El juez rechaza desalojar a la familia que ocupa su casa en el Campo de la Verdad

Lourdes y José Manuel, en la puerta de su casa en la que viven y de la que fueron desahuciados. FOTO: MADERO CUBERO
El magistrado desestima la petición de la inmobiliaria que ha denunciado al matrimonio y que mientras se resuelve el juicio por la ocupación de la vivienda había pedido su desalojo como medida cautelar

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha desestimado la petición de la filial del Banco Santander de desalojar de manera preventiva a la familia que ocupa su propia casa en el Campo de la Verdad después de ser desahuciada. Según ha podido saber este periódico, el magistrado ha decidido que antes de tomar la decisión de volver a desalojar la casa la familia puede seguir ocupándola mientras llega el día del juicio y ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba esta filial, domiciliada en Luxemburgo, del Banco Santander. José Manuel Mengíbar, su mujer Lourdes Castro y sus dos hijos viven en esta casa desde el 24 de octubre de 2012. Unos días antes, habían sido desalojados al no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca.

La causa del desalojo se encuentra en el impago del préstamo de 72.000 euros que la familia pidió en 2005 al banco de Santander para reformar su casa. Solo pudieron hacer frente a los primeros 12.000 euros. Después, llegó la crisis y la depresión económica. Lourdes, de 35 años, perdió su trabajo como cajera en una gran cadena de supermercados. Y su pareja, de 39, que había trabajado toda su vida alternando empleos de peón albañil, camarero, reponedor o repartidor, lleva años en el paro. La familia de cuatro miembros vive de los 426 euros de ayuda que el Estado paga a Lourdes.

Además, la filial del Banco Santander también pide una fianza de 3.000 euros que debe abonar la familia de Lourdes como depósito por los posibles daños que se hayan podido provocar en la vivienda durante la ocupación. Lourdes también se enfrenta a una petición de multa económica. De momento, se le imputa una falta y no un delito. La Fiscalía Provincial pide para ella una sanción de tres euros al día a contar desde el pasado 19 de octubre. La acusación particular, representada por el abogado del banco, eleva la petición de multa a 12 euros al día.

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