El Gobierno pide que se derogue la ordenanza del taxi

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha anunciado al Consistorio la interposición de un contencioso | La medida, impulsada por el anterior gobierno local, incumple los criterios de libre competencia en 14 de sus artículos

Varapalo, y de los gordos, a la ordenanza municipal del taxi aprobada por el anterior gobierno local en Capitulares. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado al Ayuntamiento, vía escrito, su intención de presentar un recurso contencioso administrativo contra la actual normativa del sector, impulsada por la anterior responsable de Movilidad, Ana Tamayo, y que ya en su día contó con el rechazo frontal de empresas del sector, como E-Taxi, y de organizaciones de consumidores como Facua o sindicatos como UGT, a los que el escrito del organismo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, acaba dando la razón en sus quejas.

Según el documento al que ha tenido acceso este medio, la CNMC formula al Ayuntamiento que se proceda a la anulación de catorce de los artículos de la actual normativa, aprobada el 14 de mayo en una de la últimas decisiones del gobierno de José Antonio Nieto, “al considerar que se derivan obstáculos para el mantenimiento de la competencia efectiva del mercado” y añade que la ordenanza cuestionada “no solo no justifica su necesidad, sino que tampoco respeta los principios de proporcionalidad y eficacia, introduciendo mayores cargas a los agentes económicos que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general”.

De esta manera, la CNMC se centra en asuntos concretos de la normativa que ya estuvieron en cuestión por parte de las asociaciones contrarias a la ordenanza. En concreto, el número de licencias, las potestades organizativas de los operadores, la exigencia de mínimos en la calidad y seguridad, la participación de las asociaciones representativas de titulares de licencias y, sobre todo, el régimen tarifario (taxímetros) de los servicios del taxi.

Con respecto al número fijo de licencias, que el anterior gobierno local, fijó en 1,55 por habitante y defendió en función de varios factores como la demanda o las necesidades, el Gobierno indica que esta postura, aunque habitual, es contraria a la fijación de “numerus clausus” al entender que “no deja de ser una restricción a la competencia en tanto que entraña una limitación a la libertad de empresa sobre la base de la planificación”, añadiendo que las consideraciones previstas por la ordenanza son un “requisito prohibido”. La misma “falta de proporcionalidad” se observa en la obligación de que el titular de la licencia sea una persona física o cooperativa que va en contra de la potestad autoorganizativa del empresario y, una vez más, es contraria a la libertad de empresa.

El escrito del Gobierno también se centra en uno de los asuntos más polémicos, la fijación de una tarifa de bajada de bandera para la que “no se aportan datos que justifiquen la necesaria fijación de tarifas frente a la libre fijación de precios” para, de esta manera, fomentar un comportamiento competitivo de los operadores y “los legítimos derechos de los usuarios y consumidores”. Es por ello que, desde el Gobierno, la conclusión está muy clara y así se lo reclaman al Ayuntamiento en su escrito: deben derogarse 14 artículos de la ordenanza municipal.

El escrito, que llegó a Capitulares el pasado 3 de agosto, ya ha sido puesto en conocimiento de las organizaciones y asociaciones afectadas y no se descarta una reunión urgente con los actuales responsables del gobierno local para tomar una decisión al respecto.

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