El gerente de Adif acusado de pedir dinero a cambio de autorizar obras dice que “nunca” lo hizo

El gerente de mantenimiento de Adif en Córdoba en 2007 acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras supuestamente pedir dinero “encubierto” para conceder una autorización de unas obras a una sociedad en un polígono de Andújar (Jaén), ha manifestado este lunes ante el tribunal del jurado que “nunca” ha requerido dinero al empresario, ni representante de la entidad para las obras en cuestión.

Durante el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba, que continuará este martes con declaraciones de testigos, el procesado ha explicado que en un encuentro con el empresario fuera de la oficina le dijo que “se habían devuelto todos los avales de los trámites de autorización que sumaban unos 180.000 euros”, pero ha negado que le dijera que “todo se arreglaría si le entregaba 180.000 euros”.

Además, cuestionado por la carta presentada antes de su declaración en fase de instrucción, por la que se archivó el caso, pero luego se reabrió al considerarse que supuestamente es falsa, el hombre ha aseverado que era “para informar de que se habían devuelto los avales” citados, al tiempo que ha remarcado que “nunca jamás” ha pedido dinero y que le hicieron “una insinuación” como que “si se resolvía pronto” la concesión “sería agradecido”.

Asimismo, ha señalado que “nunca” ha modificado requisitos para alargar el trámite de concesión de cara a autorizar las obras y que desde la sociedad tardaron “hasta un año” en responder a algunos documentos, entre otros aspectos que ha detallado. También, ha apuntado que construyeron “sin autorización” de Adif “generando riesgo” para las vías.

Al respecto, la fiscal del caso ha pedido para él una pena de cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un año de prisión, así como suspensión de empleo o cargo público por tres años, otra multa de 4.320 euros e inhabilitación especial por tiempo de cinco años.

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, una sociedad compró unos terrenos entre 2006 y 2007 en la localidad jiennense, con la intención de construir un polígono industrial y posteriormente venderlo. Fue aprobado por el Ayuntamiento, pero al lindar con unos terrenos de Adif, necesitaba la “autorización para regularización de obras efectuadas en zona de protección del ferrocarril, construcción de cerramiento y cruce subterráneo de tuberías”.

Desde el año 2007 que comienzan a ejecutarse las obras, el cargo de Adif, que era el responsable en la zona, presuntamente comenzó a exigir a la empresa “determinados condicionantes, que conforme se van solucionando, van cambiando, alargándose así en el tiempo de manera innecesaria”, cuando las obras debían haber acabado “mucho antes, con el consiguiente perjuicio para la sociedad”, puesto que no podía vender los terrenos.

Tras prolongarse en el tiempo la obtención de la autorización, el representante legal de la sociedad contactó con el procesado para “intentar solucionar los problemas”, al tiempo que contrató a un detective privado en julio del año 2010, después de que el acusado supuestamente realizó a otra persona “algunas insinuaciones respecto al dinero que se podía ganar, considerando el citado que pudiera tratarse de una petición encubierta de dinero, imprescindible, para obtener la repetida autorización”.

De este modo, tras diversas reuniones y conversaciones entre el procesado y el representante legal, en octubre de 2010, el cargo de Adif “le dijo claramente que todo se arreglaría si le entregaba 180.000 euros” -aunque en otro momento rebajó a 150.000 euros-, si bien la entrevista fue grabada por un auxiliar del detective y posteriormente los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.

Después de la denuncia y el inicio de este procedimiento, al tener conocimiento Adif, el acusado fue removido del cargo de gerente, quedando como jefe técnico de operaciones en Córdoba. Y la autorización para el proyecto fue obtenida en octubre de 2011. Como consecuencia de ello, la sociedad sufrió unos perjuicios que han sido cuantificados en más de 2,8 millones de euros.

Una carta para “dar verosimilitud”

Asimismo, en la fase de instrucción, el procesado hizo referencia al envío de una carta en noviembre de 2010 a la sociedad, en la que se le requería que aportase unos avales para la concesión de la autorización solicitada de 30.000 y 112.000 euros, cuyas cantidades “no eran en absoluto necesarias, ni se exigían habitualmente en las autorizaciones”, según expone el fiscal.

El Ministerio Público apunta que la carta tenía la finalidad de “intentar obtener cobertura por la actuación delictiva”, a lo que añade que “con la intención de dar verosimilitud a la actuación, dicha carta fue elaborada con el membrete de Adif y firmada por el acusado”, en la que además dio “un número de registro de salida evidentemente duplicado y manipuló el registro informático de Adif”.

Por su parte, la acusación particular ha subrayado que el empresario hizo la inversión para la citada obra porque era “la operación de su vida”, al tiempo que ha advertido de que “después de cuatro años” desde que se inició el caso “en cuatro meses se concedió la autorización. A juicio del abogado, ”el acusado no fue controlado en el ejercicio de su autoridad“ por Adif, que ”no lo despidió hasta 2015 y lo despidió mal“, de modo que ”lo han tenido que readmitir“, según el letrado, entre otros aspectos que ha citado.

La defensa

Entretanto, desde la defensa, que solicita la absolución para el varón, ha recordado que el caso se archivó después de presentar Adif un informe, a la vez que ha manifestado que el procedimiento siguió “la absoluta” regularidad y “en ningún momento pidió dinero” su cliente. Además, ha apuntado a las situaciones de “especulación” de terrenos en aquellas fechas.

Y el abogado que representa a Adif, ante la posible responsabilidad civil en este caso, ha mantenido que “no existe perjuicio” y ha pedido “desterrar la idea que hay un pacto entre instituciones” en cuanto al otorgamiento de autorización, al tiempo que ha enfatizado que “las obras se empezaron sin permiso de Adif”, que denunció a la empresa. También, ha apostillado que es “el primer juicio con jurado” que recuerde en el que ha estado personada su entidad.