La Diputación cesa al trabajador imputado por la jueza Alaya

Agentes de la Guardia Civil, en la Diputación la pasada semana | MADERO CUBERO
El acusado, que declaró el jueves tras ser citado por la magistrada, ocupaba la jefatura de sección de Conservación de Carreteras de la institución provincial

La Diputación de Córdoba ha cesado en el cargo que ostentaba en la institución provincial el funcionario del servicio de Carreteras que ha sido imputado por la jueza de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la operación Enredadera, desarrollada la pasada semana por la Guardia Civil para desmantelar una trama de funcionarios corruptos que alteraban contratos públicos.

De hecho, el pasado 13 de noviembre, dos días después de que la operación Enredadera sacudiese a la institución provincial, donde agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron para reclamar documentación, la diputada provincial y delegada de Recursos Humanos, Pilar Gracia, firmó el cese de este funcionario como jefe de sección de Conservación de Carreteras de la institución provincial. Ahora, el funcionario ha sido adscrito y de manera provisional al Servicio Provincial de Ingeniería Civil “en funciones propias de su categoría profesional”, según consta en el decreto, al que ha tenido acceso este periódico.

Esta persona habría sido señalada desde el primer momento de la investigación por figurar su firma en varias de las certificaciones de obras con las que se les daba validez a los trabajos adjudicados a Fitonovo (la empresa sevillana en la que se centra toda la trama) en las carreteras dependientes de la Diputación Provincial. Según ha podido saber este medio, nada más destaparse la trama de corrupción, el ahora imputado comunicó a sus compañeros que tenía que declarar ante el juzgado de Mercedes Alaya y que, incluso, solicitó documentación de los contratos suscritos con la empresa que está siendo investigada.

Con éste ya son seis los imputados por la operación Enredadera en Córdoba. De ellos el caso más destacado es el de un responsable de ADIF en Córdoba, Enrique José Finch Ramos, detenido el pasado lunes, que habría cobrado más de un millón de euros en ‘mordidas’ por parte de Fitonovo y para el que el pasado jueves se decretó su ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 250.000 euros (la mayor de todas las impuestas hasta el momento). El resto de detenidos del pasado lunes, otro técnico de ADIF y tres empresarios, habrían quedado en libertad con cargos tras declarar en los juzgados sevillanos. Córdoba es la segunda provincia, por detrás de Sevilla, en número de implicados en esta macrocausa con ramificaciones en varias provincias españolas.

La operación Enredadera es la continuación de la investigación de la juez Alaya sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño. Del informe realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas que iban desde dinero a vehículos.

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