El Consultivo tumba la decisión de Urbanismo de rescindir el contrato de obra de la Normal de Magisterio

Edificio de la antigua Normal de Magisterio | ÁLEX GALLEGOS

Las obras comenzaron en 2010, deberían haber estado acabadas en 2015 y todo indica que 2019 volverá a ser otro año en el que los vecinos del Sector Sur no puedan disfrutar del enorme equipamiento público construido en el antiguo edificio de la Normal de Magisterio. Este 5 de junio, el Ayuntamiento ha vuelto a recibir un varapalo sobre la ejecución de una obra que se ha eternizado y que ahora podría desembocar en una dura pugna en los tribunales e incluso en una indemnización cuantiosa a la constructora que ejecutó la última parte de los trabajos.

El 5 de junio, el Ayuntamiento de Córdoba recibió el informe del Consejo Consultivo, que tumba la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de rescindir el contrato de obras de reforma de la Normal de Magisterio. La Gerencia entendía que la constructora no había acabado la obra. La constructora aseguraba que sí. Y tras el expediente de rescisión de la obra, informe técnico mediante, el caso acabó en el Consejo Consultivo de Andalucía, que ha tumbado la decisión municipal.

Ahora se abre un periodo de incertidumbre. Esta decisión fue tomada por el gobierno anterior y el nuevo tiene que determinar qué hace. Aunque las cartas están boca arriba tras la decisión del Consultivo: volver a negociar con la constructora y anular la rescisión del contrato. A cambio, probablemente, el Consistorio tendrá que desembolsar más dinero para dar por terminada una obra eterna.

El informe del Consultivo detalla las quejas del Ayuntamiento. Así, el director técnico de las obras firmó el 14 de diciembre de 2018 un informe que señalaba ocho órdenes que no habían sido atendidas, seis obras defectuosas, siete trabajos sin ejecutar y varios certificados sin entregar.

Así, denunciaba la falta de puertas cortafuegos de la planta primera, una estructura auxiliar para mamparas en cantos de forjado, la falta de instalación eléctrica en los almacenes de planta sótano bajo las escaleras, el aislamiento de las salas de policía y control, ausencia de revestimientos o pavimentos. También defectos en las puertas en salas de grabación, las ventanas en salas de grabación, el cableado para la conexión del grupo electrógeno, las mamparas de vidrio, las carpinterías exteriores y el muro cortina.

Pendiente de ejecutar estarían las lamas en fachada suroeste, los rótulos de emergencia en techo, la terminación de barandilla de vidrio, la terminación de bandejas de Tramex para protección de huecos de instalaciones, la terminación con recubrimiento de tapas de las cajas de tomas de corrientes empotradas en suelos, la instalación de barras de apoyo en aseos adaptados de las plantas 3ª a 7ª y la terminación de las conexiones necesarias para la nueva puesta en funcionamiento del cuadro de alumbrado público

Por su parte, el contratista entiende que las obras se encuentran en estado de ser recibidas. “Lo cierto es que las obras ejecutadas se encuentran en buen estado desde mayo de 2017”. La empresa se queja que desde entonces nunca ha sido convocada al acto de recepción. “Además, no podemos dejar de señalar que el retraso en la recepción de las obras genera unos daños y perjuicios que esta parte no debe soportar”, denuncia.

La constructora también argumenta que la Gerencia solicitó obras que “no estaban previstas en el contrato, ni en el proyecto original, ni en el proyecto modificado” y que se opuso a ello. “En diciembre de 2017, la GMU cambió de parecer y desistió de su pretensión de ejecución de partidas nuevas”, asegura la empresa, que dice que “aún disconforme con que la ejecución de esos repasos impidiera la recepción de las obras, en enero de 2018 se finalizaron dichos repasos”. “En todo caso, insistimos, en ningún caso dichos repasos tenían entidad suficiente para impedir la recepción de las obras, pero fueron ejecutados por esta parte de buena fe con la esperanza de que la GMU cumpliera con su obligación y, finalmente, recepcionara las obras”, argumenta.

“Dado que la GMU seguía sin recepcionar las obras, el 26 de abril de 2018, se volvió a insistir en que las obras se encontraban en estado de ser recepcionadas”, por lo que la empresa reclamó “la certificación final por un importe de 2.086.727,94 euros -IVA no incluido- y los intereses de demora correspondientes desde el 8 de agosto de 2017”. Según la constructora, la Gerencia no contestó y decidió rescindir el contrato.

Ante ello, el Consultivo critica que la Gerencia nunca contestara a los requerimientos de la empresa. Así, afirma que “la manera de proceder de la GMU es de todo punto inadmisible porque ni ha resuelto la solicitud de recepción de las obras ni tampoco ha comunicado que las obras sigan sin estar en estado de ser recibidas”. “Es más, de conformidad con la cláusula 19 PCAP (y 235.2 TRLCSP), se debía haber levantado un acta en la que se dejara constancia (i) de que las obras no se hallaban en condiciones de ser recibidas; (ii) de los defectos detectados, (ii) de las instrucciones precisas y; (iii) del plazo para corregirlos. Sin embargo, esta acta no ha sido levantada”, critican.

“A la vista de los informes emitidos, las obras que restan por realizar no pueden ser calificados sino como una mera mala terminación de la obra, susceptible de ser subsanada y que, desde luego, no es merecedora de ser calificada como grave ni, mucho menos, como sustancial”, insisten desde el Consultivo. “En suma, no concurre la causa de resolución contractual invocada por el Ayuntamiento de Córdoba”, zanjan.

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