Un fiscal cordobés investigará si ha habido fraude en la subida de la luz

El fiscal cordobés Fernando Santos Urbaneja será el encargado de investigar la denuncia presentada por Izquierda Unida en la que plantaba la existencia de un proceso fraudulento por parte de las eléctricas en las últimas subidas del recibo de la luz.

El caso fue denunciado ante la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ha reconocido en un auto “la afectación general de los hechos denunciados en toda Andalucía”. Esta, a su vez, ha elevado el asunto a la Fiscalía Superior de Andalucía. Esta fiscalía ha ordenado remitir la investigación al fiscal coordinador autonómico en materia civil de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, recientemente nombrado y que ejerce en Córdoba.

Según consta en el escrito de la Fiscalía General de Andalucía, Santos Urbaneja también investigará si existen, en algunas zonas de Andalucía, infraestructuras eléctricas “deficitarias” que impiden a los ciudadanos acceder a la luz en condiciones adecuadas y de forma continuada.

El pasado 20 de enero, la Fiscalía Superior de Sevilla recibió un escrito firmado por un colectivo de alcaldes, diputados y cargos públicos de IU, siendo los primeros firmantes el coordinador regional, Antonio Maíllo, y el líder federal, Alberto Garzón.

Santos Urbaneja es un fiscal especialmente especializado en asuntos de consumo. Desde Córdoba inició una investigación contra otro supuesto fraude, en este caso de Gas Natural, que logró ganar y que benefició a más de 250.000 personas en España, tal y como reconoció en esta entrevista publicada en Cordópolis.

¿CÓMO SERÁ LA INVESTIGACIÓN?

A través de una nota de prensa, la Fiscalía Provincial de Córdoba ha anunciado cómo será el proceso de su investigación:

1.- Conocer el funcionamiento del sistema de fijación del precio de la luz.

2.- Conocer las razones que han motivado la severa subida de la luz en reciente periodo de altísima demanda (enero 2017)

3.- Determinar si entre ellas se encuentra alguna conducta que pudiera ser contraria a la normativa protectora de los derechos e intereses de los consumidores y susceptible de ser calificada de “abusiva” conforme a lo dispuesto en nuestra legislación interna, especialmente a lo dispuesto en el Título II del Libro II del Real Decreto Legislativa 1/2007 de 16 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

4.- Determinar si, en su caso, la normativa aplicada, pudiera ser contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores.

En este sentido, la Fiscalía cordobesa solicitará a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de la Secretaría de Estado de Energía – Subdirección General de Energía Eléctrica que informe sobre los siguientes extremos:

1.- Descripción del sistema de fijación del precio de la luz (parte regulada // parte liberalizada)

2.- identificación de las Compañías que intervienen en el proceso.

3.- Factores que intervienen en el proceso y su influencia en la fijación del precio de la luz.

4.- Normativa aplicada.

5.- Posibles sistemas alternativos o modificaciones tendentes a salvaguardar los intereses de los consumidores, especialmente de los más vulnerables por razón de edad y recursos económicos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba recibió el escrito para iniciar esta investigación el pasado 27 de enero.