El ERTE en Pérez Giménez se prorroga 45 días más

Los trabajadores siguen pendiente de que se compruebe y valide la transferencia de un millón de euros en concepto de aval que exige el juez para permitir la adquisición del laboratorio

Los Laboratorio Pérez Giménez van a prorogar el Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) otros 45 días, después de que el plazo de vencimiento expirase el dos de marzo sin que se haya resuelto todavía la compra de la firma farmacéutica cordobesa. La decisión la han adoptado los administradores concursales y el juez de lo mercantil, que siguen pendientes de que la única empresa interesada en hacerse con la firma del calmante vitaminado ingrese el millón de euros que el magistrado exige como aval económico para la operación.

El ERTE va a afectar a 120 trabajadores que llevan años viviendo con incertidumbre el día a día de una empresa que ha venido sobreviviendo gracias al esfuerzo de la plantilla. Si finalmente se presenta el aval, el siguiente paso será articular el procedimiento de adquisición de la fábrica por Globalaeronautics SL. La firma granadina fue la única que pujó por Pérez Giménez, comprometiéndose a cumplir las exigencias mínimas establecidas por el juez: pagar 11 millones de euros y quedarse con al menos 40 trabajadores de la plantilla.

Si el Banco de España avala la transferencia económica, procedente de capital estadounidense, se tendrá que ir concretando quiénes van a ser los 40 trabajadores que se quedarán en la fábrica y qué funciones y cargos tendrán. Con esta operación también se pretenda saldar las deudas que arrastra la empresa con los empleados, que mantienen abierta la fábrica gracias a su único esfuerzo. “Por eso queremos ser especialmente exquisitos con ellos”, dijo hace tres semanas el administrador concursal Francisco Estepa. En todo caso, dijo, es pronto para saber cuándo podrían empezar a cobrar. “Todo va vinculado a que se complete toda la operación”, señaló. Actualmente hay más de 151 trabajadores en plantilla, 120 de ellos están inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo y se les adeuda, en general, una veintena de nóminas.

Los trabajadores tienen dudas y siempre se han mostrado prudentes y atentos a la operación de venta. Su primera preocupación es si se abona el aval de un millón de euros o no y si pueden reunir los 11 millones de euros que han pujado. “Habrá que ver si verdaderamente tienen buenos propósitos con nuestra empresa y hace más contrataciones de estas cuarenta mínimas a las que están obligados”, señaló un portavoz de CTA.