El Defensor admite una denuncia para retirar la Cruz de los Caídos de Aguilar de la Frontera

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite una queja remitida por el Grupo de Trabajo Recuperando la Historia de la Memoria Social de Andalucía (Rmhsa) del sindicato CGT-A, “ante la inacción institucional por parte del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera gobernado por Izquierda Unida, para que efectúen de inmediato la retirada de la cruz franquista que sorprendentemente todavía se encuentra ubicada en un espacio público de la localidad”, señala el sindicato en una nota.

“No se entiende, que un Ayuntamiento gobernado con mayoría absoluta por Izquierda Unida siga mirando para otro lado ante tal anomalía democrática. No se comprende, que este mismo partido político, que a lo ancho de todo el territorio nacional siempre se ha destacado en la lucha anti simbología franquista, no haya eliminado aún este símbolo fascista. Al igual que no se asimila como los de Garzón en Aguilar de la Frontera, tampoco hayan retirado la medalla que la ciudad de Aguilar que se le concedió a Franco en los años sesenta, ni tampoco hayan hecho nada por sustituir la denominación de tres calles en el pueblo que aun lamentablemente, llevan el nombre de tres alcaldes aguilarenses franquistas en la localidad”, explica el sindicato.

Sobre ello, entienden que los símbolos públicos “deben ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Por lo tanto, no es de recibo que esta construcción franquista con forma de cruz pueda seguir estando eternizando la memoria del bando golpista, ni tiene ningún sentido que pueda continuar levantado en un espacio de dominio público, siendo un agravio a la dignidad de las víctimas del franquismo, que aún en día muchos de ellos permanecen en cunetas y en fosas comunes tras la terrible represión contra la ciudadanía y sus libertades, en las que en la propia localidad aguilarense se contabiliza con más de doscientos asesinatos”.

Por ello,se dirigen a Carmen Flores, alcaldesa de IU en Aguilar de la Frontera, para que “no se le puede ni debe olvidar, que la democratización de los espacios públicos es de imperativo moral y legal, y es por lo que exigimos que proceda a la retirada de este elemento netamente fascista, radicalmente contrario a la libertad, a la democracia y a las leyes por las que nos regimos”, concluyen.