento desmesurado de las quejas”. “Se imaginan si hubieran actuado en tiempo la cantidad de afectados que podrían haberse evitado”, se pregunta, y lamenta que la Junta “ocultara en 2017 una multa de 100.000 euros que se impuso” a esta empresa, un extremo que califica como “muy grave”.

En este sentido, añade que los propios consumidores “hablan de dejación de funciones y posible negligencia por parte de la Dirección Provincial de Inspección”, y critica que Salud “no avisara y no tomara medidas si puede remitir a la Justicia aquello que considera delitos”.

El PP alerta de “auténtica emergencia social”

Así, el diputado popular insta a las autoridades sanitarias a que “adopten medidas, reclamen historiales, arreglen los problemas financieros con los bancos y que se devuelva el dinero perdido”, al tiempo que afirma que “hay pacientes con infecciones temporales que están en una grave situación”, por lo que piden medidas para que “las facultades o colegios de odontólogos intervengan”.

Por último, Raynaud pide al departamento que dirige Marina Álvarez que “controlen en el futuro la proliferación de estas clínicas, que sin pudor hacen publicidad engañosa, con miles de afectados”, y advierte de que se trata de “una auténtica emergencia social”.